El domingo 27 de octubre de 1991, los correntinos se despertaron para ir a votar por el sucesor del gobernador, Ricardo Leconte, desconociendo el escándalo político que se avecinaba que, a la postre, en menos de una década se llevó puesto -primero- al Pacto Liberal Autonomista y -luego- al Partido Nuevo.
El resultado de esas tumultuosas semanas fue una Intervención Federal de poco menos de 2 años, con tres interventores designados, dos elecciones anuladas y una reforma constitucional en el medio.
Es, por estos episodios, que Corrientes tiene un calendario electoral distinto al de la Nación y de 22 distritos.
EL EMPATE
Las elecciones de 1991 terminaron con un claro triunfo del Pacto Autonomista Liberal (PAL) con la fórmula Raúl Romero Feris-Lázaro «Moto» Chiappe, con 171.528 votos (43 por ciento), seguido por el Partido Justicialista (Alberto Di Filippo-Rubén Pruyas) elegido por 132.848 votos (33 por ciento) y la UCR (Noel Breard-Pedro Vischi) llegó a los 69.774 sufragios (14 por ciento). Lo que hoy sería una segunda vuelta, 3 semanas después, no era así. La Constitución provincial de ese momento determinaba un reparto de bancas en el Colegio Electoral, órgano que nombraría al Gobernador. El ir separados perjudicó a peronistas y radicales por el sistema de reparto de bancas.
De los 26 escaños en el Colegio, el Pacto logró 13 electores, mientras que el PJ 9 y la UCR 4. La UCR anunció que sus 4 electores votarían al candidato del PJ, Alberto Di Filippo, por lo que la situación era un 13 a 13 que no se zanjó en el Palacio Legislativo y que llevó al peronismo a recurrir erradamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a pesar de las reservas del ya electo senador Martínez Llano, quien advirtió no sólo el sentido del veredicto del alto Tribunal, sino además la fecha en que lo haría, lo cual se confirmó. Fue el 26 de diciembre de 1991. La propia Corte menemista resolvió, por unanimidad, dejar en claro que no correspondía interpretar el artículo 114 de la Constitución, revalidando el criterio que sólo se expide sobre casos concretos en los que haya de por medio una cuestión de naturaleza constitucional.
LA GRIETA DE
ENTONCES
Era el tiempo en que la grieta en Corrientes pasaba por el Pacto-anti Pacto. Importa recordar que el acuerdo radical-peronista fue muy difícil de articular. Menem era de aquellos que decía: «Con los radicales ni a misa». Se llegó al extremo, durante la intervención partidaria de Vicente Joga, que el apoderado partidario Velázquez Ibarra firmó «a sopapos», de entonces un dirigente peronista «de pocas pulgas», la alianza que finalmente el propio Menem desconoció, mandando especialmente de Buenos Aires al viceministro del Interior, Oscar Fappiano para que concretara el retiro de la alianza ya presentada del Juzgado Electoral. Era, por entonces, una clara señal a «Pocho» Romero Feris, Ricardo Leconte y Juan Ramón Aguirre Lanari, cabezas visibles del Pacto Liberal Autonomista.
En los hechos, la segunda señal de Menem que, en 1990, al término de la recordada interna peronista que quebró la hegemonía de más de tres décadas del legendario caudillo Julio Romero, pidió a Martínez Llano, el ganador de la candidatura mayor, que secundara a José Antonio Romero Feris en la fórmula del 91 para validar el acuerdo del pacto con el peronismo que el riojano pretendía formalizar. Todo terminó en un armisticio que posibilitó que Martínez Llano pudiera proponer el interventor, que quedara de primer senador provincial y se llevara la mitad de la lista en todas las categorías. Fue el propio Martínez Llano quien, junto a Jorge Pérez Rueda, «Chingolo» Díaz Colodrero, Ángel Pardo y Carlos Raúl Farizano fueron a Formosa a ofrecer la intervención al «León Blanco» Vicente Joga. Menem tuvo entonces otra concesión. No simpatizaba con el hombre fuerte de Formosa, pero aceptó los términos de la negociación que le permitió a Joga colar un hombre de su riñón en la lista de diputados, «Baroncho» Aguirre, histórico referente formoseño.
Es el caso recordar que, de no haber sucedido ello, de haber ido juntos peronistas y radicales, esta alianza hubiera obtenido -con los mismos resultados- 15 bancas, contra 11 del Pacto, y la elección hubiera concluido con una rápida decisión del Colegio Electoral, consagrando un gobernador peronista.
El 10 de diciembre, Ricardo Leconte dejó el Ejecutivo a cargo del presidente provisional del Senado, Hugo Mancini. Luego de varias sesiones con ausencia de peronistas y radicales, el Colegio Electoral, sin quórum, con 13 integrantes designó Gobernador a la fórmula del PAL.
Ante tal situación, el 7 de febrero de 1992, Carlos Menem determinó la Intervención Federal del Poder Ejecutivo de Corrientes con el Decreto Nº 241/92, donde se mencionó que Mancini carecía de la competencia de llamar a elecciones, por lo que se necesitaba remediar la situación «con la contribución y el auxilio del Gobierno de la Nación».
