El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, destacó que el proyecto de ley sobre la producción de cannabis medicinal, aprobado anoche por el Senado, generará «diez mil puestos de trabajo» y «actividad económica por 500 millones de dólares».
El funcionario nacional consideró que con esta aprobación «se abre una perspectiva muy positiva. Es un sector nuevo que en los próximos años va a generar 10.000 puestos de trabajo y nueva actividad económica por cerca de 500 millones de dólares, 50 millones de exportación, y con ello va a arrancar un sector con presencia federal en la actividad primaria, en ciencia y tecnología, en la actividad industrial y un incipiente desarrollo en varias provincias de la Argentina».
«Estamos convencidos de que este desarrollo, este nuevo marco normativo va a permitir crear un nuevo sector económico, empleo, más producción y más trabajo. En definitiva, los elementos que ponemos en consideración, que nuestro Presidente insiste como temas centrales para poner a la Argentina de pie», abundó el ministro.
«La industria del cannabis medicinal y cáñamo industrial incorpora cerca de 200 productos y servicios asociados en su cadena de valor, es decir que abre una multiplicidad de opciones para desarrollar actividades de servicios y de producción en toda la Argentina, resaltó Kulfas.
El ministro de Desarrollo Productivo añadió que «vale destacar que hablamos de una actividad que crea tiene empleo calificado. En países como Canadá el 20 por ciento del empleo está abocado a tareas de investigación y desarrollo, es decir que es una actividad que va a generar nuevos desarrollos productivos y proponer soluciones para la salud, terapéuticas, que va a utilizar el cáñamo, que es un insumo industrial para nueva actividades, para el bioplástico, para autopartes y el sector textil».
«Insisto, un nuevo sector para la Argentina que esperamos tenga una alta relevancia en esto que tanto hemos mencionado, de un modelo de producción y trabajo» para el país.
Kulfas expresó asimismo el agradecimiento a los senadores, que han «acompañado y enriquecido este proyecto enviado por el Poder Ejecutivo».
Con 56 votos a favor, cinco en contra y una abstención, la iniciativa fue girada a la Cámara de Diputados para su revisión.
El proyecto
El proyecto busca «establecer un marco legal que autorice, -a través de un fuerte esquema regulatorio-, las etapas de siembra, cultivo, cosecha, producción, almacenamiento, transporte, comercialización, importación, exportación y posesión de semillas de cannabis, de la planta de cannabis, y de sus derivados, con fines de aplicación medicinal, terapéutica, paliativa o de investigación científica».
El segundo objetivo, según se detalla en la iniciativa, «consiste en legalizar los diferentes eslabones productivos y de comercialización del cáñamo o cáñamo industrial y sus subproductos».
Además, se aclara que «si bien el cáñamo no es un estupefaciente en los términos de la ley penal por no generar efectos psicoactivos, resulta necesario regular y controlar la actividad para evitar que en los cultivares de cáñamo se oculten cultivos ilegales de cannabis psicoactivo».
El proyecto establece un marco normativo que busca maximizar los mecanismos efectivos de regulación y control de la cadena productiva del cannabis medicinal e industrial, dirigiendo el otorgamiento y posterior control de las licencias a una «serie de eslabones productivos de mayor escala y formalidad jurídica» como empresas privadas, empresas públicas, consorcios mixtos, asociaciones civiles, cooperativas.
Asimismo, se contempla la creación de una agencia reguladora, un nuevo actor público, que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva del cannabis y tendrá a su cargo las múltiples instancias de regulación involucradas: la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame).
Esa entidad tendrá autarquía técnica, funcional y financiera y orbitará en el ámbito Ministerio de Desarrollo Productivo.
Al momento de analizar las solicitudes de licencias para producir cannabis medicinal o industrial, la nueva agencia establecerá los requisitos y antecedentes que se solicitarán al peticionante, con el fin de «maximizar los controles destinados a prevenir actividades ilegales, incluyendo el lavado de activos».
En el otorgamiento de las licencias, la Ariccame contemplará «el propósito de contribuir al desarrollo de las economías regionales y de promover la actividad de cooperativas y de pequeños y pequeñas y de medianos productores agrícolas».
El proyecto también contempla un régimen sancionatorio por incumplimientos a las reglamentaciones: desde el apercibimiento a la inhabilitación para operar en los plazos que se prevean, pasando por la multa, la suspensión y la caducidad de la autorización.