La Diputada nacional por Unión por la Patria advirtió, entrevistada por EL LIBERTADOR, que la suspensión del dictamen para la «ley de leyes» para 2025 en el Congreso busca evitar acuerdos y habilitar al Gobierno a manejar los fondos de manera discrecional. Asimismo, alertó que la prórroga del presupuesto 2023, por tercer año consecutivo, profundizaría recortes en áreas estratégicas como obras públicas y cajas previsionales, promoviendo el chantaje político.
04-POLITICA-8La diputada nacional por Unión por la Patria, Nancy Sand, entrevistada por EL LIBERTADOR, advirtió que la suspensión del dictamen del presupuesto 2025 tiene como objetivo evitar acuerdos en el Congreso, permitiendo al Gobierno manejar los fondos de manera discrecional.
Señaló que esta decisión debilita la capacidad del Congreso para garantizar previsibilidad y orden institucional al país, generando un clima de incertidumbre y desorganización.
Asimismo, alertó que la prórroga del presupuesto 2023, por tercer año consecutivo, afectaría gravemente la institucionalidad, al otorgar al Gobierno un manejo arbitrario de las partidas y debilitar el control legislativo.
En ese contexto, afirmó que el escenario de 2025 podría agudizar los recortes en áreas estratégicas como las obras públicas y las cajas previsionales, lo que tendría un grave impacto en las provincias y municipios.
Por lo que, advirtió que esta situación podría promover el chantaje político mediante la discrecionalidad en la distribución de los recursos, afectando la equidad y el federalismo.
Así se desarrolló parte del diálogo:
¿Cree que la decisión de suspender el dictamen del presupuesto 2025 tiene como objetivo evitar acuerdos dentro del Congreso?
-Creo que no tienen intención de que se apruebe, para seguir manejando los fondos discrecionalmente, como lo hicieron durante todo el año 2024. La decisión busca desvirtuar la necesaria intervención del Congreso en una herramienta tan importante como el presupuesto nacional, que es clave para garantizar previsibilidad y orden. Lamentablemente, esto deja todo librado a la discrecionalidad del Gobierno, lo cual significará un panorama de incertidumbre y desorganización en el funcionamiento de las instituciones.
¿Qué impacto tendría en la institucionalidad del país la prórroga por tercer año consecutivo del presupuesto 2023?
-El impacto sería la falta de control por parte del Congreso, el manejo discrecional de partidas, y el sometimiento de los gobernadores cada vez que necesiten financiamiento, bajo criterios arbitrarios. Esto implica ajustes y recortes en áreas clave, como obras públicas inconclusas, cajas previsionales no transferidas, y sectores estratégicos desfinanciados. Además, se perderían recursos para provincias y municipios, dejando al Congreso sin participación en la planificación del futuro del país. Esta situación también limita la inversión en proyectos fundamentales para la Nación y las provincias, agravando el centralismo y el chantaje político.
Según su visión, ¿por qué el oficialismo no dio lugar a las propuestas presentadas por los gobernadores y bloques opositores más moderados?
-Porque a este oficialismo no le interesa el consenso ni los acuerdos. Sólo busca imponer su visión de manera arbitraria, sin escuchar a la oposición, ni siquiera a los sectores que suelen acompañar sus iniciativas. Es un Gobierno que se proclama defensor de la democracia, pero opera con métodos autoritarios y carentes de diálogo. Con el pretexto del equilibrio fiscal y el déficit cero, pretenden sostener su proyecto sin permitir el debate en comisión ni la inclusión de modificaciones propuestas por otros bloques, como el nuestro, que presentó un dictamen propio.
Falta de consenso
¿De qué manera afectaría la posibilidad de que el Gobierno maneje los fondos de manera discrecional a las provincias más necesitadas?
-Esto derivará en el sometimiento de las provincias a los requerimientos del Gobierno nacional, que aplicará el chantaje selectivo liberando fondos a cambio de votos en el Congreso. Muchas provincias verán afectadas obras importantes, como las sanitarias, educativas y de salud, todas esenciales para la calidad de vida de la ciudadanía. Es una práctica antidemocrática que atenta contra el federalismo y la República.
¿Piensa que no aprobar una nueva ley de presupuesto busca limitar la supervisión del Congreso sobre las finanzas públicas?
-Es exactamente lo que consideramos. Desde el momento en que el ministro Caputo no se presentó en las reuniones informativas y los funcionarios repetían un libreto uniforme, quedó claro que buscaban evitar la aprobación del presupuesto 2025. Esto demuestra la intención del Gobierno de limitar la capacidad del Congreso para ejercer su función de control. El presupuesto es la hoja de ruta de cualquier país; no contar con uno implica desorden y la imposibilidad de fiscalizar los ingresos y gastos.
¿Qué acciones está considerando su bloque para garantizar que los recursos del Estado sean administrados con transparencia si no hay un presupuesto nuevo?
-Nuestro bloque presentó un dictamen propio que vamos a mocionar para su aprobación, ya sea en comisión o en el recinto, si se convocan sesiones extraordinarias. Además, sostenemos que la no presentación del presupuesto por parte del Gobierno constituye un incumplimiento de sus funciones, lo que podría requerir acciones institucionales. Es fundamental que el Congreso recupere sus facultades y evite esta deriva autoritaria.
Consecuencias del manejo discrecional
¿Qué opinión le merece la postura del ministro Luis Caputo al no aceptar las demandas relacionadas con la Coparticipación y las cajas previsionales?
-Esta postura refuerza la estrategia del Gobierno de mantener sometidas a las provincias para extorsionarlas cada vez que necesiten apoyo legislativo. Es un modus operandi que ya se vio con leyes anteriores, como la ley ómnibus, y con la falta de quórum para tratar decretos clave. El oficialismo demuestra su incapacidad para negociar y atender demandas legítimas, prefiriendo actuar de manera autoritaria y centralista.
¿Qué consecuencias podría traer para la relación entre el Gobierno y el Congreso que no se convoquen sesiones extraordinarias en diciembre?
-La falta de sesiones extraordinarias es otra muestra del incumplimiento del Gobierno con su deber de enviar el proyecto de presupuesto al Congreso, como establece la Constitución nacional. Esto acentúa la deriva autoritaria del Ejecutivo y deja al Congreso sin posibilidad de cumplir con su rol de legislar y fiscalizar. Espero que las fuerzas políticas que han acompañado automáticamente al Gobierno reflexionen y se sumen a detener este avance antidemocrático.
¿Qué efectos concretos podría tener para la economía productiva del país que no se apruebe el presupuesto 2025?
-La falta de previsibilidad presupuestaria agravará el ajuste y los recortes que ya se están viendo. Sin partidas específicas, los sectores productivos no pueden planificar ni ejecutar proyectos. Esto genera incertidumbre, desorganización y falta de inversión, afectando la credibilidad del país ante inversores nacionales y extranjeros. Además, profundiza una crisis institucional al debilitar la autoridad y las competencias del Poder Legislativo.
¿Qué medidas cree que podrían implementarse desde la oposición para evitar que el Ejecutivo gestione el gasto público sin restricciones legislativas?
-Es necesario exigir el tratamiento del presupuesto, como establece la Constitución. El Congreso tiene la facultad de elaborar un presupuesto alternativo si el Ejecutivo no lo presenta. Debemos actuar para garantizar que las finanzas públicas estén sujetas al control democrático y evitar el uso discrecional de los recursos, que tanto daño hace a la institucionalidad y a la economía del país.
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