La Unión Tranviaria Automotor (UTA) Corrientes definirá este viernes, a las 11, si avanza con un paro de actividades.
El gremio liderado a escala local por José Luis Sabao había convocado a una medida de fuerza para la víspera y estaba previsto la retención de servicio de 12 a 14 y de 18 a 20, pero la medida quedó sin efecto tras un acuerdo. De esta manera se garantizó el normal funcionamiento del servicio de transporte en Corrientes.
Los choferes habían convocado a una asamblea tras el vencimiento del plazo para hacer efectivo «el pago de la primera cuota de diferencias salariales de enero y febrero 2024 acordadas con el representante de las empresas Ersa Urbano y Transporte San Lorenzo «.
Debido a esto, la junta ejecutiva de la seccional Corrientes del sindicato, junto con los delegados, habían resuelto realizar «una asamblea general extraordinaria informativa y de carácter permanente» en el puerto y en las cabeceras de las diferentes líneas y ramales de ambas empresas, donde los trabajadores tienen su tiempo de descanso.
Sin embargo, en las últimas horas se llegó a un acuerdo con el sector empresario por lo que el servicio se presta con normalidad. Así las cosas, de no darse hoy el depósito adeudado, los choferes concretarán la temida paralización del servicio.
Este plan de lucha se toma a 11 días del aumento del boleto, que pasó de 690 a 990 pesos, el más caro del país y tras numerosos paros que realizó el sector en los últimos meses.
Esta modificación en el precio del boleto se dio en el marco de la Emergencia Vial y en el sistema de transporte urbano de pasajeros, declarada por el Departamento Ejecutivo Municipal.
COMPLICADO
La crisis del transporte público, en un grave contexto de devaluación monetaria e inflación, los incrementos salariales y la quita de subsidios son algunos de los motivos que propiciaron esta medida.
Vale recordar que la Emergencia del Transporte Público se trata de una herramienta que habilita al Municipio a la toma de medidas necesarias de carácter administrativo, financieras y de gestión, para asegurar la movilidad y seguridad vial de los vecinos.
En su articulado, autoriza al Ejecutivo a «arbitrar todas las medidas indispensables para garantizar la continuidad de la prestación del servicio público de transporte urbano de pasajeros, en el caso de constatarse una cobertura menor al 75 por ciento».
También, el Ejecutivo podrá «controlar, revisar y modificar la ubicación, diámetros, usos, distribución, infraestructura y equipamiento de la estructura vial, redes viales, arterias de circulación en general, áreas de estacionamiento, entre otras a fin de optimizar el servicio».