Una iniciativa de ley introducida a la Cámara baja de la Provincia por el diputado Ariel Báez, a través de la bancada del partido Ciudadanos Comprometidos, solicita adherir la Provincia a los parámetros vertidos por la norma que regula procedimientos médico-asistenciales para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal Ley N° 27.733.
El objetivo de la ley, cita el legislador entre sus fundamentos, es el de garantizar procedimientos y establecer criterios médicos para la atención de casos de muerte perinatal, entendiendo como muerte perinatal a la que ocurre entre la semana 22 de gestación y hasta una semana posterior al nacimiento del bebé.
«La ley garantiza que quienes atraviesan esta situación reciban atención profesional integral, técnica y humanizada, que acompañe en el proceso de duelo», indica el Diputado provincial.
«El caso de Johanna Piferrer y la muerte de su hijo Ciro es emblemático porque visibilizó la violencia obstétrica que atraviesan las personas gestantes en el sistema de salud y puso en agenda una problemática como es la muerte perinatal», destaca Báez, y remarca: «El caso de Johanna fue el primero de muerte perinatal que pudo ser judicializado y puso en evidencia la violencia que sufren las mujeres y personas gestantes en la sala de parto».
MÁS INVERSIÓN
La experiencia de una muerte prenatal durante el embarazo o el parto es una tragedia que, actualmente, no se aborda de manera suficiente en las agendas, las políticas ni los programas financiados a nivel mundial. Tiene consecuencias psicológicas para las mujeres y sus familias, como la depresión materna, así como repercusiones económicas; además, puede considerarse un tema tabú y provocar estigmatización.
Para revertirlo, en 2014, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó el Plan de Acción para Todos los Recién Nacidos, y estableció la meta mundial de que, de aquí a 2030, todos los países lleguen a una cifra de 12 mortinatos o menos por 1.000 nacimientos totales. Para 2019, 128 países, la mayoría de ellos de ingresos altos y medianos altos, habían alcanzado este objetivo, pero todavía hay muchos que no lo han hecho.
Atento a ello, el proyecto ingresado a la Cámara subraya que, según las primeras estimaciones conjuntas de mortalidad fetal publicadas por Unicef, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Grupo Banco Mundial y la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, cerca de dos millones de bebés nacen muertos cada año, uno cada 16 segundos.
De acuerdo a ese informe, la inmensa mayoría de las muertes fetales, un 84 por ciento, se producen en los países de ingresos bajos y medios bajos, la mayoría a causa de la precaria calidad de la atención durante el embarazo y el parto, por lo cual, el principal obstáculo es la falta de inversiones en servicios de atención prenatal y durante el parto, así como en el refuerzo del personal de enfermería y obstetricia.
El estudio aclara que la mortalidad fetal no es sólo un problema de los países pobres, remarca que afecta a los entornos tanto de bajos como de altos ingresos, y destaca que las tasas son más elevadas en las zonas rurales que en las zonas urbanas, advirtiendo que, no obstante, el nivel socioeconómico también se asocia a una mayor incidencia.
Respeto, empatía e intimidad
La norma establece que las mujeres y personas gestantes que atraviesen una muerte perinatal deberán tener los siguientes derechos:
-A recibir información sobre las distintas intervenciones médicas de manera que puedan optar libremente cuando existieren diferentes alternativas.
-Al tratamiento con respeto, de modo individual y personalizado que le garantice la intimidad durante todo el proceso y tenga en consideración sus pautas culturales.
-A tomar contacto con el cuerpo sin vida, teniendo la opción de hacerlo acompañados/as por un/a psicólogo/a.
-A decidir el destino final del cuerpo sin vida siempre que no haya oposición formal, válida y legal.
-A designar un/a acompañante en cualquier momento del proceso. Deberá ser respetada la decisión de no ser acompañada.
-A tomar conocimiento fehaciente de las causas que originaron el deceso, en cuyo caso, podrán solicitar la realización de la autopsia o estudio anátomo patológico del cuerpo.
-A ser internada en un servicio que no corresponda con el propio de maternidad.
-A recibir información sobre lactancia y métodos de inhibición de la misma.
-A recibir tratamientos médicos y psicológicos post internación a fin de reducir la prevalencia de trastornos derivados de duelos crónicos y el debido seguimiento de los mismos. A no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación, salvo consentimiento manifestado por escrito.
-A que se confeccione el acta de defunción con el nombre y el apellido, en lugar de las siglas NN.
Mejorar el servicio de salud en la etapa prenatal
Los estudios vinculados a esta problemática advierten que la mayoría de las muertes prenatales son prevenibles con una atención sanitaria de calidad durante el embarazo y el parto.
Entre las causas principales de muerte prenatal, se incluyen las complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto, el embarazo prolongado, las infecciones maternas como el paludismo, la sífilis y el VIH, las afecciones maternas como la hipertensión y la diabetes, y la restricción del crecimiento fetal (cuando un feto no puede alcanzar su potencial de crecimiento y, por lo tanto, su tamaño es menor de lo que debería ser).
Las anomalías congénitas provocan menos del 10 por ciento de las muertes prenatales notificadas a nivel nacional en los países de ingresos altos y se desconoce la proporción exacta en entornos de bajos ingresos debido a los diagnósticos limitados. Los factores relacionados con la edad de la madre y el tabaquismo también pueden aumentar el riesgo de enfermedad materna y muerte prenatal.
Las muertes prenatales se pueden prevenir mediante la planificación familiar para evitar embarazos no deseados, buena salud y nutrición antes del embarazo y durante el mismo, y la atención respetuosa y de calidad durante el embarazo y el parto, en particular personal sanitario especializado adecuado, incluido personal de partería.
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