El Senado de la Nación dictaminó el pasado jueves un proyecto de ley para crear una bicameral que controle la licitación de la hidrovía Paraná-Paraguay, por donde atraviesa el 80 por ciento de las exportaciones argentinas y está concesionada desde 1995 y hasta fin de mes a un consorcio del empresario argentino Gabriel Romero y la belga Jan de Nul.
El proyecto lo impulsó la santafesina del Frente de Todos, María de los Ángeles Sacnun, pero tuvo respaldo de Cambiemos, que sólo pidió como condición agregar un seguimiento del desarrollo de las siete provincias por las que atraviesa el curso de la hidrovía.
La polémica surgió cuando en enero Alberto Fernández le otorgó por decreto al ministro de Transporte, Mario Meoni, la facultad de licitarla sin mayores explicaciones sobre los alcances y condiciones del nuevo concesionario.
De inmediato el gobernador Axel Kicillof reclamó participar en el futuro del canal de Magdalena para integrar la hidrovía al Río de la Plata y de ahí a las costas bonaerenses, una obra que fue defendida por el senador Jorge Taiana. Lo cierto es que poco se sabe de cuándo se lanzará la licitación y los legisladores, con esta ley, deberán intervenir y hasta marcarle la cancha a quien resulte favorecido.
CONTRA LA EVASIÓN
«El Estado debería tener control de las mercaderías que ingresan y salen del país. Por esta hidrovía se cometen delitos como contrabando, evasión fiscal, trata de personas, narcotráfico», justificó el proyecto Sacnun, quien coordinó el plenario por ser la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales. La acompañó Carlos Caserio, a cargo de la de Presupuesto.
La santafesina sostuvo además que la falta de control de la hidrovía permitió casos de «criminalidad económica. Estoy hablando de contrabando, de la evasión fiscal y de la trata de personas. Y también del narcotráfico».
El Estado debería tener control de las mercaderías que ingresan y salen del país. Por esta hidrovía se cometen delitos como contrabando, evasión fiscal, trata de personas, narcotráfico.
La comisión será integrada por 12 legisladores, que podrá solicitar «todo tipo de documentación e información», tanto «del sector privado como del sector público, y de organismos locales como internacionales».
Además de «citar a funcionarios nacionales, provinciales, municipales y comunales a prestar informes y a representantes de los organismos que manejan, controlan, ejecutan y desarrollan la licitación». Y requerir informes a universidades, elaborar informes y «auditar las inversiones, costos y gastos» del proceso.