La ministra de Turismo, Alejandra Eliciri y el director de Recursos Naturales, Agustín Portela recibieron ayer a referentes de cazadores deportivos que solicitaron una audiencia para manifestar sus inquietudes luego de la Disposición N° 1.305.
Resulta oportuno recordar que el pasado 28 de noviembre, se rubricó la medida que amplió la caza deportiva sobre las especies de ciervos axis, antílope negro y chancho salvaje.
A la vez, se dispuso que se permitirá «la caza y transporte de dos ejemplares machos y un ejemplar hembra de ciervo axis por cazador, con licencia vigente de caza y jornada de caza, debiendo tramitarse los respectivos precintos para cada ejemplar».
Lo resuelto enfatiza en que «todos los integrantes de la comitiva o contingente deberán contar con la respectiva licencia y estar autorizado en el permiso digital de ingreso al establecimiento o coto de caza».
Se aclaró además que «se deberá solicitar la autorización de ingreso al coto de caza con fines comerciales que será extendida por la Dirección de Recursos Naturales».
CONDICIONES
Sobre los requerimientos establecidos en la normativa fue que se expresaron los referentes que se reunieron con Eliciri y Portela.
Uno de ellos, Roberto Méndez, habló con LT25 Radio Guaraní de Curuzú Cuatiá para destacar la predisposición de los funcionarios y la oportunidad que tuvieron.
«La caza es como la pesca, una fábrica de hacer amigos. Estamos en contacto en todo el país y comenzamos a movilizarnos. El reclamo llegó hasta las autoridades, que nos convocaron. Fueron muy cordiales», remarcó.
Los que practican la actividad «se sintieron perjudicados. Se van a cazar a campos de amigos que les autorizan el ingreso sin fines de lucro, pero después de la decisión del Gobierno, se complicó todo, por lo que desde todo el país comenzaron a movilizarse», indicó.
Explicó que el encuentro de ayer se logró luego de un «pedido de audiencia de los cazadores autoconvocados de la provincia, que nuclea a más de 3 mil personas. En el que se pudo plantear un reclamo sobre la última disposición que entró en vigencia. Se solicitó flexibilizar el acceso a la actividad y que no sea tan estricto obtener el permiso».
Méndez destacó que «se trató de llegar a un acuerdo, planeando en conjunto. Se habló sobre la posibilidad de una reforma de la ley provincial de caza. Nos dijeron que armáramos un proyecto y se lo presentáramos a Portela. Los funcionarios se comprometieron a analizar la viabilidad del petitorio».
PROPUESTAS
La comitiva pudo plantear varias aristas latentes desde la perspectiva de quienes practican la cacería. De esta manera, expusieron las complicaciones que surgen de la disposición. Una de ellas, tiene que ver con que «los campos privados que quieran autorizar a los cazadores deberán inscribirse. Pero se dio una serie de requisitos muy difíciles de cumplir. Nuestra sugerencia fue que no sea necesario cumplimentar la totalidad de las condiciones», comentó Méndez.
También se planteó la posibilidad de que el titular del terreno, además de probar la propiedad con documentos, «dé la geolocalización de los cazadores para que las autoridades, a través las herramientas disponibles, tengan conocimiento al instante de dónde se encontrarán». A la vez, mocionaron que con una declaración jurada que haga el propietario, detallando qué actividad se practicará y quiénes estarán sirva para obtener un permiso digital de la Dirección de Recursos Naturales.
«Así como está, se torna muy difícil de cumplir para los dueños de los campos. En cambio, si se realizan las modificaciones sugeridas, será todo más sencillo», resaltó Roberto Méndez.
Maniobras irregulares e intereses
Las voces de quienes practican la cacería deportiva se hicieron notar en las redes sociales para exponer una situación que se agrava en la zona Centro Sur de Corrientes. Allí, aseguran que hay terratenientes que lograron establecer cotos de caza con menos de 150 hectáreas. «Esos reúnen a los cazadores y se los llevan a otros campos. Muchas veces entran a cazar sin el consentimiento de los dueños. Arreglan con los peones, con los puesteros», señaló un vecino de una pequeña localidad sureña. «Una problemática que se generó luego de la resolución provincial sobre la caza que sólo favorece a los cotos y deja afuera a los que van a lo de sus amigos a disfrutar de una actividad apasionante», agregó para lanzar que «está el poder político en el medio, porque muchos tienen interpósitas a personas en sus campos establecidos como terrenos de cacería con fines de lucro».
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