Las consultas de los vecinos comenzaron a darse con más frecuencia durante 2019. Los precios aumentaban y con esos montos disminuían sus sueños de adquirir un auto. Por eso mismo, un grupo de vecinos comenzó a buscar lugares donde hacerse escuchar, hablaron con las empresas, fueron a medios de comunicación y también se acercaron a la Defensoría de los Vecinos de la ciudad.
Allí la situación era la misma para decenas de habitantes que estaban atravesando la misma situación: planes de ahorro que cada vez aumentaban más.
Fue así que el defensor de los Vecinos, Agustín Payes tomó la decisión de iniciar una acción judicial. Eran tantos los casos que decidieron llamar a una convocatoria, querían juntar la mayor cantidad de testimonios posibles para tener suficiente peso ante la Justicia y que le presten atención a su reclamo. «Los vecinos llegaban acá con preguntas y muchas dudas. Entonces, como vimos que los casos eran numerosos, nosotros tomamos la decisión de intervenir judicialmente», recordó Payes.
En ese entonces, recibió un gran número de quejas y escuchó a muchos vecinos que atravesaron serias dificultades al momento de continuar con los planes de ahorro que había comenzado a pagar años atrás.
De esta forma, se inició una acción que antes no había sido usada por la Defensoría: el amparo colectivo. Esta acción judicial se realiza con el objetivo de solicitar la protección de los derechos fundamentales ante la Justicia cuando se ve amenazado por otro. Hasta el momento sólo se había actuado de forma individual, pero la cuestión numerosa fue la novedad.
En comunicación con el abogado que representa a la Defensoría de los Vecinos, Darío Romero detalló: «Nosotros arrancamos las presentaciones de la demanda en el año 2019, allí se solicitó que se retrotraiga la cuota al mes de agosto de 2018, momento en el que hubo una gran devaluación de la moneda. Esa gran depreciación de la divisa, más la suba del dólar generó una suba abrupta en las cuotas los planes de ahorro».
Cuatro cambios
El caso de los ahorristas de la ciudad está marcado por tres instancias que cambiaron a lo largo de estos años. Al consultar a Romero por este suceso, él explicó que se debe al contexto en el que se toman las decisiones judiciales.
«¿Qué pasó en primera instancia? Se hizo lugar a las medidas cautelares generales para todos los vecinos de la ciudad, es decir, se le retrotraía la cuota al valor de (en algunos casos) la interposición de la demanda o desde el momento de la medida cautelar», detalló sobre el primer momento que tuvieron que enfrentar, si bien la noticia fue buena no fue donde todo terminó.
«Ellos solicitaban que se quiten los gastos administrativos y los demás ítems que tenían, para que quede sólo la cuota pura, sin ningún otro ítem. Era lo que se venía gestionando y dictando desde el Poder Judicial. Con el pasar del tiempo, las empresas apelaron esas medidas cautelares y en segunda instancia fueron cayendo o modificándose. En consecuencia, ya no se establecía lo mismo que se había dictaminado en primera instancia. Se estableció un parámetro uniforme de un 50 por ciento, para que soporten en la misma proporción ambas partes, la empresa y los usuarios.
A lo que explicó: «Que soporten en la misma proporción las pérdidas que tuvieron como con la devaluación. Así fue que se estableció que soporten en misma proporción 50 para una parte y 50 para la otra. Con un porcentaje de 50 por ciento, para la suba de las cuotas. Esta podía subir mensualmente hasta un 2,08 por ciento en aquella época porque el aumento de la inflación era en ese entonces de un 50 por ciento anual».
Sobre lo que recordó: «Después la Cámara modificó ese criterio y se estableció el Índice de Precios al Consumidor, el cual es establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos la República Argentina. Esto, a su vez, fue modificado otra vez por el Superior Tribunal de Justicia. Y se estableció que se debía pagar conforme una resolución que sacó la entidad madre que nuclea a los planes de ahorro que es la Inspección General de Justicia. La encargada de establecer los mecanismos para reglamentar estas cuestiones. En este caso dictó una resolución, mediante la cual se estableció que se podían prorrogar las cuotas para pagarlas a futuro y que, en consecuencia, no se les iba a cobrar intereses».
