El diputado nacional de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón destacó, entrevistado por EL LIBERTADOR, el procedimiento en curso para la aprobación de las iniciativas legislativas que impulsa el presidente de la Nación, Javier Milei para reformar el Estado.
Destacó el respaldo de los legisladores radicales por Corrientes a la presidencia, y la consecuencia del Jefe de Estado con sus propias propuestas, apuntando a un consenso en el tratamiento parlamentario.
Por otra parte, rechazó la noción de «superpoderes» subrayando que el presidente Javier Milei, opera siempre dentro de la Constitución, y enfatizó que sus proyectos siguen todos los requerimientos legales para el caso.
El diálogo se dio de la siguiente manera:
Diputado, los proyectos ya se han enviado. ¿Qué lectura hace de cómo se han recibido?
-Para entender los efectos de la ley y del decreto hay que comprender las facultades de la Constitución nacional. El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) históricamente tuvo una discusión doctrinaria y en la Corte, y se dieron en situaciones extraordinarias en momentos muy puntuales del país. Uno de ellos fue la conversión del plan Austral, donde a través de un decreto ley se cambió todo el sistema monetario del país. A partir de ahí, estuvo la discusión de que no hubo reglamentación y había discordancia sobre su constitucionalidad. Así hasta la reforma del 94, que se incorpora y se pone punto final a este procedimiento. Ahora se discute el decreto con diez días hábiles; la comisión tiene que emitir un dictamen, que no puede tocar el fondo de la cuestión, que no puede. Sólo la necesidad y la urgencia.
Sí, en ese sentido, las comisiones emiten una opinión.
-Sí. Incluso conformada la comisión bicameral, una vez que se eleve y salga el dictamen a favor, la Cámara de Diputados tiene que tratarlo, y si resulta a favor automáticamente el decreto queda firme porque con la aprobación de una sola de las cámaras se da por aprobado, y de la misma manera, si la Cámara de Diputados lo rechaza y aprueba el Senado, también queda aprobado. La única forma de que se rechace, es que ambas cámaras rechacen. Esto tiene una implicación de primera instancia, de la Ley Nº 26.122 que es la que vino a reglamentar, que fue otro problema, la modificación, que de alguna manera, puso punto final a la constitucionalidad. Todo artículo de estas iniciativas es constitucional, es una facultad constitucional. En ese sentido, lo que se discutió siempre fue la aplicación del reglamento que utilizaban los plazos que tiene la comisión bicameral. Se reglamentó en el año 2006, y hoy estamos en esa situación, concretamente a partir de mañana entra en plena vigencia el decreto y otro tema importante es que el artículo no puede ser modificado en partes como una ley.
O se rechaza o se crea del todo.
-En todo esto estará la discusión de la bicameral, seguramente la semana que viene, con posterioridad al Año Nuevo, esa semana va a ser muy activa en la conformación de comisiones y se va a fijar la fecha de la primera sesión extraordinaria que va a tratar los temas de la ley ómnibus. La gente no entiende. Por ahí piensa en inconstitucionalidad. Pero el decreto no puede ser inconstitucional. No toca cuestiones electorales. La ley ómnibus sí, modificación del sistema de votación, la boleta única y el proyecto de creación del sistema nominal que reduce el número de legisladores. Eso no tiene que ver con el DNU, no tiene proyecto de modificaciones tributarias, ni electorales, ni sanciones penales. No hay normas penales. Ya la evaluación acerca de una norma jurídica constitucional quedará en manos del congreso y de mi parte va a tener un acompañamiento sumamente positivo, y en el resto de los bloques hay un buen ánimo para dar curso en el tratamiento.
Garantizar gobierno
Los legisladores radicales por Corrientes adelantaron que colaborarán con la presidencia.
-Ellos están acompañando y lo han manifestado en varias oportunidades, tengo certezas de eso, pero eso se ve en el día de la votación. Hoy la Corte Suprema pronunció que dará tratamiento al decreto. Creo que confío en los resortes constitucionales. Es una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo. Está poniendo en marcha una situación de necesidad y urgencia y amerita la inmediatez por una inflación del 2.000 por ciento y los índices de pobreza sobre un 50 por ciento, que más necesidad y más urgencia, en los que dejaron el país, que no encontraron las soluciones que el país necesitaba. Este es un Gobierno que aplicará políticas de shock, no gradualista. Hace muy poquito hubo elecciones, y el Presidente ha sido consecuente con las propuestas.
¿Qué opina del debate que se ha abierto en torno a la delegación de poderes?
-Hablar de superpoderes suena a la suma del poder público, un poco peligroso para instalarlo y ponerlo en la opinión pública porque el Presidente se maneja dentro de la Constitución nacional y tratar de pensar en situaciones en las que hay que escapar de los debidos controles parlamentarios, el proyecto va a transitar el parlamento. Nosotros somos más de treinta y el resto está dispuesto a acompañar al Presidente de la Nación, y creo que, en ese sentido, se está construyendo más consenso. Es un concepto peligroso, el que se utiliza a veces, estamos aplicando la Constitución y siendo responsables en la Constitución y todos los resortes están en las normativas. Me preocupa por ahí que algunos conceptos pueden ser malentendidos. Todos tenemos que tener responsabilidad.
Sistema político fortalecido
¿Cuál es su opinión personal acerca de este proceso político?
-El antecedente es el cambio más drástico del plan Austral, con esas normas y normas muy puntuales que cambiaron el sistema monetario, y eso no tuvo mucha discusión, las cuasi monedas o el bonex fueron cuestiones extraordinarias. El manejo y la responsabilidad legislativa debe abocarse de manera inmediata a cosas que son necesarias por, justamente, su carácter de urgencia y como son necesarias y urgentes también son y necesitan inmediatez. Con respecto a la voluminosidad, los legisladores saben que tienen distintas maneras de tratar, el Congreso tiene más de 64 comisiones sin contar con las bicamerales, que abordan todo tipo de temáticas, estos temas. Por lo cual cada comisión cuenta con la capacidad técnica en cada una para elaborar, y ver las mejores posturas y soluciones.
Algunos legisladores criticaron la extensión del decreto.
-Creo que más de seiscientos setenta y cuatro artículos de la ley ómnibus tienes un compendio más amplio, toca todas las aristas del derecho. Lo más enriquecedor está en la variedad, de tratar de cada tema, lo enriquecedor es lo amplio del proyecto. Quizás una de las cosas que más interés despierta desde lo técnico y lo jurídico son las formas, la manera procesan en la que se van midiendo los tiempos en función de la necesidad, de tener normas eficientes para salir de la crisis inflacionaria.
¿Cree que el sistema político saldrá fortalecido de este proceso o puede hablarse de crisis política?
-La crisis que hay que superar es la que tienen los ciudadanos día a día, la política encuentra resultados de lo que la sociedad demanda. Me parece a mí que en este momento hay que apuntar a cómo salimos de cómo nos convertimos en un país donde aquel que invierte tenga la seguridad de que va a poder generar puestos de trabajo sustentables, donde se generen riquezas, donde nuestras exportaciones sean mayores, donde tengamos equilibrio fiscal, donde encontremos alternativas y precio de reducir el sacrificio que hacen todos los sectores, como el productor, el emprendedor, creo que hay que apuntar a fortalecer el Estado desde aquellos que son generadores de riqueza. Después veremos en otra instancia las provincias, necesidades sociales que tiene el país. Mejorar el sector educativo, que apunte el país a ser el que soñaron nuestros abuelos.
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