El mandatario riojano aseguró que lo llamaron al menos tres veces para que se bajara de la carrera, aceptando una fórmula de unidad.
20-CONTRATAPA-10El gobernador riojano Ricardo Quintela contó en la víspera que hasta hace unas horas recibió llamados para convencerlo de aceptar una fórmula de unidad en la puja institucional que se vive en el Partido Justicialista (PJ). «A los tres intentos dije que no», contó.
Quintela habló ayer respecto a la interna del PJ que está en disputa con Cristina Kirchner. Afirmó que ayer hubo tres nuevos intentos para que se bajara de la carrera, aceptando una fórmula de unidad. El mandatario provincial cuestionó la conducta de la junta electoral partidaria, que está compuesta por 15 miembros, de los cuales 12 pertenecen a la lista de la ex Presidente.
«Hasta las 8 de la noche del sábado intentaron hablar conmigo tratando de que yo -entre comillas- reflexionara y pudiera aceptar el tema de la lista de unidad. A los tres intentos dije que no», dijo en declaraciones radiales el Gobernador riojano.
Además contó que dialogó «de buena fe» con Juan Manuel Olmos, miembro de la junta partidaria, para buscar la posibilidad de lograr una unidad y evitar la disputa partidaria. La unidad pasaba por el gesto de ambos candidatos de bajar sus nominaciones para explorar una tercera opción revelaron fuentes cercanas a Quintela. De lo contrario «lo más sano es que la gente se pueda expedir y que determine quién los conduzca, porque hay métodos, gestos, actitudes, formas de trabajo que hay que modificar y que muchas veces generan rechazo», manifestó el riojano. En los hechos, para un gran sector del peronismo el problema pasa por la pretensión renovada de Cristina de hacer pie en un PJ en el cual encuentra resistencias.
Sin embargo, evitó confrontar con la ex mandataria y destacó el gesto de pedir que resuelvan todos los problemas para poder realizar la interna, algo que sugestivamente la junta que a ella responde replicó con un decisión que no dudan en tacharla de proscriptiva.
«Concretamente no querían ir a elecciones, eso es lo concreto», remarcó Quintela. «En los corrillos partidarios ganó fuerza la versión de que las huestes cristinistas querían ganar la pulseada en el escritorio, no con el voto de los afiliados. El tema es que había que salir a la cancha. Cristina había planteado ‘resuelvan todas las objeciones que son de forma'», manifestó.
Quintela pidió que haya «reglas del juego» claras y agregó que está dispuesto a dialogar respecto a ellas pero no para que le impongan condiciones.
Lo que está claro es que el mandatario riojano no está solo. Oficia como mascarón de proa de una avanzada muy definida de un peronismo que no se siente representado por el actual oficialismo partidario. «No es una patriada, ni un llanero solitario», se encargaron de remarcar cerca de Quintela.
El Gobernador de la Rioja también evitó meterse en la pelea entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof, y habló de la necesidad de un PJ activo que escuche a los dirigentes del Interior.
«Tenemos que unificar todas las partes para ofrecer al candidato un peronismo homogéneo, unido, que pueda acercar ideas y propuestas, y trabajar sobre los cuadros políticos profesionales para que puedan sentarse en una mesa», sentenció.
El viernes, los apoderados nacionales del PJ, en una curiosa alteración de roles y responsabilidades, informó a los apoderados de Quintela que no cumplían requisitos esenciales.
Mediante una resolución, la Junta Electoral del PJ, les dio 24 horas a los representantes de ese espacio para presentar nueva documentación en orden.
«Vamos a recusar a la Junta porque tiene una parcialidad absoluta, no dio garantías para nada. Mínimamente queremos tener las reglas del juego claras», replicó el Gobernador que anticipó que pediría a la Justicia la designación de un veedor sin descartar la posibilidad de viabilizar una intervención de ese órgano partidario que es fundamental para el desarrollo de los comicios.
Los apoderados de Quintela realizarán en la mañana de hoy una presentación ante el Juzgado Federal Electoral, a cargo de María Servini. En caso de que tampoco se resuelva la situación en esa instancia, recurrirán a la Cámara Electoral y en última instancia a la Corte Suprema de Justicia.
Ante la posibilidad de judicializar la interna, es probable que la elección de autoridades del PJ prevista para el 17 de noviembre no se termine realizando.
Vencido el plazo fijado por la Junta Electoral del PJ a la lista de Ricardo Quintela para completar los avales, el gobernador riojano -que había cuestionado a ese cuerpo por estar integrado en su mayoría con dirigentes alineados con Cristina Kirchner- se plantó. Desoyó las exigencias y se profundizó la confrontación partidaria.
La organización de la elección entró en una nebulosa. La disputa se encamina a seguir en la Justicia y el peronismo a quedar dividido de cara al próximo proceso electoral algo que los dirigentes con peso propio no quieren, algo de lo cual ha tomado debida nota el Instituto Patria.
