El Concejo Deliberante capitalino llevó adelante ayer la última sesión extraordinaria del ciclo 2022. Con la presencia de los 19 ediles, se aprobaron ordenanzas que formaron parte del temario enviado por el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), tras un pormenorizado análisis de las distintas comisiones.
En la crucial deliberación se aprobó elevar el 60 por ciento la tarifa plana del servicio de transporte urbano de pasajeros, que pasará valer de 60 a 96.50 pesos.
Vale destacar que el empresariado local había solicitado que el boleto de colectivos sea de 145,12 pesos, mientras que el dictamen técnico del Sistema Integrado de Movilidad Urbana (Simu) recomendó fijarlo en 116,96 pesos.
En la tarde se dio el visto bueno a la Tarifaria 2022. Este esquema tributario municipal, se sancionó con modificaciones de las comisiones de Hacienda y Legislación, contemplando planteos de la audiencia pública del pasado lunes 12 y cuestiones que surgieron del diálogo de los concejales con el secretario de Hacienda, Guillermo Corrales.
En el caso de este expediente, su análisis estuvo a cargo de las comisiones de Hacienda, Obras y Legislación, mientras que la audiencia pública tuvo lugar en el recinto el martes 13.
Por unanimidad, se sancionó el Presupuesto para el ejercicio fiscal 2023, que contempla gastos y recursos por 24.503.954.570 pesos.
UBER
Lo mismo ocurrió con la norma que reglamenta el sistema privado de transporte de pasajeros en la ciudad de Corrientes, y autoriza el funcionamiento del servicio brindado por plataformas digitales como Uber y Cabify, entre otras. «En realidad el sistema Uber ya está funcionando, lo que se hizo es equiparar los servicios anteriormente reconocidos con servicios como este, que son a través de aplicaciones. Pero esto obliga a que se registren, y les da condiciones de licencia similares a la de los remises y taxis», aseveró el concejal Nahuel Mosquera a EL LIBERTADOR.
El temario de extraordinarias contempló también el plan de regularización de habilitaciones comerciales y la modificación del Código de Edificación. Asimismo, los ediles dieron el visto bueno a dos solicitudes de uso de suelo para habilitación comercial y de un inmueble, y a la Contribución por Mejoras.
En la última sesión extraordinaria, el cuerpo parlamentario aprobó además la normativa que declara asueto administrativo cada 8 de marzo en adhesión al Día Internacional de la Mujer y la imposición del nombre de «Paseo de los Chamameceros» al espacio de homenaje ubicado en las terrazas del Paraná.
NEGATIVA
El bloque Frente de Todos y el monobloque «San Martín» se opuso al proyecto del oficialismo y presentó un despacho de minoría con una propuesta de 80 pesos que incluía ciertos condicionamientos, tanto para la empresa concesionaria como para el mismo Municipio, con el fin de mejorar sustancialmente el servicio.
«Este era el momento para que el Municipio tome una decisión política que quede en el tiempo en beneficio de los vecinos como lo fue en su momento el boleto estudiantil, por ejemplo, reinstalando el servicio nocturno e incorporando unidades con aire acondicionado, entre otras condiciones que el pliego habilita y que el Municipio no se preocupa por hacer que se cumplan», indicó la concejal Magda Duartes.
MEJORAS EN PARTIDAS PARA SALARIOS
Con respecto al Presupuesto, los concejales de la oposición destacaron haber logrado un incremento de 657 millones de pesos como partidas disponibles para mejorar las condiciones salariales de los trabajadores municipales.
«Después de reuniones con el secretario de Hacienda (Guillermo Corrales), al igual que el año pasado, advertimos que el Municipio debía mejorar la oferta disponible para salarios. Por eso propusimos elevar los gastos previstos y logramos que de 9.941 millones se pase a 10.598 millones, es decir 657 millones de pesos más que el ejecutivo va a disponer para mejorar las condiciones salariales de los trabajadores», explicó la concejal Mercedes Franco Laprovitta.
En cuanto a la Tarifaria, el bloque oficialista aprobó el aumento del 89 por ciento. La oposición, en cambio, propuso un despacho de minoría con un tope del 50 por ciento de incremento en concepto de impuestos inmobiliarios y contribución por servicios a la propiedad.