«La resolución de Inspección General de Justicia ahí modifica otra vez, en la sentencia siguiente se hace lugar a la demanda en segunda instancia, pero se modifica conforme a la Inspección General de Justicia donde había establecido que a nivel nacional ellos establecen que se puede prorrogar. Lo que dice es que no se le contrae la cuota, que pueden aumentar y que las cuotas de vidas de la medida cautelar se van a pagar a pro rata, digamos a prorrateo para adelante. Ahí establece con la resolución 1.420 que van a pagarse sin interés conforme venían pagando y hasta entonces cuotas. Nosotros recurrimos a esa resolución y estamos a la espera de un resultado favorable para todos los vecinos perjudicados a través de tantos años», concretó.
El impulsor de la idea
El defensor de los Vecinos de la ciudad, Agustín Payes comentó: «El caso se trató de un incremento exponencial en el monto que pagaban los vecinos todos los meses. Por eso convocamos a que se acerquen los que estaban atravesando la misma situación y hubo una gran asistencia. Alcanzamos hasta una cuadra y media de fila de personas que se acercaron a nuestra oficina, es más tuvimos que pedir que por favor ya no se acerquen porque ya habíamos llegado a abarcar la cantidad de casos que necesitábamos para presentarnos ante la Justicia».
«El quae sí actuó en este caso fue el Juzgado Civil y Comercial 12 que hizo caso al amparo colectivo. Después también se presentaron expedientes entre particulares. El amparo fue una acción novedosa en el caso de la ciudad; fue la primera vez que los vecinos se organizaron de esa manera», resaltó.
En primera persona
Distinta es la historia de una de las damnificadas que tuvo que hacerle frente a la situación en nombre de su padre, quién es el dueño del auto.
«Para cuando sucedió todo esto, él ya había licitado y tenía el auto en funcionamiento. Él es taxista, necesita del auto para llevar el pan a la casa. Esta situación le generó estrés, picos de presión y no sólo a él, sino que a muchas personas también. Estos son casos de gente grande que apostó a la empresa, que quiso tener su autito y bueno, en el medio pasó esto».
«Llegó un momento donde cada uno de nosotros, con el tema de la pandemia no podíamos afrontar dicha cuota porque venía excesivamente elevada. Entonces, ¿qué hicimos? Nos acercamos a la Defensoría de los Vecinos de la ciudad, y ahí nos encontramos con que había varias personas que le estaban haciendo el mismo reclamo a Payes. Ahí fue cuando le consultamos: qué es lo que podemos hacer», relató la hija.
«¿Quién es el que fija los montos del vehículo? Porque una averiguaba cuánto era el precio y ahí vimos que nos estaban cobrando el triple. El costo era muy elevado en relación a lo que teníamos que pagar. Entonces se le planteó eso a Payes y ahí el dijo que íbamos a tomar acciones legales de forma colectiva».
Expectativas
«Con todo lo que está pasando y la crisis económica, la idea no es pagar esa cautelar que tuvimos en la primera instancia, sino abonar algo que sea acorde. Por ejemplo, en el caso de mi papá que es el que tenía el auto cuando lo estaba pagando el pagó en tiempo y forma, y justo el año que ya estaba terminando ahí le aplican la medida cautelar», señaló.
Sobre lo que detalló: «Cuando nosotros llamamos porque necesitábamos retirar la prenda, nos dijeron desde la empresa: ‘yo no te voy a dar la prenda porque hay una deuda’. Ahí le preguntamos: ‘¿Qué deuda?’. Porque otra de las cosas en las que ellos fallaron, fue que en ningún momento la empresa mandó una carta especificando que mi papá porque tenía domicilio en la provincia de Corrientes se iba a ver afectado a la medida cautelar. Entonces ese es el reclamo que nosotros le hacemos. Ellos podrían haber llamado, pedido que nos acerquemos y aceptemos la cautelar. Cuando nosotros decidimos sacar la plata de ahí nos retienen. Es algo ilegal porque no te pueden retener la prenda, fue en ese momento que nos manifestamos con pancartas y juntamos un grupo de damnificados».
