Una sentencia que absuelve a un hombre acusado de abuso sexual movilizó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia. La Asesoría Jurídico Penal del organismo interpuso un Recurso de Casación para evitar la impunidad en esta clase de delitos ocurridos años antes de la denuncia, cuando la víctima era menor de edad. Ahora, el Superior Tribunal de Justicia tiene a cargo una resolución que podría sentar jurisprudencia para el caso en cuestión y todos los similares en el territorio correntino.
En comunicado oficial del Ministerio, dieron a conocer detalles del caso el porqué del recurso que presentaron. «Los fundamentos que validan el instituto de la prescripción aluden al paso del tiempo como un factor que favorece al olvido del hecho y el perdón de la víctima y la sociedad, haciendo innecesaria la imposición de pena», señalaron.
«Sin embargo, los acontecimientos como abusos sexuales en la infancia, que a diario ocupan la actividad de los tribunales, demuestran que la ausencia de denuncia en estos delitos no implica perdón ni olvido, sino que la mayoría de las veces responden a un proceso interno que debe transitar y elaborar para asumir los costos que una denuncia penal le acarrearán, los cuales van desde el recuerdo doloroso de lo vivido hasta la incertidumbre y el temor que les genera no saber si alguien apoyará su decisión y versión, pasando por las distintas pruebas a las que deberá ser sometida en el proceso judicial, y hasta quizás culpa por las consecuencias familiares que su denuncia pueda provocar», agregaron.
UN DOBLE
AGRAVIO
En cuanto al fallo mencionado, remarcaron que «la víctima y denunciante se encuentra nuevamente agraviada y revictimizada por esta sentencia que deja impune al hombre que era su padrastro y violador desde que ella tenía tan sólo 12 años».
«Como si esto fuera poco, el abusador es a su vez, padre de su hijo, concebido producto de estas violaciones, dejándola así totalmente desamparada, ya que a pesar de todo el esfuerzo psicológico que le costó el proceso de poder finalmente hacer la denuncia, reconociendo que lo que le sucedió cuando era tan joven no fue su culpa y dejando de lado toda la presión social y familiar», sostuvieron.
El informe detalla que el Juzgado de Instrucción Nº 2 ordenó las pericias necesarias para la investigación, el ADN del hijo en común, pero el abogado defensor del acusado en ese momento, se opuso y presentó la prescripción del delito. La Jueza denegó su pedido, pero el letrado apeló a la Cámara Penal de Apelaciones de la Ciudad de Corrientes, y fue ésta la que dictaminó a favor de su pedido. «Es por eso que se dictó finalmente el sobreseimiento del imputado por prescripción. Es decir, se lo deja impune, y ni siquiera se puede investigar, o realizar el ADN, que demostraría sin duda alguna el aberrante delito», expusieron.
Según dieron a conocer es por toda esta situación que, a través de su Asesoría Jurídica Penal, compuesta por los doctores Nicole Jones Romero y Conrado Rudy Pérez, el Ministerio una querella para representar judicialmente a la víctima, y a su vez, un escrito de casación, haciendo todo lo judicialmente posible para revertir «esta sentencia absolutoria tan injusta».
El objetivo de los profesionales del Derecho Penal del Ministerio de Justicia es que el Superior Tribunal de Justicia revoque la sentencia de Sobreseimiento por Prescripción y consagre una jurisprudencia, que sirva de «leading case» para este y todos los casos similares de la provincia. A la vez que ordene la investigación de estos casos de abusos sexuales gravísimos cometidos contra víctimas menores de edad, «respetando siempre el tiempo de las víctimas para denunciar, evitando que estos casos queden impunes bajo ningún pretexto, ponderando los derechos de las víctimas más vulnerables por sobre cualquier otro».
Los derechos de los imputados deben ser merituados en forma conjunta con los Derechos de las Víctimas, en este caso es una obligación fundacional del Estado investigar y dar respuestas a toda la Sociedad sobre los hechos delictivos gravísimos cometidos contra víctimas vulnerables, ya que esa es la condición para evitar la justicia por mano propia.
Los doctores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aseguran que «existe mucha angustia en la víctima nuevamente vulnerada, y gran expectativa social sobre la necesidad de que los gravísimos abusos sexuales se investiguen y se haga justicia». En ese sentido, advierten que «un Estado que abre la puerta a la impunidad, por sobre el acceso a la Justicia de las víctimas más vulnerables, también abre una ventana a la venganza privada».
.