Se pondrá en marcha el proceso de audiencias públicas para aplicar un nuevo cuadro tarifario desde abril; desde junio se indexará todos los meses con una fórmula que integra la inflación y los salarios
De acuerdo con lo que informó La Nación, se busca que en abril ya esté vigente el nuevo precio que se cobrará al subir una barrera: los conductores argentinos pasarán de los actuales $300 a $900, mientras que los camiones de mayor porte, que actualmente pagan $1500 tendrán que disponer de $6000 para continuar el viaje.
“Lo que sucedió es que por estas horas, la empresa estatal Corredores Viales, que la titular de las rutas que fueron concesionadas y luego, revertidas al Estado, le pidió a Vialidad Nacional que inicie el proceso para llamar a audiencia pública y disponer la actualización del cuadro tarifario. Como se dijo, los valores actuales se multiplicarán por tres”, informan.
Además, en la discusión tarifaria que se inicia se colocará una fórmula de actualización para modificar mensualmente se refleje en el precio de los peajes. A partir de junio, la indexación tendrá una fórmula copiada a la que se decidió para la electricidad, con un índice que tomará en cuenta a los salarios y la inflación.
Informaron que los nuevos peajes se aplicarán a todos los corredores viales que alguna vez, durante el gobierno de Mauricio Macri, fueron concesionados mediante el sistema de Participación Público Privado (PPP), rescindidos por la administración de Alberto Fernández. se trata de 10 corredores troncales, donde está incluida la autopista Ezeiza Cañuelas, cuya concesión era de Cristóbal López y que fue rescindida por el entonces ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.
Por otro lado, anticipan que por ahora, no habrá privatización para las rutas con peaje. La razón es sencilla: no hay negocio como para atraer al capital privado. El mandato de la nueva gestión es intentar equilibrar los números. En realidad, lograr que los gastos corrientes se paguen con los ingresos de los peajes.
El análisis indica que para que eso suceda, estiman en el Gobierno, el valor por subir la barrera debería estar muy por encima de los 900 pesos que se autorizarán cuando termine el proceso formal. Por ahora, además, es un imposible pensar que con la recaudación se puedan solventar las inversiones en infraestructura.