Asueto sí o no. Salir a la calle o no hacerlo. Salutación o lucha. Paz o reclamo. Estas fueron algunas de las consignas que dirimieron ayer, miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la actitud entre quienes abrazaron la jornada para expresar su voz y quienes aún esperan un cambio de brazos cruzados.
Eran las nueve de la mañana y las banderas y pancartas ya cruzaban de punta a punta las veredas de Salta y 9 de Julio y caían sobre la calle en dirección a la Plaza. A su derecha, envuelta de los colores celeste y blanco, y los simbólicos verde y morado, llegaba otra columna.
«Salario digno, pase a planta permanente», rezaban las banderas de las asociaciones gremiales; «no se celebra, se lucha; el Estado es responsable, la deuda es con nosotras», las de los colectivos de género y partidos de izquierda.
Las formas que adopta la violencia contra la mujer trabajadora eran repasados por las dirigentes al frente de numerosos grupos que confluyeron frente a la Iglesia de la Merced, y luego giraron hacia la Jefatura, el Ministerio de Gobierno, de nuevo hacia el Palacio de Hacienda.
Las proclamas eran las mismas que las ensayadas junto a la práctica del trabajo en las unidades textiles, de saneamiento ambiental y de cultivos comunitarios de las villas populares organizadas por asambleas barriales.
A ellas se sumaban las de las estatales con contratos móviles, las de las estudiantes universitarias, y las de los colectivos de género diverso en reclamo de mayor reconocimiento al trabajo de la mujer, a su capacidad y a su identidad.
Ya lo habían anticipado. Los sindicatos habían visto en este, para muchas de ellas el primer día de lucha del año, el momento más importante del primer trimestre para avanzar en el ya casi eterno desafío por acordar la distancia que las separa de la igualdad, según la ONU, calculada en trescientos años.
Hacia ellas llegaron para anunciar los paros que este jueves 9, se despliegan entre las bases docentes movilizadas contra la deducción de impuesto a las ganancias de sus salarios y un mínimo garantizado que supere el acuerdo nacional o los ciento treinta mil pesos.
Paridad en cargos públicos, en puestos de decisión, en listas con «representaciones salibles» no «figuradas» y trato digno, también fueron reclamados a la par de un imprescindible «basta de femicidios».
Las estadísticas de muerte, que, aunque en Corrientes se mantiene controlada en 0,2 por ciento cada cien mil mujeres, ha dejado expuestos casos aberrantes o impunes como los de Irina López, Sandra Silguero, Cynthia Sánchez y Rocío Ávalos, con escasa o nula respuesta, también fueron moneda corriente en el discurso de las dirigentes.
De principio a fin, la marcha reivindicó el proyecto de Ley de Emergencia Ni Una Menos, que en la jornada fue presentado por tercera vez en el Congreso Nacional con el objetivo de declarar la Emergencia en Violencia de Género en la Argentina.
El mismo exige al órgano parlamentario abrir sus puertas la gravedad del contexto que viven las mujeres, que arrojan de 2015 al 2022 1.808 víctimas, y en lo que va del año 39 asesinatos por odio de género.
La propuesta, que fue elevada por el colectivo Mumala con el respaldo de más de 150 mil firmas, habilita con carácter de urgencia la asignación presupuestaria necesaria para implementar medidas, su monitoreo y evaluación y surgen de la experiencia feminista de acompañamiento a mujeres, disidencias y sus familiares en situación de violencia de género.
El expediente fue introducido por tercera vez desde 2018, con un nuevo mensaje al presidente Alberto Fernández: escuchar el reclamo de las organizaciones y «a avanzar con políticas de urgencia que eviten que la violencia machista se siga cobrando vidas», realidad que entre las provincias se refleja con tasas más altas en los primeros dos meses del año, en Formosa, Neuquén, San Luis, Salta y Río Negro.
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