«Ni siquiera tomaron nota de lo que debían subsanar. Está claro que la intención de ellos es judicializar», expreso un referente del sector de la ex Presidente involucrado en la pulseada partidaria. «Quintela está claro que no corregirá las irregularidades que le endilgan sus rivales y está dispuesto a trasladarlo a los Tribunales, por lo que lo más probable es que se desactive la preparación de los comicios».
Los apoderados del sector de la ex Presidente, habían señalado «numerosos incumplimientos» en el armado del riojano pero públicamente pidieron la habilitación para no quedar como que ponían trabas a la competencia.
Esa postura cambió al terciar en la disputa la Junta Electoral, más allá que cuesta entender que el Tribunal partidario, en el cual Cristina tiene el control casi absoluto, con 12 de los 15 miembros, pueda fijar una posición distinta a la de la líder del espacio.
«No tienen voluntad de competir», había apuntado la actual Interventora en el PJ de Corrientes, principal espada de Cristina Kirchner en la disputa por el PJ, lo cual fue rebatido desde el otro sector señalando que la sede del partido está virtualmente tomada atribuyendo a ello el robo de documentación, una cuestión de forma que pudo haberse evitado tomando las precauciones acordes a la importancia y trascendencia de un acto de esta naturaleza que impacta hacia afuera del peronismo.
En medio de este contrapunto sobrevuela el fantasma de la proscripción que es mala palabra en el peronismo. El propio oficialismo teme por estas horas ir a fondo en decisiones extremas para no deslegitimar el liderazgo de Cristina que pretende blanquear de cara a la sociedad.
Era obvio que, antes que nada, había que cuidar las formas. Esto es, tratándose de una elección de esta envergadura, apelando a la custodia de Gendarmería Nacional, al menos sobre las dependencias afectadas al funcionamiento de la Junta Electoral, con ingreso restringido a los estrictamente habilitados, esto es integrantes de la misma, apoderados y personal debidamente registrado.
«Vamos a recusar a la Junta porque tiene una parcialidad absoluta, no dio garantías para nada. Mínimamente queremos tener reglas de juego claras», replicó Quintela ayer. El Gobernador también acusó a sus rivales de «no querer la elección» y aseguró que lo llamaron para intentar convencerlo de que bajara su lista: «Pretendían ganar el partido en el escritorio, en las oficinas, no en la cancha».
La decisión del riojano de llevar este lunes la pelea al juzgado electoral a cargo de María Servini funcionará como una virtual ruptura del peronismo, sumado al quiebre de la relación entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof expuesta de manera pública en el homenaje a Abuelas de Plaza de Mayo el miércoles, en el Teatro Argentino de La Plata.
«A Kicillof lo acusan de respaldar a Quintela de modo indirecto, a partir del aporte de candidatos y avales por parte de intendentes como Jorge Ferraresi, Juan José Mussi y Julio Alak a lo cual se sumó la expresa adhesión del ex gobernador chaqueño, Jorge Milton Capitanich, que forma parte del gobierno bonaerense como funcionario del banco oficial». ‘Coqui’ fue quien le dio al gobernador riojano el distrito que faltaba para anotarse en la competencia. A ello se suma el temor cierto de que jefes territoriales de peso como Ishi o el intendente Espinoza, entre otros, amos absolutos en sus distritos que pueden volcar los padrones para una elección que se realiza como distrito único en todo el país, lo que es absolutamente desestabilizante. Más porque queda sobre la superficie la falta de fiscalización, y de controles habida cuenta del retraso en la contratación del correo, único medio idóneo para la distribución y recolección de las urnas, y disponibilidad en tiempo real de los resultados del escrutinio provisorio.
Ese grupo de jefes comunales dejó correr sin reparos la posibilidad de un armado electoral separado del kirchnerismo, envalentonado con la implementación de la boleta única de papel que cortará el llamado «arrastre» entre las candidaturas nacionales y las categorías provinciales y municipales.
«Lo más sano es que la gente se pueda expedir y que determine quién los conduzca, porque hay métodos, actitudes y formas de trabajo que hay que modificar y que muchas veces generan rechazo», insistió Quintela con su confrontación con el pretendido liderazgo de Cristina, un desafío impensado en otro momento.
En las últimas horas un portal de amplia llegada como es La Política Online de Ignacio Fidanza, al cual se vincula estrechamente con Sergio Massa, anticipó que la jueza María Servini no estaría dispuesta a lidiar con el ir y venir de sucesivas impugnaciones y se inclinaría por intervenir el partido, algo que ya hizo en 2018, a instancias de Luis Barrionuevo, decisión que luego fue revocada por la Cámara Electoral Nacional.
Aun así es conocido, en el ámbito tribunalicio, el sello propio que le da la Jueza Federal más poderosa del país a decisiones de alto impacto. En más de una oportunidad Servini colisionó, no sólo con el Tribunal de Alzada, sino también con el propio Poder Ejecutivo marcando la cancha respecto a aspectos procedimentales de los comicios que muchas veces el Ministerio del Interior no cumplimenta en término, originando un recargo de tareas que comprometen la labor tribunalicia.
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