La semana pasada, desde la Comisión Episcopal de Pastoral Social expresaron su postura ante el debate sobre la baja de edad de imputabilidad. Bajo el lema «más oportunidades que penas. No se trata de bajar la edad de imputabilidad, SI de asumir cambios profundo», emitieron un extenso comunicado donde a través de datos y reflexiones se sumaron a la discusión en torno a la delincuencia juvenil.
Tal es así, que en su primer párrafo expuso: «Desde hace muchos años, la sociedad argentina viene padeciendo las consecuencias de administraciones políticas que no han sido capaces de crear una cultura del trabajo que incluyera a todos los habitantes y que permita a todas las familias del país vivir con dignidad y procurarse los bienes necesarios para un auténtico desarrollo humano, laboral, social, económico y psicoactivo. Esto ha provocado innumerables problemas entre los que se encuentra la inseguridad y la delincuencia juvenil».
Lo que sabemos, por la estadística oficial, es que los menores no son los que más delitos cometen. De acuerdo con la estadística oficial del Sistema Nacional de Información Criminal – Sistema Alerta Temprana, del Ministerio de Seguridad Nacional, en 2023 (último dato publicado), en Argentina, los menores inculpados por delitos conforman un porcentaje muy bajo del
total», prosiguió el comunicado.
Luego, alentaron la posibilidad de sumar más voces a la discusión, al expresar que «la problemática de la delincuencia juvenil está atravesada por una enorme cantidad de factores que hacen necesarias las voces de especialistas como psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos y docentes. Cuando se escuchan estas voces, la propuesta de bajar la edad de imputabilidad no parece ser la más razonable».
«Es una idealización creer que la solución de la inseguridad es bajar la edad de imputabilidad y no considerar sus causas. Por ejemplo, hoy los adolescentes y jóvenes tienen muy fácil acceso al consumo de drogas», denunciaron.
Además invitaron a la reflexión a la sociedad: «También podemos preguntarnos todos: ¿qué mundo estamos creando los adultos para el crecimiento y desarrollo de niños y jóvenes? Muchos crecen sin oportunidades de una buena educación o de una necesaria formación laboral, o de contención familiar y social».
Y manifestaron de forma explicita su postura ante un tema que causa debates hace ya algún tiempo. Al respecto sentenciaron: «Consideramos que no es necesario modificar la edad, aunque sí es imprescindible un régimen penal juvenil/adolescente que tenga una mirada humana, integral, abierta a la esperanza. Cualquier reforma del Régimen Penal Juvenil debe hacer foco prioritariamente en la reinserción social y en la educación».