Marta Legarreta, jueza de Familia, Niñez y Adolescencia de la 4ª Circunscripción Judicial, reflexionó, entrevistada por EL LIBERTADOR, sobre los desafíos que enfrenta el abordaje de la violencia de género.
La magistrada, instructora del Programa Justicia y Sociedad Civil que el Poder Judicial ejecuta en el marco de la Ley Micaela, remarcó que la igualdad formal de las leyes «no es suficiente». Se debe juzgar «promoviendo la igualdad y removiendo obstáculos», expresó.
Así se desarrolló el diálogo.
Muchas gracias por acceder a esta entrevista. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la lucha contra la violencia de género?
-La violencia de género es todo tipo de discriminación, distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por las mujeres de los derechos humanos o libertades fundamentales en las esferas: política, económica, social, cultural, civil y cualquier otro ámbito. Las más frecuentes son las psíquicas, físicas, económicas y sexuales, en un mismo caso pueden presentarse varios tipos de violencia. La más común es la psíquica. Hoy, se cuenta con un marco normativo considerado suficiente, sin embargo, la igualdad formal de las leyes no es suficiente y es necesario, desde el ámbito de la Justicia, juzgar con perspectiva de género promoviendo la igualdad y removiendo obstáculos.
¿Cómo evalúa la efectividad de las leyes existentes en la protección de las víctimas?
-La efectividad de las medidas de protección se debe evaluar en cada caso en concreto y estar acompañada de otras medidas por parte del Poder Ejecutivo, sobre todo donde convergen varios tipos de violencia como la económica, en ese sentido hay programas de la Administración Nacional de la Seguridad Social de ayuda a las víctimas de violencia, también la realización de tratamiento psicológico con la frecuencia necesaria y menos tolerancia del sistema Penal ante los incumplimientos de las medidas de restricción perimetral, etcétera.
¿Qué avances legales considera necesarios?
-Las medidas de sensibilización y prevención deben producirse fundamentalmente en el ámbito educativo y en la publicidad, donde deben darse a conocer tanto los derechos de las mujeres en general como los derechos de las víctimas. Para corregir, sin lugar a duda, la educación es la medida más eficaz a largo plazo, porque es la única que produce cambios de conducta que pueden erradicar la discriminación. El acceso a la justicia está garantizado en todas las circunscripciones de la provincia, no así el patrocinio gratuito que prevé la Ley a cargo del Poder Ejecutivo, debiendo recurrirse al Defensor Público del Poder Judicial.
EL ENFOQUE ESTRUCTURAL ES EL SISTEMA PATRIARCAL
¿Cuál es su opinión sobre la aplicación de medidas de protección a las víctimas, como las órdenes de alejamiento, y su eficacia en la práctica?
-Muchas veces es necesario el dictado de la medida y se complementa con la aplicación del celular «vecino seguro», lo que le permite a la víctima que la Policía se constituya inmediatamente en el lugar. En la Capital correntina, se cuenta con refugios para las víctimas que en el Interior no hay, pero los hogares de niños y adolescentes colaboran. Desde un enfoque estructural de la problemática, teniendo en cuenta que la reproducción y su sostenimiento encuentra sus raíces en el sistema patriarcal y en los roles, prácticas, valores, costumbres y tareas que la sociedad imprime en base a este sistema, y no a la naturaleza, formas distintas a cada uno de los sexos, y que son roles que legitiman la violencia, ya que son los que definen la actitud y la conducta de las personas, me refiero a que por una cuestión reproductiva se asignan tareas de cuidado a largo plazo de los hijos y el grupo familiar, relegando a la mujer al ámbito doméstico y al hombre, al público, lo que reproduce estereotipos, y, entre millones de situaciones que podrían darse, destaco la violencia económica, que es una de la peores formas de sumisión en relación con los alimentos para los hijos menores de edad y el cuidado también de estos. En hogares monoparentales, la madre trabaja y pone el cien por ciento, y también cuida de los hijos y, muchas veces, no recibe de parte de los progenitores el dinero necesario, y esa sobrecarga de tareas hace que descuiden su salud, entre otras cosas, y la gran mayoría de las mujeres está sumida en ello, por esta prerrogativa que beneficia al género masculino. Los progenitores cuidan a los hijos pocas veces por semana o los fines de semana, cuando pueden, y esto ocurre en la mayoría de los casos, por eso creo que debería promoverse, a través de la educación, que ambos asuman la misma corresponsabilidad parental, en pos de esto se ha cambiado hasta la terminología usada a «cuidado compartido» para fomentar el cuidado por parte de los progenitores.
¿Cómo abordar la relación entre la libertad individual y las medidas de protección en casos de violencia de género?
-Primero que es un costo que la Ley está dispuesta a pagar y segundo, no veo porqué se vería restringida la libertad individual no permitiendo que una persona se acerque a otra, salvo que lo que quiera el supuesto agresor cuestionando la medida sea acercarse sin perjuicio de que estas medidas no pueden eternizarse en el tiempo.
La educación y el respeto a los DD HH
¿Cómo se aborda la problemática de la revictimización?
-Las dobles declaraciones, la superposición de intervenciones, actualmente los cuerpos forenses de psicólogos, asistentes y médicos del Poder Judicial están atentos para enviar los mismos informes a la Justicia Penal y la Civil, evitando la revictimización. En este punto, se debe tener presente que la víctima puede ir acompañada de una persona de su confianza.
¿Cuál es su perspectiva sobre la relación entre la cultura y la legislación en esta lucha?
-Insisto que es en la educación, basada en el respeto de los derechos humanos.
Digitalización: a fortalecer los controles
¿Cómo considera que las redes sociales y la tecnología han influido en la dinámica de la violencia de género y en su tratamiento legal?
-La violencia se ha visto incrementada en este sentido casi en un 90 por ciento, en personas de entre 18 y 32 años y también le sirve al agresor para controlar a las víctimas a través de estos medios, chantajearlas sobre todo a mujeres jóvenes, facilita al agresor acción a distancia y la propagación rápida. Debería existir, a nivel del Poder Ejecutivo nacional, un órgano de control que monitoree y detecte cuando se produce este tipo de violencia en redes sociales y denuncie ante la autoridad competente.
¿Cuál es el papel de la Justicia restaurativa en estos casos?
-Prefiero juicios justos con sanciones, sino parece que salen los hombres violentos de juicios penales con una exhortación a «portarse bien»y «hacer tratamiento». Si bien nada garantiza que el cumplimiento de una condena penal pueda lograr que el hombre violento cuando salga no vuelva a delinquir, el derecho penal sella; y es que durante años el derecho penal ha sido un gran encubridor de hechos de violencia, como en el caso del estupro y el femicidio de cara a lo que antes era la emoción violenta. Y, por eso, lo que se le reclama al derecho penal es el fin de la impunidad, como dije, si bien atraviesa todas las ramas del derecho, en el derecho penal se sella. El 79 por ciento de las mujeres son asesinadas por sus parejas. Por otro lado, esto tiene que ver con la información que reciben las víctimas, si la víctima quiere el restablecimiento del orden normativo, porque la ley ha sido violada, porque quiere que «pague por lo que le hizo», entonces busca una justicia penal, si en cambio quiere reparar el conflicto y no solamente restablecer el orden normativo la justicia es la familiar; el operador del derecho debe tener una escucha activa con las víctimas para hacer efectiva la tutela, no pueden tratarse los casos como universalidades dado que cada caso es diferente.
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