El pequeño Loan Peña desapareció en la siesta del jueves 13 de junio. Desde entonces, todo fue incertidumbre. No se tiene precisión siquiera sobre en qué momento «dejó de estar» en la localidad de 9 de Julio. Es que, por ejemplo, el comisario del pueblo, Walter Maciel, que recibió la denuncia por extravío, se encuentra detenido y habría corrompido la información respecto al horario exacto en el que la familia advirtió el hecho.
Una causa «mal parida» y ralentizada por la falta de preparación de los actores primigenios de la investigación; o sea, del supuesto fiscal (Castillo) y de los efectivos policiales dirigidos por su superior, sospechado de haber participado activamente en el delito.
En esta primera etapa investigativa todo ocurrió en el marco provincial. Y las críticas emanaron por doquier, agigantadas por el impacto mediático que ofreció la prensa porteña que se acercó hasta el pequeño poblado cercano a Goya.
En este contexto, hay que tener en cuenta que, a partir de la reforma del Código de Procedimientos en lo Penal de la Provincia, el peso de la responsabilidad de la investigación recae en la Fiscalía, con una participación secundaria de la Policía, cuyo accionar queda subordinado a las directivas del fiscal que, en este caso, se trata de alguien no designado de acuerdo a Derecho, que no estuvo desde el comienzo al pie del cañón conduciendo las investigaciones.
Un funcionario judicial que se empecinó en sostener y focalizar las diligencias -por tres días- sobre la hipótesis del abandono de persona. Tal fue así que debió ser apuntalado por un par (Barry), y recién comenzó a analizarse como prioritaria otra perspectiva de la escena, con la detención (el 16 de junio) de las tres primeras personas que participaron del almuerzo en lo de doña Catalina (la abuela de Loan).
Lo obvio hubiera sido llevar a declarar a todos y cada uno de los partícipes, así como el secuestro de los celulares de muchos de los cuales, la demora, llevó a que se borraran mensajes.
Allí surgió otra advertencia mediática y social, sobre el por qué no detuvieron a todos los de la famosa foto en la que se observó al pequeño desaparecido rodeado de una cantidad de adultos, en una cita en la que -curiosamente- la mayoría no se conocía. Y se agravó la situación del cuestionamiento general al conocerse que los apresados fueron imputados por «abandono de persona». El delito de la trata, aún estaba sin ser atendido con la rigurosidad que este tipo de acontecimientos merece.
Recién el 22 de junio detuvieron a otros integrantes del convite «familiar»: Victoria Caillava y Carlos Pérez. Y en la misma jornada, horas más tarde, aprehendieron a Maciel por encubrimiento y entorpecimiento de la investigación. Nueve días después, las pistas recién comenzaban a encaminarse hacia un suceso más aberrante.
En estos casos, la citación como testigos, en reiteradas oportunidades, permite apuntar a las contradicciones en un acto procesal que no permite mentir so pena de incurrir en el delito de falso testimonio. El citar dos, tres y cuatro veces a una misma persona posibilita que, si las evidencias condujeran a la imputación, la declaración indagatoria se lleve a cabo con un rico material probatorio al cual se puede incorporar a posteriori una serie de careos que despejen dudas.
CAMBIO DE FUERO, NO PARA MEJOR
A los 11 días de la desaparición de Loan, recién se abordó la hipótesis de la trata de personas. Fue el 24 de junio cuando la causa pasó a la Justicia Federal, al Juzgado a cargo de Cristina Pozzer Penzo. Y la carátula cambió a «averiguación de ilícito».
Este nuevo contexto no mejoró la situación. A los tropiezos dados en el fuero provincial, comenzó a sumarse el tambaleante y errático andar de las pesquisas bajo la órbita Federal.
El 27 de junio se definió el traslado de los 6 imputados (hasta entonces) a la cárcel de Salta y a la del Chaco.
En ese momento comenzó a notarse otra llamativa omisión en cuanto a las estrategias necesarias para avanzar con una causa tan rimbombante. Nunca separaron al matrimonio Caillava-Pérez que, en estos casos, favorece que se quiebren y, como vulgarmente dicen, «canten». Algo que pasó con Laudelina, que tuvo el privilegio de ser citada recién luego de más de 20 días pero que al ser conducida a un lugar de reclusión lejano, el penal de Ezeiza, ello determinó que la hija saliera a contradecir el relato de su propia madre. En cuanto al matrimonio, fue al penal salteño de Güemes, lo mismo que el comisario Maciel ¿Por qué todos a un mismo lugar? No se encuentra explicación.
Por qué se los mantiene unidos
Una de las herramientas principales que tienen los investigadores y la Justicia es citar a los sospechosos. Lo que comúnmente se llama «arrimarlos al tambo». Como testigos o imputados, aunque el primero de estos está obligado a decir la verdad, so pena de falso testimonio, mientras que los segundos (como ocurrió con los primeros apresados de este caso) pueden llamarse a silencio.
En este marco, claros están los errores cometidos, tanto en el fuero ordinario, así como ahora, en el Federal. Una falta evidente de una estrategia procesal acorde a la complejidad del caso.
La noticia conocida este viernes 12, sobre el traslado al penal de Ezeiza de la funcionaria municipal con su esposo, el ex capitán de la Marina (sindicados como coautores materiales) y del comisario de 9 de Julio (señalado como encubridor) llamó la atención de propios y extraños.
Es evidente el pacto de silencio latente en esta especie de logia delincuencial. Pero pareciera no haber encendido al menos hasta ahora las alertas en el despacho de la magistrada Pozzer Penzo, que tomó esa decisión después de haber demorado, también sin justificación, la citación de la tía Laudelina, que recién quedó detenida el 5 de julio, acelerando con ello el camino al esclarecimiento.
Si bien, se trata de un personaje disruptivo en la investigación, con su declaración manifiestamente irregular (en la madrugada del 27 de junio) ante un fiscal provincial, mediante la cual se instaló la versión de un siniestro vial seguido de muerte, no es menos alarmante que antes no se hubiera aplicado algún interrogatorio con la siniestra tía del pequeño desaparecido. Esta mujer, recién el 11 de julio se «quebró», pero sólo para admitir que mintió sobre que su sobrino había sido atropellado.
Y en este hilo descriptivo de los innumerables hechos que se sucedieron desde la desaparición del niño, se da otra casualidad (o causalidad), tanto Caillava, Pérez y Maciel, serán alojados en el mismo lugar en el que se encuentra -desde el sábado 6- Laudelina. La tía del chico desaparecido que tendría vínculos anteriores con estos tres personajes.
¿No hay acaso otras cárceles federales? ¿No es obvio que, al menos, el matrimonio debería haber sido alojado en distintos penales, separados por una apreciable distancia, como forma de acelerar un quiebre que muchos esperan?
Al entrar al segundo mes está claro que el secreto pasa no sólo por esclarecer el caso, sino fundamentalmente por la aparición con vida del niño, que es -precisamente- lo que signará el éxito o fracaso de la investigación.
De ahí la necesidad de ser prolijo en los tiempos que faltan. Ayer, miles de personas en la marcha pedían que hablaran los que saben. En ellos está el secreto que busca ser develado. A esta altura, los rastrillajes, los sondeos con buzos, y demás no parecieran acordes a lo que se espera, que es que hablen los presuntos responsables.
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