El subsecretario de Infraestructura Escolar, Emilio Brear precisó a EL LIBERTADOR que el Ministerio de Economía de la Nación, al cierre del balance de la gestión de Sergio Massa, dejará a Corrientes una deuda en infraestructura educativa calculada en 1.500 millones de pesos, y otros 14 mil millones en compromisos de obras pendientes, los cuales, de no ser asumidos por el gobierno de Javier Milei, será objeto de una demanda judicial. El funcionario dijo que se trata de fondos que, por diversas razones, no fueron girados a la Provincia, pese a que ya han sido aprobados por el Ministerio de Educación de la Nación.
La charla con el funcionario se dio de la siguiente manera:
Subsecretario Breard ¿qué pasó con los fondos de Educación?
-Sí. Nos referimos a compromisos de obras asumidos. Hay que aclarar esto. Cuando hablamos de compromisos de obras nos referimos a que hay acuerdos que ya han sido firmados, a licitaciones que ya se han hecho, y que están a la espera de la ejecución de los fondos para avanzar. Otro tema son las deudas. En el caso del gobierno saliente, la gestión de Sergio Massa deja a Corrientes una deuda de aproximadamente mil quinientos millones de pesos, es decir, de fondos que no se giraron, pese a que las transferencias ya habían sido aprobadas. Y, por otro lado, deja compromisos de obras sin avanzar por más de catorce mil millones de pesos, es decir, de proyectos que ya han sido aprobados, pero que no avanzan porque el Ministerio de Economía no autoriza la erogación de los fondos.
Entre todos ellos, se encuentra la escuela de Vías Navegables ¿Es así?
-Sí, pero en ese caso, tenemos la suerte de que, pese a que también se han estado girando con mucha demora, aún tienen financiamiento. Esto es así porque hay financiamientos específicos, que forman parte de fondos específicos, como en el caso de la escuela portuaria, de Vías Navegables, correspondiente al desarrollo que permite el Instituto Nacional de Educación Tecnológica -Inet-. Este es un fondo separado, que financia el Estado nacional, y que tiene su ley específica. Esa obra, se encuentra en el marco de esa ley. Y hay dos más, una de ellas, por ejemplo, la que se desarrolla en la Escuela Rivadavia. En esas obras, los fondos siguen cobrándose normalmente. Es decir, todavía tenemos fondos para seguir construyendo.
Esos fondos, ¿podrían correr riesgo de ser cancelados?
-Sí, como todos, pero es mucho más difícil que suceda. Lo explico: al ser fondos que son dirigidos a tales fines por ley, el Gobierno tiene que modificar la ley para que, luego, esa sea posible. Es decir, está supeditado a un cambio en la norma, y para eso, la voluntad política del Gobierno debe ir en esa dirección, no basta con que sólo dejen de girarse los fondos desde el Ejecutivo nacional.
El problema está en el Tesoro
Señaló días atrás que corren riesgo 59 obras.
-Sí. Corren riesgo entre cincuenta y cuatro y cincuenta y nueve obras, aproximadamente. El hecho es que el grueso del problema se encuentra en las obras que son financiadas por el Tesoro de la Nación. Estas son obras muy necesarias, obras de las que dependen desde un playón deportivo hasta una escuela técnica. Son todas obras aprobadas por el Ministerio de Educación de la Nación.
Existen escuelas técnicas en riesgo.
-Hay muchas obras en esa condición. El Gobierno de la nación saliente nos deja con muchos compromisos incumplidos. Son obras necesarias, que ya han sido aprobadas, y que están demoradas. En total tenemos cuatro obras de escuelas técnicas en espera. Me refiero a obras que ni siquiera cobraron el anticipo, que ya debía pagarse en el mes de septiembre. Y obras que fueron licitadas en 2022, que están atrasadas. Imagínense, que ha pasado un año, y que nada de todo esto ha avanzado.
No habría despidos
Laboralmente, ¿cuál es el impacto de este escenario?
-En total nosotros sabemos que existen dos mil personas vinculadas a las obras, es decir, no van a ser afectados todos quienes están en este plano vinculados a las obras que forman parte de estos compromisos, pero sí es un numero importante. Y sobre esto tenemos que remarcar que no es posible que la Provincia asuma estos compromisos, porque legalmente no está habilitada para hacerlo, lo tiene que hacer el Estado nacional. Nosotros estamos reclamando eso, que se cumpla lo que está firmado, o, de otro modo, vamos a ir por vía judicial.
Se habla de 700 obreros que quedarían desvinculados.
-Hay un cálculo que dio la Cámara sobre estas obras, en específico, sobre la cantidad de personas involucradas en cada una de ellas, pero sobre esa información hay que aclarar que no se trata de despidos, sino de suspensiones, y que cuando se suspende, se lo hace sin despedir, es decir, los obreros quedan supeditados a las obras, a cuando la obra reinicie; es un mecanismo que utilizan las empresas y que estimamos que también se aplicará en este caso.
Corrientes ya vivió un ajuste
Desde el punto de vista de la gestión ¿dónde se encuentra el problema?
-En el gabinete de Sergio Massa. Lo remarco. Corrientes tiene muy buena relación con el Ministerio de Educación de la Nación, logramos vehiculizar proyectos, y aprobar obras que son muy necesarias para que la educación se desarrolle en la Provincia, pero cuando llegan a la oficia del ministro Sergio Massa no se aprueban. Siempre ocurre lo mismo.
Con el cambio de autoridades, ¿hay esperanza de que las obras avancen?
-En lo político, sí. Esperamos que las autoridades cambien para plantear estas necesidades de nuevo. Podemos acordar diferentes sistemas de pago, como, por ejemplo, el fondo fiduciario. No queremos que las obras se corten. Veremos qué tienen para plantearnos. Nosotros sabemos cuál es la situación, pero consideramos que Corrientes ya hizo el ajuste que tenía que hacer. Corrientes tiene una provincia, en lo económico, muy ordenada, y ha sido discriminada, por mucho tiempo. Todo eso es, en sí, un ajuste. Aunque, tampoco descartamos tener que acatar la ley pareja, si hubiera otro modo.
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