En 1990, la historia de Corrientes comenzaba a cambiar. Caía primero una hegemonía de más de tres décadas de don Julio Romero al frente del PJ. Luego, ello arrastraría al entonces poderoso pacto liberal-autonomista primero, y después al Partido Nuevo, con el desplazamiento de la fórmula Pedro Braillard Poccard-Víctor Hugo Maidana por juicio político, y la intervención al Municipio de Corrientes con el desplazamiento de Raúl Romero Feris.
02-POLITICA-1 03-POLITICA-5Un 16 de diciembre como hoy, a la madrugada, el Senado de la Nación, en sesión exprés, votaba, a mano alzada, la ley que dispuso la intervención federal a la entonces convulsionada provincia de Corrientes. Horas antes, el miércoles, al caer la noche, la Cámara de Diputados había dado media sanción al proyecto de ley girado por el presidente Fernando de la Rúa.
En la mañana del miércoles 15 de diciembre, el aún diputado provincial Rodolfo Martínez Llano tomaba el Citation de la provincia con la decisión de cerrar un capítulo. Era momento de apretar «el botón rojo». La situación no daba para más. En la provincia convivían dos gobernadores que se disputaban el poder en medio de una grave crisis social, con miles de empleados públicos sin cobrar y el puente General Corrientes-Chaco tomado, con las consecuencias que ello generaba.
Martínez Llano había sido electo diputado de la Nación, pero no había jurado con sus pares ni se había integrado al cuerpo. Seguía en la Cámara de Diputados de la Provincia, que había presidido por seis meses, y cumplido, a rajatabla, el acuerdo de ceder la presidencia a Javier Aratto, hombre del radicalismo. Prefirió cumplir la palabra, aun con la posibilidad que descartó de asumir la gobernación, por la línea sucesoria, unos días después.
Ese día era el elegido. Era miércoles y sesionaba la Cámara en la última sesión del año. Al llegar a Buenos Aires se dirigió prontamente a la Casa de Gobierno. Ahí se reunió con Fernando de la Rúa, a quien impuso del cuadro de situación en la provincia. El Presidente compartió la decisión de impulsar la intervención federal a los tres poderes del Estado para poner fin a la situación generada en Corrientes. Se hablaron de varios nombres, entre ellos Ramón Mestre, aunque la decisión quedó de manera excluyente en manos del Presidente. Sí se acordó que sería Martínez Llano quien fundamentaría las razones de la intervención, que necesitaba de los 2/3 para su aprobación. De hecho, sería la primera, después de la reforma del ’94, que le quitó al Poder Ejecutivo esa facultad.
Al mediodía, en el comedor del quinto piso del anexo de Diputados, Ramón Mestre y Martínez Llano compartieron, por unos minutos, la mesa en un diálogo a solas en el que Mestre, quien fue vicepresidente de la Convención del ’94, fue anoticiado por su par correntino que estaba entre los posibles candidatos. De hecho, había viajado a Buenos Aires convocado por el Presidente, con quien recién hablaría en la tarde. «Espero tener un año sabático», le dijo el exgobernador de Córdoba.
Luego del almuerzo, Martínez Llano hizo los trámites administrativos para estar preparado para la jura. Esperó, tras el cortinado, el llamado del presidente de la Cámara, el radical Rafael Pascual. Para sorpresa del resto de los seis diputados por Corrientes, la jura del diputado de la Provincia que faltaba parecía preanunciar que algo sucedería. Entre otros, estaban Noel Breard, «Chingolo» Díaz Colodrero por el Panu, Ismael Cortinas por el autonomismo y Luis María Díaz Colodrero por el Partido Liberal.
La jura, en sí, fue de forma. Integrado a la sesión, ya en el ambiente, estaba la posibilidad de una sesión extensa en la que podría tratarse la intervención federal, algo que, por su naturaleza, es sensible a los representantes de todas las provincias.
