En horas de la mañana se realizó una audiencia con organismos nacionales, provinciales y municipales, y representantes de puesteros en el Juzgado Federal de Paso de los Libres. En la reunión se trató el pedido de desalojo solicitado por la Dirección Nacional de Vialidad del parador Gauchito Gil, ubicado en la Ruta Nacional 123.
Según información brindada por el periodista mercedeño, Agustín Ávalos la base del acuerdo sería “comenzar a nivelar el terreno del camping donde instalarán una carpa para ubicar allí a los puesteros de la zona de banquina”.
La provincia se comprometió a presentar un plano para la reorganización del lugar y ordenamiento comercial. La zona de banquina debe quedar limpia solamente el santuario. Las familias que viven allí deben ser reubicadas. Además, adelantó que el Municipio mercedeño “donaría terrenos para que el Invico construya sus viviendas en la ciudad”.
Asimismo, el Ministro de Justicia de la provincia, Buenaventura Duarte en diálogo con Radio Dos, comentó que “será homologado un documento, por el juez Fresneda, con la conformidad de todas las partes de que se haga la desocupación de la banquina de la ruta, y la limpieza, se va a tratar de que se traslade a los puesteros, a un lugar durante un año, mientras se hacen los papeles para que los 55 puesteros vayan a un terreno que le va a entregar el gobierno”.
A su vez, el funcionario de la provincia, expuso que “además se trasladará la Policía de Corrientes a un terreno y una vecina lindera dona un terreno para que la fuerza federal pueda estar presente en la zona”.
La reunión se realizó como una consecuencia del incansable pedido de justicia de la viuda de Sergio Checho Canteros, asesinado junto a su padre Milton Canteros en un ataque con arma blanca del cual fueron víctimas cuando una patota ingresó al domicilio de la familia Canteros en frente de la ermita. De la audiencia de conciliación preliminar participaron representantes de Vialidad Nacional (por el Estado nacional), Vialidad Provincial y Ministerios de Justicia y de Seguridad de Corrientes, de la Municipalidad de Mercedes y el interventor de la Asociación Civil Centro Recreativo Devotos de la Cruz Gil y demás partes que integran el proceso.