Luis Caputo, ministro de Economía, calificó el reclamo por el recorte presupuestario a las universidades como «un berrinche» y rechazó la marcha nacional convocada para el próximo martes.
Por su parte, el economista Gustavo Lazzari, también se sumó a la discusión entre el Gobierno y las casas de estudio, y escribió en X: «He visto marchas pavotas pero como la del 23/4 por la universidad… ninguna». En el mismo posteo argumentó su afirmación: «1) no está en riesgo 2) el presupuesto aumentó 3) marchar contra una auditoría es como hacerle un berrinche al médico clínico», indicando que es «mejor saber que tenes 220 de colesterol para largar los postres».
Caputo no perdió oportunidad para volver a marcar su posición frente al conflicto y respondió: «Lacha querido, la política es un negocio para muchos, no un servicio público» y bajándole el precio al reclamo universitario, señaló que «el berrinche es el mismo que el de otros sectores que ven afectado ‘su negocio’».
También respaldó la postura de Javier Milei y aseguró: «Todo lo que dice el Presidente es cierto», en referencia a que «la gente es prioridad mil para algunos políticos», a raíz de que «el Estado son todas ‘cajas’, y si querés combatir eso te dicen que ‘no entendés el juego político’».
En rechazo a la desfinanciación de las casas de estudio, el martes 23 de abril está prevista una marcha federal universitaria. Mientras que el Ejecutivo, por su parte, convocó para la semana siguiente, martes 30 de abril, a las casas de estudio para debatir sobre la actualización de la financiación del presupuesto, aunque confirmaron que no se suspenderán los planes de auditoría para conocer cómo se manejan los fondos provistos por el Estado.
En esa línea, el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, señaló días atrás en su cuenta de X que «pase lo que pase, hagan lo que hagan, por lo menos mientras Javier Milei sea presidente, el dinero de la gente que va a las universidades se va a auditar, la fiscalización del gasto en las universidades está en la ley de Educación Superior».
Álvarez también compartió el artículo 2 de la Ley de Educación Superior, que establece que «el Estado nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las universidades nacionales, así como la supervisión y fiscalización de las universidades privadas. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los responsables de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de los institutos de formación superior de gestión estatal y de las universidades provinciales, si las tuviere, de su respectiva jurisdicción».
Fuente: Ipro.