Llegado el momento, Martínez Llano fundamentó las razones por las cuales votaría a favor del proyecto del Poder Ejecutivo. Fueron muchos los legisladores que hicieron uso de la palabra hasta que, finalmente, la Cámara baja dio media sanción, mientras en la otra ala del Palacio, los senadores hacían el aguante para anticipar la reunión ordinaria de los jueves. Así fue que, en la madrugada de un día como hoy, un 16 de diciembre, la provincia era intervenida. Era la intervención número 17 que convirtió a Corrientes en el distrito que más veces debió ser sometido a un remedio federal.
La serie de interventores federales que se inició con Durañona y Vedia, siguió con Claudia Bello, Ideler Tonelli y luego con Ramón Mestre y Oscar Aguad, reconoce un hilo conductor que pasó por la decisión de los principales dirigentes del pacto de desconocer el resultado electoral y pretender que 171.000 votos, en una curiosa ecuación, fueran más que 202.000. Para ello, apelaron a un fallo del Superior Tribunal de Justicia, favorecido por una errática conducción política del peronismo que pretendió, claramente de forma equivocada, que fuera la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien interpretara el sentido y alcance del artículo 114 de la Constitución de la Provincia.
El interventor Vicente Joga y el entonces senador Ricardo Branda, presidente de la comisión de acuerdos de la Cámara alta, apostaban a un fallo de la llamada mayoría automática. Fue Martínez Llano quien alertó que la Corte no se apartaría de sus precedentes. «Es un tribunal de excepción, que resuelve casos concretos, no un tribunal de consulta», señaló el ex Diputado nacional, que no sólo advirtió un fallo en contra, sino que también apostó a que el mismo se produciría el 26 de diciembre de 1991, cosa que efectivamente se cumplió.
En los hechos, el pacto, fiel a su conducta histórica, fue «a fondo». Y, en la vereda de enfrente, no hubo estrategia. Ya al momento de hacer las alianzas, se abortó la lógica decisión de que peronistas y radicales fueran con una sola lista de electores. De haberlo hecho, con los mismos resultados, en lugar de 13 a 13, la relación de fuerzas hubiera sido de 15 a 11 en favor de las fuerzas consideradas del antipacto. Vale la pena recordar que el apoderado de la intervención partidaria, doctor Velázquez Ibarra, al que Martínez Llano acorraló en la sede de la calle Salta 663, terminó firmando la alianza presentada al juzgado. Fue el propio Menem quien ordenó, al día siguiente, que el viceministro del Interior, Oscar Fappiano, bajara al juzgado electoral de Corrientes para disponer el retiro del peronismo de esa alianza.
La incidencia de Menem podía más. El poder del interventor Vicente Joga reconocía límites. En los hechos, la relación de este con Menem nunca fue buena. Le costó al riojano aceptar su designación.
Quedó para el recuerdo la frase del ex Presidente: «Con los radicales ni a misa», una expresión que contrastaba con la excelente relación que tuvo con Alfonsín siendo presidente, cuando se enfrentó con el resto del peronismo por la posición en torno al Canal de Beagle. Más aún, contrastó con el acuerdo que, entre bambalinas, gestaron dos operadores de alto vuelo, Enrique «Coty» Nosiglia y Luis Barrionuevo, llamado el Pacto de Olivos, que condujo a la Convención reformadora de 1994 y habilitó su reelección. Entonces, entre Alfonsín y Menem, no se veía la luz.
Aun así, uno de los puntos centrales del acuerdo cayó «como un castillo de naipes» en plena sesión de la Convención. La voz de un solo convencional, Martínez Llano, terminó por pinchar el globo de un acuerdo espurio entre ambos líderes. A cielo abierto, expuso con vehemencia ante el pleno de la Convención que la edad tope de 75 años, fijada para lograr el alejamiento de dos ministros de la Corte, suponía poner a esta como «moneda de cambio» de conveniencias políticas. Menem y Alfonsín querían producir el alejamiento de Carlos Fayt y Ricardo Levene para ubicar, cada uno, a alfiles propios.
