Un proyecto de ley del radicalismo presentado en la Cámara de Diputados de la Nación, busca terminar con el bloqueo en establecimientos comerciales e industriales. La iniciativa está siendo tratada en comisiones.
El diputado radical Manuel Aguirre, uno de los impulsores de la iniciativa, destacó que se intenta abordar de manera efectiva estos bloqueos con duras penas con la intención de terminar y desalentar reiteraciones de estos delitos en el futuro.
Aguirre destacó a EL LIBERTADOR que la incorporación al artículo 181 bis al Código Penal, castigará con prisión de tres años y seis meses a cinco años, a quienes bloqueen empresas impidiendo el normal desarrollo de su producción. «Si esto se aprueba, quien cometa este delito no podrá tener excarcelación, inmediatamente quedaría detenido», afirmó.
Lo que pretende el proyecto de ley es modificar el código penal para hacer cesar los bloqueos a comercios e industrias, teniendo como objetivo principal -además de proteger la actividad privada-, «restablecer el orden y la paz social», así como prevenir futuras vulneraciones de bienes jurídicos fundamentales.
La iniciativa es apoyada por los legisladores Juan Carlos Polini, Martín Alberto Tetaz y Pedro Jorge Galimberti.
Aguirre recordó que sobre este tema «nosotros lo habíamos planteado en el proyecto de Ley de Bases y habíamos anticipado al Presidente (Javier Milei), que nosotros nos íbamos a ocupar específicamente del tema laboral».
«Trabajamos eso -subrayó-, incorporamos que aquellos gremios que actuaran en impedir el trabajo de alguna empresa por razones particulares, inclusive de algunos empleados, debería ser tomado en consideración como de una forma de apartarlo a través de la Justicia».
En este sentido, el ex Subsecretario de Seguridad de la Provincia amplificó el concepto diciendo que «lógicamente este procedimiento es muy lento, porque tarda muchos días y mientras tanto ellos seguían bloqueando».
Asimismo, el ex legislador provincial señaló que los gremios «acordaron con el Gobierno ciertos puntos y entre esos acuerdos sacan ese artículo que queríamos desde el bloque, y lógicamente que al sacar ese artículo nosotros no teníamos los números para revertirlo».
«Es por eso que de inmediato, preparé un proyecto de Ley para que esto entre en el campo del derecho penal, porque creo que sin ninguna duda están coartando la libertad las personas de realizar su actividad, transitar y trabajar, de alimentarse y atender la familia entre otros temas».
PRECEDENTE
Por otra parte el legislador explicó que el proyecto que impulsa en el campo penal, quiere «conseguir para aquellos que bloqueen la actividad de alguna empresa penas muy severas para que sea de aplicación inmediata».
Recordó el caso de una empresa muy importante de transportes de la Ciudad de Buenos Aires, donde por el despido de una persona, a quien por supuesto se la indemnizó -dijo-, 20 personas bloquearon la salida de esta firma durante 24 horas, impidiendo que sigan trabajando. «Perjudicaron a más de 300 familias que no dejaron seguir desempeñando su trabajo».
«Por una persona que fue despedida, con su correspondiente indemnización. El despedido tenía 9 meses trabajando, e inclusive el propio damnificado, el despedido, ni siquiera apareció en el lugar de la manifestación; no se dan cuenta de las consecuencias que están generando sobre sus propios compañeros», advirtió.
Para el parlamentario nacional, en muchos casos de bloqueos, hay intenciones políticas, y dijo al indicar este hecho en particular: «Yo creo que en este caso fue una consecuencia política y explico por qué: el gremio le dijo al Gobierno, o arreglan este despido o nosotros vamos a hacer el bloqueo».
Para agregar sobre el tema: «Creo que los sindicatos deberían usar un poquito más la razón. Yo estoy de acuerdo con que reclamen, que hagan todo lo que quieran, pero no pueden pasarse de límites cuando la empresa, en este caso, hizo todo dentro de la ley», completó.
Aguirre tiene el convencimiento que este año el proyecto ley antibloqueo tiene que salir con dictamen favorable. «Es para el bien de todos nosotros, porque también repercute en la sociedad, si las empresas no pueden generar riqueza tampoco puede cumplir con sus obligaciones, no solamente con sus empleados sino con terceros también».
El proyecto de ley propone la incorporación del Artículo 181º bis al Código Penal, el cual establece penas de prisión de tres a cinco años para aquellos que turben la posesión o tenencia de un inmueble con violencia y obstaculicen el normal funcionamiento de un establecimiento comercial, industrial o de servicios. Además, se penaliza el bloqueo fundado en reclamos laborales o sindicales cuando se ejerce de manera abusiva.
Para finalizar, Aguirre indicó que «no sé si en todos los casos de bloqueos hay intencionalidad política, pero si hay intención de mostrar el poder que tiene el sindicato, por eso esta actitud fuera de la ley, mostrar el poder que tienen, no hay otra explicación», cerró.
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