Hay al menos cinco incrementos programados para el séptimo mes del año que impactarán en el índice general de precios.
De esta manera, julio estará marcado por alzas de los combustibles, alquileres, prepagas, entre otros servicios que sumarán al índice general de precios. A esto se suma la desregularización en tarifas de Internet y las actualizaciones en mercaderías como efecto rebote de la suba en naftas.
En el caso de alquileres, aquellos que firmaron un contrato bajo la Ley de Alquileres -que actualiza el precio anual a través del Índice de Contratos de Locación (ICL) que combina inflación y salarios- tendrán un aumento que rondará el 240 por ciento. Esta fórmula se aplica únicamente a los alquileres iniciados entre el 1 de julio de 2020 y el 17 de octubre de 2023.
Más allá de la derogación de la Ley 27.551 con el mega DNU, los contratos en curso deben ser respetados hasta su fecha de vencimiento. Esto significa que mientras el acuerdo esté vigente, todos los términos y condiciones se mantendrán hasta el momento de su finalización.
De esa manera, si una persona comenzó a alquilar el 1 de julio de 2023 y enfrenta, entonces, su primera actualización anual en base al índice que elabora el Bcra, tendrá un aumento del 244,4 por ciento. Si pagaba 150.000 pesos por mes un año atrás, ahora pasará a abonar 516.600 pesos mensuales por la misma vivienda hasta julio de 2025.
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Los precios de la nafta deberían aumentar 12,5 por ciento promedio y el gasoil un 10 por ciento este lunes 1. Eso si se aplica la actualización que el Gobierno vine postergando de los Impuestos al Combustible Líquido (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC), que se traslada a los valores finales de manera directa. El Gobierno debe definir si traslada toda la actualización o, como en junio, la segmenta para frenar el impacto en precios. A esa suba, se sumará la decisión de las petroleras.
Con esta actualización, de manera casi inmediata se dará un alza en las mercaderías, considerando que se elevarán los costos de traslados.
Por otro lado, después de la discusión judicial a raíz de la presentación que realizó el Gobierno, las empresas de medicina privada acordaron que desde julio los aranceles se ajustarán libremente. Además, se comprometieron a devolver en 12 meses lo cobrado por encima de la inflación entre enero y abril.
De esta manera, para el séptimo mes del año al menos cuatro grandes empresas comunicaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas rondarán el 6,7 y 8,5 por ciento.
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Se suma a la medida que a través del Ente Nacional de Telecomunicaciones se estableció eliminar las regulaciones que establecían un tope a las tarifas de Internet, telefonía celular y cable. El límite de los aumentos era de entre el 5 y 10 por ciento mensual y ahora deja de regir, con lo cual las empresas tienen luz verde para fijar los precios que consideren más convenientes.
A partir de ello, la normativa entrará en vigencia el día de su publicación, por lo que afectará las tarifas a partir de julio.
Se trata de una decisión de sus interventores Juan Martín Ozores, Patricia Roldán y Alejandro Pereyra, enmarcada en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 302/2024 que anulaba el DNU 690/2020, el cual declaraba a los servicios como públicos esenciales y estratégicos y le otorgaba la facultad al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) de regular las tarifas.
«Los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación», señalan los considerandos.
«Surge de los propios considerandos del DNU N° 302/2024 que… los servicios de TIC han sido creados en competencia, así como la prestación de los servicios de comunicaciones móviles, siendo una facultad esencial para su desarrollo y crecimiento la posibilidad de que los licenciatarios puedan fijar sus precios libremente» y que «…el DNU N° 690/2020 establece una modificación esencial sobre el marco jurídico del sector, que debe ser corregida con el fin de salvaguardar las reglas que permitan el desarrollo de un mercado en competencia y la libre fijación de los precios de los servicios prestados», agrega.
Una buena: bajaron los precios de las verduras
El referente de la Asociación de Productores, Introductores y Mayoristas de Alimentos Perecederos de Corrientes (Apimac), Marcos Danuzzo señaló que los precios de las verduras han bajado.
«La semana pasada estaba 50 mil pesos el tomate y hoy está 10 mil o 15 mil. También el zapallo, que llegó a estar 1.000 pesos el kilo, ahora está entre 200 y 700 pesos. La cebolla repuntó un poco, pero se consigue entre 7.000 a 12.000 pesos, depende de la calidad. Acelga, 12 mil pesos el lienzo; la lechuga, a 12 mil; el morrón verde ha bajado a 16 mil y el rojo, que estaba 60 mil está en 25 mil pesos. La batata de la zona, a 4 mil; la mandioca -22 kilos- a 6 mil pesos y la bolsa de limón, a 2.500 pesos», señaló en diálogo con el Matutino de Mega.
Destacó que al Mercado de Concentración -ubicado en cercanía de la rotonda de la Virgen de Itatí- llega gente «de la ciudad y de afuera, incluso de otras provincias» y que «se vuelca más a caminar el mercado». Agregó: «Tratamos de que la gente haga rendir su dinero. No hacemos competencia con los supermercados y verdulerías, porque acá hay productos que en esos lugares no se venden». Con respecto a las frutas señaló: «El citrus ha tenido una caída importante, hay de 5 mil a 10 mil pesos y el bueno está 12 mil, depende de la calidad y el tamaño. La bandeja de frutilla está 25 mil porque recién arranca. La banana que viene de Ecuador se baja por barco a Chile y ahí cruza, pero como está cerrado el pase hay una faltante y sube el precio. El frío en la zona de Formosa, Salta, Paraguay y Brasil, hace que la banana no se desarrolle bien, es más finita, y lo que sale a la venta tiene menor valor».
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