La exteriorización de este acuerdo determinó que, luego de un duro debate y un cuarto intermedio, los presidentes de ambas bancadas, Carlos Corach y Raúl Alfonsín, anunciaran la reformulación de esa cláusula, que, a la postre, permitió que Fayt se retirara por voluntad propia a los 97 años; que Enrique Petracchi muriera en funciones a los 79 años; y que María Servini siga siendo la jueza federal más poderosa del país a los 87 años.
Con el diario del lunes, podría decirse que el pacto pagó caro por pretender manipular los colegios electorales. Lo más probable es que, si no hubiera incurrido en la desprolijidad de pretender que 171.000 votos eran más que 202.000, Corrientes no hubiera llegado a tener sucesivamente cinco interventores federales, y quizás tampoco hubiera perdido el poder.
Algo a tener en cuenta para un futuro que, por estas horas, se está escenificando. La moneda está en el aire, de cara a la sucesión de Gustavo Valdés. Las realidades se construyen, y todo tiene que ver con todo. Es una carrera de resistencia en la que pesará el manejo de los tiempos y las formas, y ganará quien mejor sepa administrar las contradicciones y la estrategia por sobre la grandilocuencia de la retórica.
Prolegómenos de la Intervención (I)
En solo una década, de 1990 a 2000, Corrientes sufrió una profunda alteración en su historia institucional. Comenzó con la modificación del esquema de poder en el peronismo, en el que la derrota de don Julio Romero a manos de su contrincante interno Rodolfo Martínez Llano tuvo repercusiones que fueron más allá del propio justicialismo. Romero era parte de la mesa del poder provincial, donde los Romero, en los distintos espacios políticos, controlaban los resortes del poder provincial. Un esquema de poder consolidado, en el que, desde el retorno de la democracia, sobresalía el pacto encarnado en José Antonio Romero Feris y Ricardo Leconte como cabezas visibles de los dos principales partidos del pacto conservador: uno gobernador de 1983 a 1987, el otro su sucesor de 1987 a 1991.
El 10 de junio de 1989, seis meses antes, y en medio de una hiperinflación desbordada, asumió el gobierno de la Nación Carlos Menem, tras la renuncia de Raúl Alfonsín. El cambio producido en el eje de poder de Corrientes determinó que Carlos Menem tomara partido de cara a lo que sería la elección del sucesor del liberal Ricardo Leconte. De buena relación con el pacto, y sabedor de la buena relación de Martínez Llano con «Pocho», propuso al ganador de la elección interna del justicialismo integrar una fórmula de gobierno en el marco de una alianza pactista-peronista. La idea de Menem no era otra que absorber, con una visión nacional y con la mirada puesta en un segundo mandato, la estructura conservadora de Corrientes.
Por entonces, el candidato natural a la gobernación pactista era «Tato», fuertemente resistido en la alianza gobernante. La propuesta inicial de Menem fue integrar la fórmula con «Pocho» y Martínez Llano, quien, si bien no convalidó la decisión de que el peronismo resignara la pelea por la gobernación, se allanó rápidamente a una recomposición -intervención Joga mediante- por la cual se acordó que Martínez Llano llevaría, con dirigentes propios, la primera y segunda senaduría provincial (Martínez Llano y Carlos Fagetti), la cuarta y quinta diputación y una de las concejalías.
La primera diputación fue para Ángel Pardo, la segunda para «Chingolo» Díaz Colodrero, y la tercera fue impuesta por el propio Joga, quien nominó a su histórico referente en Corrientes, «Baroncho» Aguirre. Luego, en el marco de las negociaciones finales, el entonces interventor partidario planteó a Martínez Llano la posibilidad de ampliar la oferta electoral incorporando a un romerista, el caso de «Papocho» Casanova, a lo cual, con la venida del elegido que era Oscar Peroni, se accedió. Igual suerte no corrió la pretensión del viceministro del Interior, Juan Carlos Mazzón, que planteó el corrimiento de Mirta Salazar como concejal, en beneficio de Pedro Lugo. La negativa de Martínez Llano fue terminante, tanto que le cortó el teléfono.
