El diputado nacional por Corrientes de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón destacó entrevistado por EL LIBERTADOR la capacidad de acuerdo entre los bloques dialoguistas y el bloque oficial, facilitada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y otros actores del Gobierno.
Señaló que estos acuerdos, incluyendo el diálogo con gobernadores y senadores, buscan construir consensos y establecer acuerdos programáticos para futuros tratamientos de leyes.
EL legislador, a la vez, estimó que los proyectos que resultaron con media sanción del Senado en su última sesión acercan el modelo de Gobierno que propone el presidente Javier Milei a su forma legislativa final, aunque algunas de las propuestas que el mismo expresó en su campaña quedarán pendientes.
Por otra parte, reprobó la radicalización del discurso de los legisladores de la oposición hacia la investidura del Jefe de Estado, y condenó los actos vandálicos ocurridos frente al Congreso.
Así transcurrió parte del diálogo.
¿Cuál es su lectura del tratamiento en el Senado de las iniciativas del presidente Javier Milei?
-Primero, la gran capacidad de acuerdo que han tenido los bloques dialoguistas con el bloque de La Libertad Avanza a través del actual Jefe de Gabinete, el anterior Ministro del Interior, pero también el diálogo que ha existido en general con todo el Gabinete a través de los distintos actores, Caputo, Menem. Los acercamientos a los distintos bloques se hicieron a través de los gobernadores, de los senadores que no pertenecen o no responden a sus gobernadores. Se dialogó con todos y se buscó dentro de la posibilidad de construir un consenso y establecer acuerdos programáticos para otro tratamiento de leyes, que es lo que se viene, porque ahora no solamente se dio sanción a la ley con modificaciones y vuelve a Diputados, más holgada, sino también el desafío de dar la sanción con modificaciones para enviarla al Ejecutivo.
¿Estamos ante una ley definitiva o habrá pendientes?
-Creo que estamos cerca de la ley definitiva y de algunas leyes que van a quedar pendientes. Es en lo normativo, pero también hay una realidad política que tiene que ver con la radicalización que han tomado algunos representantes del Senado. En las instancias de debate hubo discursos muy agresivos hacia el Presidente por el hecho de que se está formando un proyecto de Argentina que no tiene como protagonistas a los mismos de hace 25 años. Quedaron afuera de la discusión y se puede ver, en discusiones de muchos diputados de Unión por la Patria, formando parte de sectores que estuvieron en el vandalismo, como quedó demostrado el día del debate en el Senado. Se los pudo ver en la protesta extrema. Y hay que recordar que una cosa es protestar, pero otra es ser sedicioso y vandálico. Se puede estar en desacuerdo con un proyecto de ley en democracia, y bajo la normativa vigente y la Constitución nacional, pero no destruir el patrimonio privado y el patrimonio público como lo hicieron. La gente que decidió incendiar autos en ningún momento piensa en las familias que están detrás de esas propiedades. Quedó claro quién está dispuesto a representar la propiedad privada y defender garantías públicas y quiénes quieren proponer un país vandálico y violento. Lo pudieron ver en vivo.
Julio, mes clave
¿Se está ante un proyecto «de calidad» o habrá nuevos debates?
-Las modificaciones son relativamente pocas, en cuanto a su función, en cuanto a cuestiones de fondo son pocas, y el tratamiento de la Cámara de origen es si se acepta la modificación o si la Cámara de Diputados apoya la norma originaria, no hay posibilidad de incorporar modificaciones de artículos, o modificarlos. El tratamiento es por si aceptar las modificaciones o en caso de rechazarlas si se está por la iniciativa de la Cámara de origen. No hay mucho que discutir. La Ley de Bases es una ley que ha tenido un amplio debate, arrancó con más de 600 artículos y se ve reducida en cantidad pero no en calidad. Lo que quedó son proyectos que van a ser incorporados como proyectos de leyes autónomas.
¿La ley saldrá en julio, como ya sugieren desde el Gobierno?
-Sí, aunque también creo que el tratamiento después no va a ser esta semana, va a ser la semana entrante, y seguramente se puedan dar algunos manejos no solamente para demorar sino para embarrar la cancha.
El mandato popular no se reduce a una normativa
Durante el debate, una senadora del PRO expresaba: «Votamos esta ley para que el presidente Javier Milei ya no tenga excusas». ¿Qué opina? ¿No lo entiende ajeno, cuando se trata de un partido aliado inclusive en el Gabinete nacional?
-Ellos siguen con una visión muy sesgada de la política, por creer que sancionar una ley que beneficia a la totalidad de los argentinos y que busca el bienestar general puede ser una concesión. El voto de los senadores y de los diputados es un mandato que encomendó el pueblo y tiene un sustento. Uno no puede pensar que la responsabilidad en esos cargos es cumplir y luego ir por intereses personales y sectoriales, como lo expresa un vasto grupo de legisladores, sea de la ideología que sea. No creo que esa sea la base de sustentabilidad del mandato que encomendó el pueblo. Cada uno piensa a su manera, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Tampoco estoy de acuerdo con los improperios y la violencia verbal de Unión por la Patria, que no hacen al tratamiento de las formas del sistema y a la cuestión que nos convoca a tratar. Eso es, de alguna manera, violentar la voluntad popular.
Una vez que culmine el tratamiento de estas cuestiones, ¿qué sigue?
-Creo que hay dos cosas claras sobre la manera de gobernar del Presidente y de todo el equipo: En primer lugar, este es un Gobierno que en los primeros seis meses avanzó en todas las modificaciones de, como se dijo en la campaña, políticas de shock, que van acompañadas de normas que sustentan las medidas. Si no es muy difícil tomar las medidas que hacían falta tomar a la Argentina. Por otro lado, es un Gobierno con una fuerte posición de auditar los manejos de la burocracia política y de los aparatos burocráticos sindicales, como se han dado en instrumentos que de alguna manera eran funcionales a una caja negra destinada a la política, como lo ha dicho el Presidente en varias oportunidades. Por un lado, los fideicomisos y por otro lado, los movimientos y las cooperativas desvirtuadas y utilizadas en cuestiones que no tienen que ver con la productividad del país. Justamente, en la Rural estuve con Coninagro y ellos decían cómo se desvirtuó el instrumento de la cooperativa, de producción, de energía, de la cooperativa de consumo, en pos de la cooperativa al servicio del clientelismo político y de que el Estado funcione bajo la coacción de grupos sediciosos. El Estado no solamente es social sino también económico, y lo que estuvimos viviendo durante estos años era crítico, porque gran parte de la plata iba destinado a la corrupción.
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