En 2021, el máximo Tribunal de la Nación desempolvó una causa por la que repuso la vigencia de una ley de 2006. Resolvió declarar la inconstitucionalidad de la normativa del Consejo de la Magistratura que determinó que, días atrás, el Presidente del Tribunal pasara a presidirlo. Está claro que es el alto cuerpo judicial quien maneja los tiempos. Así como hay causas que tardan años en resolverse, en otras imprime «un trámite exprés», tal como ocurrió ayer con el caso Entre Ríos, donde impidió la remoción de la Subprocuradora Fiscal por la vía del juicio político. La decisión se inscribe en la nueva impronta dada por el actual Presidente, quien ha dejado en evidencia que está dispuesto a conducir «con mano firme» tanto el Tribunal como el Consejo de la Magistratura. La nota relevante es que el ex titular, Ricardo Lorenzetti terminó cerrando filas. La Corte se abroqueló. Públicamente cuestionó al Gobierno por pretender avanzar en la modificación del número de miembros del Tribunal sin consulta con la Corte, y dio un inequívoco respaldo a Rosatti. El desembarco de los cuatro ministros, con el apoyo de los principales cuadros de la Justicia Federal -en Rosario- fue una fuerte señal de cohesión de la familia judicial. En la edición del día siguiente a la elección del 14 de noviembre último, este medio advirtió, en tapa, que más que mirar lo que haría la ex Presidenta había que estar atentos a lo que, de ahí en más, haría la Corte Suprema. Anticipó dos fallos que se dieron semanas después. Ahora, nuevamente, hay expectativa por nuevas decisiones.
20-CONTRATAPA-9La Corte Suprema, por unanimidad, avaló la queja de la fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, que denunció irregularidades en el proceso que hoy busca desbancarla a través de un Jury; fue la responsable de coordinar el equipo que consiguió la condena al ex gobernador, Sergio Urribarri, por una red de desvío de fondos públicos.
El más alto Tribunal de la Nación ordenó que se tramite el amparo de la funcionaria judicial, por lo que el Tribunal Superior de Justicia de la vecina provincia, que había rechazado atender el reclamo de la funcionaria judicial, deberá tomar el caso y resolver la cuestión de fondo.
La decisión de hacer lugar al recurso de queja planteado por la defensa de Goyeneche no fue un hecho menor. Puesto que la misma se dio con el aval de todos los miembros de la mesa decagonal del Palacio de Tribunales.
Esto mostró el acople del juez Ricardo Lorenzetti, que ayer permitió que el fallo tuviera la condición de unánime.
Para los supremos, la decisión del Superior Tribunal entrerriano, de rechazar por defectos formales una apelación de Goyeneche contra el proceso que podría terminar con su destitución, atenta contra la garantía de la imputada de defensa en juicio. Por ello, instó a los jueces a que tomen la causa y resuelvan la cuestión de fondo planteada por la funcionaria del Ministerio Público.
«Como se advierte, la decisión apelada cierra toda posibilidad -actual o futura- de que la actora pueda plantear judicialmente la alegada irregularidad en la conformación del órgano acusador, agravio que invoca como una afectación del debido proceso constitucional (art. 18)», argumentó la Corte.
Goyeneche -quien ocupa el cargo de Procuradora Fiscal Adjunta- hizo el planteo con el fin de impugnar la resolución dictada en el marco del Jury. La fiscal cuestionó, en su reclamo ante la Corte Suprema, la decisión del Superior Tribunal de su provincia de impedir que los fiscales intervinieran en ese proceso, una decisión que provocó que se tuviera que designar a un abogado de la matrícula para acusarla. Gastón Justet fue el letrado Ad Hoc que aceptó el cargo luego de que varios de sus colegas se negaran a cumplir esa función.
El argumento para esa designación fue que todos los fiscales de la provincia dependen jerárquicamente de Goyeneche y del procurador, Jorge Amilcar García, que también fue denunciado.
EXPEDITO
Hace 11 días, previo al inicio del Jury, la Corte Suprema había pedido el expediente del caso Goyeneche, aun así no se detuvo el proceso contra la Fiscal anticorrupción. Fue así que, desde el lunes, la fiscal cuya investigación permitió descubrir una estructura de recaudación ilegal de la política de Entre Ríos está sentada en el banquillo de los acusados y podría terminar fuera de su cargo y con una causa penal.
Ante ello, el máximo Tribunal del país actuó con celeridad, por considerar la situación de una gravedad institucional importante, justificando así su intervención inmediata, destacándose que, tal lo sucedido con la habilitación de Carlos Menem para ser candidato a senador nacional, se dio en pocas horas.
Abroquelamiento en Paraná
Procuradores de casi todo el país arribaron a la capital entrerriana para manifestar su apoyo a la fiscal, Cecilia Goyeneche, quien recibió la noticia del fallo de la Corte Suprema a su favor mientras hacía de anfitriona de una veintena de sus pares que almorzaron con ella y le manifestaron su respaldo.
Los comensales, todos fiscales experimentados, discutían qué significaba el fallo que acababa de llegarles a sus teléfonos. Varios lo encontraban críptico, pero a ninguno lo sorprendió: por intuición o por alguna información extraoficial ya todos sabían que sería favorable a la Fiscal Anticorrupción que está siendo enjuiciada.
Para los funcionarios judiciales, este fallo tiene un punto gris, que tiene que ver con que no se ordenó frenar el Jury de Enjuiciamiento.
Aun así, Goyeneche manifestó: «La Corte me dio un respaldo por lo rápido que sacó mi sentencia. Podría haber elegido no resolver con esta celeridad».
Ayer, la manifestación de apoyo se dio en el coqueto restaurante del hotel Howard Johnson Mayorazgo, donde la Fiscal estuvo rodeada de los jefes de los fiscales de casi todas las provincias que llegaron ayer a Paraná.
Viajaron representantes de los ministerios públicos fiscales de la mayoría de las provincias, salvo de Jujuy, Formosa y Tierra del Fuego.
El encuentro fue, formalmente, una asamblea extraordinaria del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la Argentina. El presidente de esta asociación, Alejandro Gullé (Mendoza), advirtió ante la prensa: «Estamos ante una situación de alta gravedad institucional. El mensaje que se está dando con esto es: si te metés con la corrupción, te va mal».
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