Con las manos libres y congratulado por los logros, Carlos Menem avanzó con la nominación de Alberto Di Filippo como candidato a la gobernación en un esquema que, en principio, apuntaba a facilitar el triunfo del pacto. Los cambios operados, propios del estilo de conducción del riojano, se reflejaron primero en la designación del primer interventor, Francisco de Durañona y Vedia, un hombre afín a los conservadores. Luego, sobrevino un giro de 180 grados.
La designación de Claudia Bello llevó a un enfrentamiento frontal y muy duro de varios meses, de agosto de 1992 a febrero de 1993, en los que pasó de todo. Concluyó con el fracaso de un nuevo colegio electoral, la caída del ministro del Interior, Gustavo Béliz, en medio del escándalo por el presunto soborno del elector Bruzzo, que desapareció al momento en el que debía votar; la valija del millón de dólares; la presencia en Corrientes del exjuez Claudio Bonadio y, por lógica, la renuncia de Claudia Bello.
Para complicar más el cuadro, la intervención al Poder Legislativo de Corrientes, que solo duró 33 días, se dio en medio de una fuerte resistencia que llegó hasta las puertas de la embajada de los Estados Unidos y de la propia Corte. Esto incluyó una misión de nueve legisladores provinciales de Corrientes, comandados por el senador Martínez Llano, que movió cielo y tierra y logró que Menem dejara, por otro decreto, sin efecto la intervención federal, que por entonces era facultad del Poder Ejecutivo. Esto se modificó con el nuevo texto constitucional del ’94, que estableció la necesidad de una ley votada con los 2/3 de ambas Cámaras, temperamento que se siguió en 1999.
La anulación del decreto intervencionista, luego de 33 días, tuvo un antecedente. En la madrugada del 14 de agosto de 1992, los mismos legisladores correntinos lograron que, en una nerviosa reunión con Carlos Corach, el presidente se comprometiera a romper el Decreto 1.448, que intervenía ya entonces al Poder Legislativo. Quedaron en pie el 1.447, que lo hacía al Poder Ejecutivo, y el 1.449, que lo extendía al Poder Judicial.
El nuevo y radical cambio en la postura de Menem, al sacrificar a su protegida Claudia Bello, implicó una vuelta a las relaciones carnales del menemismo con el pacto. La propia designación del nuevo interventor, Ideler Tonelli, fue producto de un acuerdo gestado en la playa de Pinamar por los senadores José Antonio Romero Feris y Eduardo Menem. Todo apuntaba a viabilizar el triunfo del pacto en las nuevas elecciones previstas para 1993, como efectivamente sucedió. A pesar de ser necesaria una segunda vuelta, Menem ordenó a la fórmula Di Filippo-Pruyas que se bajara, en medio de una convulsionada resistencia en el peronismo local, que pedía llegar hasta el final. Menem pudo más.
A partir de ahí, las relaciones del Presidente se afianzaron con el gobernador electo «Tato» Romero Feris, a quien apoyó en su fracasado intento de lograr su reelección para el nuevo período 1997-2001, frente a la resistencia frontal del peronismo que encarnaba Martínez Llano. Así surgió la fórmula Rubén Darío Casco-Braillard Poccard, que, con el fallecimiento de Casco, terminó con la recomposición de la misma, integrando como vicegobernador a Víctor Hugo Maidana. Esta fórmula, en 1999, fue desplazada, a pesar de contar con el apoyo expreso y manifiesto de Carlos Menem, quien, a pesar del poder que tenía, no logró evitar el enjuiciamiento.
Prolegómenos de la Intervención (II)
.