El constitucionalista, diputado provincial mandato cumplido, Armando Aquino Britos, reflexionó consultado por EL LIBERTADOR, sobre el impacto y los alcances de la controvertida medida implementada por el Ministerio de Transporte de la Nación que propone que los ciudadanos pagar una «tarifa plena» abandonando el beneficio que permiten los subsidios al transporte financiados a través de impuestos.
El letrado se sumó a las voces críticas que consideran que la forma en la que se ha presentado esta opción no es adecuada, calificándola «una extorsión institucional» y «chantaje», por plantease a decisión de los votantes, sin siquiera proporcionar información sobre cómo se utilizarán los fondos adicionales que serían recaudados.
Así se desarrolló parte de la conversación.
Desde esta semana, se plantea al ciudadano pagar una «tarifa plena», es decir, pagar un boleto más caro, pagar de su bolsillo el subsidio que ya pagó abonando impuestos. Hasta el momento, ningún usuario ha adherido a este mecanismo, sólo unos cuantos en Buenos Aires lo han hecho, sin embargo, la forma en la que se ha plantado el mecanismo no parece correcto ¿Qué opina?
-Mi estimado, no hay nada que opinar sobre esto porque es una verdadera «chantada». Por supuesto que están los ciudadanos conscientes de que hay subsidio para el transporte porque también es una manera de evitar demasiados desequilibrios que tienen que ver con los desaguisados económicos de distintas naturalezas que terminaron en la hiperinflación o casi hiperinflación. Esto es una expresión de verdadero acto casi electoral de mostrarle a la ciudadanía cuánto le están subsidiando en materia de transporte y lo que podrían perder los ciudadanos si estos subsidios directamente se los saca. Por eso dice que es optativo. Y en realidad es ponerle al ciudadano en la encrucijada. Me votas a mí para mantener estos subsidios o si viene cualquiera de los otros dos contendientes o tres te los puede sacar. La verdad es que parece un verdadero chantaje o extorsión institucional.
DUDAS SOBRE LA
DIRECCIÓN DE LOS
FONDOS PRODUCTO
DE LA RECAUDACIÓN
A pesar de que el mecanismo ya fue aprobado por la cartera nacional, y divulgado masivamente en boca del propio titular del área, el ministro Diego Giuliano, no se ha dicho una sola palabra sobre qué dirección adoptarán los fondos fruto de la recaudación extra que se plantea en el pago de la «tarifa plena».
-El acto es demasiado precario, falto de consistencia para lo que merece un acto estatal, que tiene que tener un propósito, una finalidad, entre otros elementos, son diáfanos, y que, en este caso, no aparecen. En esta oportunidad aparecen, sí, de manifiesto, una suerte de, diría, manifestaciones que intentan extorsionar al ciudadano, porque nadie voluntariamente dejara a su voluntad pagar, al menos en esta parte del país, por algo que a través de un subsidio ya se ha pagado.
Así las cosas, el mecanismo se asemeja más a una provocación hacia el usuario que estaría, como votante, estaría pensando en dar respaldo a las opciones electorales que bregan por recortes de presupuesto, una incitación a que pague por el precio de sus ideas.
-Es preciso que los ciudadanos sepan que el Estado paga a las firmas prestatarias con otro tipo de subsidios y bonificaciones a las empresas para que mantengan un pasaje a bajo costo, y me parece que esto no se compadece con la transparencia y la calidad que tiene que ver con el diseño de un mecanismo constitucional que permita hacer una defensa del usuario y del consumidor.
¿Qué recomienda al ciudadano de Corrientes, del Norte argentino, que ve estas medidas con desconcierto?
-En definitiva, en este sentido, todos somos usuarios de un servicio que está subsidiado, y eso es así porque los transportistas requieren de estos subsidios para compensar sus gastos, y estos fondos son entregados regularmente por el Estado, y, en este caso, tampoco se dice en ningún lugar qué se va a hacer con el dinero resultante de este anuncio, ni si se va a sacar el subsidio a la empresa por el boleto que paga tarifa plena, o si también recibirá el fondo público.
«Esto deja un mensaje
pésimo a la sociedad»
El constitucionalista pidió a los ciudadanos observar atentamente que el Estado ha sido concebido para velar por la integridad de sus derechos, e instó a quienes hayan sido alcanzados por este llamado a no dejarse llevar por las «extorsiones» de tinte «electoral».
¿Cree que el usuario, en general, podrá discernir que esta convocatoria es, en sí, dado el contexto económico, una invitación que se ponga la soga al cuello?
-Hay que prestar atención que el pago de subsidios no dejar de ser un acto emblemático de cómo el Estado tiene un lado visible, que está protegiendo al bolsillo del consumidor, obviando el costo de los servicios y dejando ver que estos servicios son públicos y que por esa razón reciben subsidios. En definitiva, el mecanismo elegido por el Ministerio de Transporte de la Nación es de muy mala calidad, y deja un mensaje pésimo a la sociedad, porque se parece más a un acto de propaganda política, en la que sugestivamente están diciendo al ciudadano «mirá lo que te damos», e, indirectamente, «mirá lo que otros candidatos no te están por dar en caso de que sean electos». En otras palabras, lo único que están haciendo, con esto, es señalar al votante lo que pueden sacarles y lo que, graciosamente, les están dando. No veo fundamentos de otra naturaleza.
En primera persona
"Es un deber recordar a la ciudadanía que este tipo de propuestas se deben a un llamado de audiencia pública, como mínimo, y que sólo de este modo es meritorio que se hagan propuestas de esta naturaleza. Este anuncio no llama, en ningún momento, a una audiencia pública, o a alguna instancia de tales características".
"Está claro que este tema abre, nuevamente, el debate sobre el trato desigual, discriminatorio, desde el Gobierno central hacia Corrientes, y hacia el resto de las provincias argentinas, que no se compadece con las características que tiene que tener el federalismo, y menos aún con las características que tienen que tener los órganos que hacen al desempeño federal, el Gobierno nacional, provincial y los municipios".
Las decisiones gubernamentales "tienen que tener armonía en la ejecución de las políticas públicas para beneficiar al pueblo, porque si hay conflictos entre el Gobierno federal, el provincial y el municipal el que paga por las diferencias de naturaleza política es el hombre común, y en esta zona, la diferencia que se ha zanjado con la gente que vive en el Gran Buenos Aires es muy notoria".
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