El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°2 de Corrientes determinó que el Estado fue responsable del suicidio de un joven de 18 años que estaba alojado en la Comisaría 7ª de la Capital. El fallecimiento se produjo en febrero de 2018, cuando el sujeto se encontraba detenido por estar acusado de robar una motocicleta.
El fallo judicial plantea que existió un incumplimiento estatal en relación a las condiciones de alojamiento que exigen tanto las leyes como los Tratados de Derechos Humanos, y que eso contribuyó al suicidio del joven demorado, por lo que “el fatal resultado fue producto de una con-causalidad entre el acto del joven y la omisión del Estado”.
Además, el Juzgado planteó que “el hecho de que el joven haya estado alojado en esas condiciones -con elementos riesgosos a su alcance, en un lugar apartado, lleno de basura, sin higiene y sin luz- contribuyó o permitió su muerte, más tratándose de un muchacho con antecedentes de adicción y que había consumido estupefacientes antes del hecho, todo eso en el contexto de encierro ante una aprehensión policial”.
Vale mencionar que el joven apareció ahorcado en una celda al lado del pasillo en el que fue alojado tras ser detenido por el presunto robo. Las pericias comprobaron que había consumido drogas.
De esta manera, se le dio razón parcialmente a la demanda por daños y perjuicios que los padres del fallecido hicieron contra el Estrado provincial.
El Juzgado entendió que existió una “con-causalidad entre el suicidio y el incumplimiento estatal en relación a las condiciones de alojamiento que llevaron al fatal resultado. Y, al haber con-causalidad, es decir dos causas que conllevan al resultado, el Estado Provincial sólo debe responder en la medida en que la omisión estatal contribuyó al resultado”.
Desde el Poder Judicial explicaron se aplica el conceto de con-causalidad “porque se constató la falta de servicio o el cumplimiento irregular de un servicio estatal, lo cual implica que no se requiere individualizar quién fue el autor de la falla ni tampoco demostrar la culpa de algún agente en particular”.
Además, precisaron que si bien es cierto que de las pruebas surge las acciones de la víctima lo llevaron a la muerte, todo ocurrió marco de acciones y omisiones estatales que permitieron o contribuyeron a la determinación del joven a terminar con su vida.
“Se puede considerar razonablemente que el desenlace fatal pudo ser evitado si se hubieran cumplido con los deberes y condiciones relativas a la privación de su libertad. A pesar de contar con poco lugar en la comisaría para alojar a detenidos o demorados, lo alojaron en un pasillo al lado de dos celdas usadas como depósito, llenas de elementos riesgosos y sin ningún tipo de cerramiento sin que se desprenda por qué motivo no se arreglaron los cerramientos que no funcionaban. Tampoco se constató que se hubieran tomado medidas previas al hecho para superar esa situación, como en cambio sí surge que se hizo luego del hecho, al vaciar y ordenar las celdas en cuestión”, plantearon desde la Justicia correntina.