El designado Interventor Federal fue un dirigente de la Ucede, Francisco Durañona y Vedia, amigable del Pacto, cuya misión era normalizar la situación de la Provincia. Asumió el cargo el 7 de febrero y duró poco más de 6 meses hasta que un imprevisto y tardío giro de Carlos Menem hacia el peronismo terminó con la designación de Claudia Bello que, ya en el terreno, pagó el precio de su inexperiencia. No logró congeniar una estrategia común ni con el Interventor partidario, ni con el ya senador Martínez Llano.
La joven Interventora promovía un recambio generacional, con un fuerte apoyo al entonces intendente de Paso de los Libres, Fernando Lahoz.
LA FUGA Y
LA REFORMA
El 14 de agosto de 1992 no sólo se lo reemplazó por la joven dirigente peronista, Claudia Bello, sino que también se extendió la Intervención al Poder Judicial con el Decreto 1.447/92. La decisión política del Poder Ejecutivo nacional fue intervenir los tres poderes del Estado mediante tres decretos sucesivos: el 1.448/92 para el Legislativo y el 1.449/92, para el Ejecutivo.
El 1.448, si bien fue firmado, fue roto en el marco de una dura negociación llevada a cabo en la madrugada del mismo 14 de agosto, en el primer piso de la Casa Rosada por un grupo de diez legisladores provinciales, de distintos partidos comandados por Martínez Llano quien, aunque lideraba la resistencia, mantenía una fina línea de negociación con el Gobierno nacional.
LA NUEVA ELECCIÓN
Con fecha del 20 de diciembre de 1992, con los mismos candidatos que en 1991, el Pacto Autonomista Liberal volvió a imponerse, pero el reparto, en el Colegio Electoral dejó otra curiosidad: el peronismo sacó menos votos, pero logró 12 electores contra 11 del PAL. La UCR sacó 3 que volcaban la balanza. El peronismo de Corrientes priorizó derrotar al Pacto, en un nuevo desafío a la conocida postura de Menem, que no tardó en reaccionar.
En los primeros días de enero hubo acuerdo entre radicales, autonomistas y liberales. Pese a tener sólo 3 electores, Breard iba a ser ungido Gobernador. Pero, el 16 de enero, cuando iba a ser votado, sucedió un nuevo escándalo. El «diablo metió la cola» luego de un cuarto intermedio que no debió haberse concedido.
«SALTÓ LA LIEBRE»
CON LA TRAICIÓN
DE BRUZZO
La novedad estuvo en que también se «fugó» el radical Ramón Tabaré Bruzzo. Se lo tragó la tierra.
El 19 de enero se intentó reemplazar a Bruzzo, pero esto fue rechazado por el Superior Tribunal de Justicia (en comisión nombrado por Bello) que determinó la nulidad de todo lo actuado, la caducidad del Colegio Electoral y la anulación de las elecciones del 20 de diciembre. El argumento fue que no existía en la Constitución provincial vigente un mecanismo de cambio de electores, ya que Bruzzo había asumido su banca.
EL ESCÁNDALO
ARRASTRÓ A BELIZ Y
A CLAUDIA BELLO
Las cosas no anduvieron. Los acuerdos asumidos por los legisladores en la madrugada del 14 de agosto del 92, a criterio del Gobierno, no se cumplieron. Así fue que, en enero de 1993, el escándalo del senador Bruzzo le costó la cabeza al ministro del Interior, Gustavo Beliz y a la propia interventora Bello. Y fue el propio Menem quien ordenó que la Intervención se extendiera al Poder Legislativo mediante el Decreto 53/93.
La decisión nuevamente mereció la resistencia de un grupo de legisladores, con el propio Martínez Llano a la cabeza. Plantados en Buenos Aires lograron instalar mediáticamente la gravedad institucional que atravesaba la Provincia. Interesaron a los ministros de la Corte Suprema y al embajador americano, Terence Todman, con lo cual se creó un clima de tanta tensión que determinó luego de varias semanas que Ideler Tonelli amenazara con renunciar al cargo y que la Convención Constituyente -que ya por entonces sesionaba para modificar la Constitución eliminando el Colegio Electoral- entrara en crisis.
La pulseada la volvió a perder Menem. Luego de 33 días y en una decisión que no registra precedentes, se dejó sin efecto la Intervención al Poder Legislativo que, por segunda vez, salía indemne.
Hubo que esperar a la reforma de la Constitución provincial, cuya Asamblea funcionó con 17 convencionales del Pacto Autonomista Liberal, 16 peronistas y 6 radicales. Se estableció que las elecciones a Gobernador serían directas y se eliminaron las secciones electorales en las que dividían a la Provincia.
El 3 de octubre de 1993 se volvió a votar en Corrientes, al igual que en 1991 y 1992, el Pacto Autonomista Liberal fue la fuerza más votada, pero no alcanzó para triunfar en primera vuelta. Ante la diferencia de votos, el peronista Alberto Di Filippo, en una traumática decisión resistida por la militancia peronista, cedió ante la presión de Menem y se bajó del balotaje.
El 10 de diciembre, Corrientes volvió a tener Gobernador, pero quedó con el calendario electoral desfasado de lo que sucede a escala nacional y en otras 22 Provincias.