El Gobierno nacional apelará en las próximas horas el fallo de la Cámara del Trabajo que suspende el capítulo laboral del DNU del presidente Javier Milei. La presentación ya está siendo elaborada por la Procuración del Tesoro, a cargo de Rodolfo Barra.
Los abogados del Estado apelarán la medida cautelar y pedirán que la causa se siga tramitando en el fuero Contencioso Administrativo Federal, tal como dictaminó el fiscal general Juan Manuel Domínguez.
“El fallo contradice todos los fallos dictados hasta ahora en el país. El fiscal (Dominguez) y un juez del mismo tribunal en minoría dijeron lo contrario”, dijo a este medio una fuente del Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona.
En realidad se trata de la camarista Dora González, que opinó que el caso debía pasar a la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Pero quedó en minoría antes los jueces José Alejandro Sudera y Andrea García Vior, que hicieron lugar a la medida cautelar pedida por la CGT.
“Es un hecho público y notorio que el de los trabajadores es un sector socialmente vulnerable y que se encuentran en juego derechos de naturaleza alimentaria -per se o por sus derivaciones-, no tengo dudas de que se encuentran configuradas las circunstancias graves y objetivamente impostergables que justifican el dictado de una medida cautelar suspendiendo la aplicabilidad de lo dispuesto en el Titulo IV TRABAJO del Decreto de Necesidad y Urgencia n.° 70/23 hasta tanto recaiga sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo ventilada en estos actuados (arg. art. 5° segundo párrafo de la ley 26854)”, dice el fallo firmado por la mayoría.
En su voto, Sudera afirmó que “aún en la hipótesis” de que el fuero laboral no fuera el competente, la ley 26.854 establece que tribunales incompetentes pueden dictar medidas cautelares contra el Estado Nacional sólo cuando “se trate de sectores socialmente vulnerables”.
La semana pasada, la CGT había reclamado ante el fuero laboral que se dicte una medida cautelar para impedir la entrada en vigencia del DNU, pero el juez José Ignacio Ramonet rechazó dictar una precautelar. Sin embargo, se declaró competente para intervenir en el reclamo de la CGT.
En paralelo, la Procuración del Tesoro pidió la habilitación de feria y que la causa pase al fuero Contencioso Administrativo Federal, donde tramita un amparo colectivo contra el DNU. “Resulta imperioso que el Estado Nacional ejerza debidamente y con plenitud su derecho de defensa en juicio, a fin de resguardar en lo inmediato los intereses públicos que se tutelan”, dice esa presentación. Y agrega: “Se corre riesgo que se suspendan las políticas públicas trazadas por el Poder Ejecutivo Nacional”.
La Cámara Laboral habilitó finalmente la feria para tratar la presentación de la CGT y le corrió vista al fiscal general, Juan Manuel Domínguez, quien dictaminó que el conflicto lo debe resolver la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Sin embargo, dos de los jueces de la Sala de Feria decidieron suspender el capítulo laboral del DNU 70/2023.
Los jueces que votaron por la mayoría, José Alejandro Sudera y Andrea García Vior, integran la Cámara Laboral desde mediados de 2021, cuando el Senado aprobó un total de 33 pliegos de jueces y fiscales propuestos por el Poder Ejecutivo. Ambos fue elegidos para la Sala II, que en ese momento tenía tres vacantes.
Sudera fue juez de primera instancia durante quince años y pertenece a la lista Bordó, que conduce actualmente la Asociación de Magistrados. En 2010, cuando era titular del juzgado 56, fue candidato para integrar el Consejo de la Magistratura.
En cambio, García Vior se había desempeñado en varios cargos de la Cámara del Trabajo y fue jueza de primera instancia antes de ser designada camarista.
Su carrera comenzó en 1987, en la Sala II, luego tuvo un breve paso por un juzgado de primera instancia, y terminó siendo secretaria de esa misma Sala durante diez años. En 2014 ganó un concurso y regresó como jueza de primera instancia, según ella misma contó en su audiencia pública para ser camarista.
FUENTE: INFOBAE