La parte legal que muchas veces se deja de lado
El representante legal de la Defensoría de los Vecinos, Darío Romero señaló: «Nosotros hoy buscamos que el fallo se modifique conforme al primer criterio que tuvimos en esa oportunidad. Esa sería la solución más acertada. Que se establezca el aumento conforme al Índice de Precios al Consumidor. Y que se retrotraiga la cuota, para que, en consecuencia, las personas puedan ir presentando planillas y conforme a eso se vaya aumentando».
A lo que agregó: «Se trata de vehículos que ya están en la calle. O sea, los están pagando como nuevos, están abonando lo que sale la cuota de un auto 0 kilómetros, pero ellos ya están circulando y cuando eso sucede, empieza a generarse la depreciación del automóvil. Entonces lo más acorde y lo más razonable es que las empresas puedan aumentar, pero conforme a un criterio razonable y cierto».
«Necesitamos garantizar que los usuarios puedan saber cuánto van a tener que pagar el siguiente mes o el próximo año. Es menester que ellos dispongan de cierta previsibilidad para así gestionar e invertir su dinero para afrontar con soltura la deuda de su vehículo», explicó.
Y también describió: «Cuando uno va a comprar un auto y lo hace de esta manera, la empresa tiene la facultad de ir modificando el precio de la cuota en virtud, de un criterio que ellos mismos imponen. Entonces, el usuario no sabe a ciencia cierta cuánto debe pagar el mes posterior. Y por supuesto que los salarios no van en aumento, cada vez se les hace más difícil costear la suba de la cuota vehículo».
Romero detalló que «las escalas salariales de los trabajadores no se modifican en la misma proporción que las empresas cambian el precio del vehículo. Entonces, en consecuencia, no hay ninguna seguridad jurídica porque el asalariado, el trabajador, el jubilado, la ama de casa o quien fuera que abone o que tenga un auto no puede pagar porque su salario queda completamente pulverizado».
«Algunos tienen mejor o peor pasar que otros, pero, en definitiva, la mayoría son trabajadores o asalariados. Son a los que más les afectan este tipo de acciones porque ellos tienen un sueldo fijo y destinan determinada parte del sueldo a pagar cuota, así como también tienen otros gastos.
Por ejemplo, pagar un alquiler o sus hijos van al colegio. Son diferentes gastos que tiene una persona normal, y por supuesto que no puede derivar todo el sueldo en una cuota de un auto, porque de ser así no te va a quedar nada prácticamente para vivir. Por todo esto es una buena medida que se modifique el fallo en favor de los usuarios y los consumidores», finalizó.
La voz oficial a la que apuntan los reclamos
Desde una reconocida concesionaria a escala nacional declararon el año pasado que «adhieren al régimen de diferimiento ofrecido por la Inspección General de Justicia: los suscriptores podrán abonar la deuda generada con motivo de las medidas cautelares en cuotas suplementarias a partir del mes siguiente al vencimiento del plazo de finalización de los contratos, o a la cancelación de la última cuota».
En relación a quiénes comprende esta medida señalaron: «A todos los suscriptores en condición de ahorristas, en grupos vigentes, y a todos los suscriptores en condición de adjudicados en grupos vigentes y grupos finalizados. Todos los planes de ahorro con medidas cautelares colectivas e individuales de grupos vigentes y finalizados. Que hayan sido revocadas, a futuro, o en caso que los suscriptores desistan de la medida cautelar», explicaron en relación a qué comprende la normativa.
Mientras que, también se explayaron sobre la cantidad de cuotas que se deben abonar: «La cantidad de cuotas suplementarias de recupero del diferimiento surgirá de dividir el porcentaje de valor móvil del bien tipo, o su sustituto, no cancelado en virtud de las medidas cautelares aplicadas, sobre el porcentaje de alícuota del plan entero o reducido en planes con alícuota complementaria».
A nivel local, desde una concesionaria que fue consultada expresaron que «actualmente, la cuota del plan aumentó un 30 por ciento. Estos planes suelen durar entre 84 meses o 120 meses. Si bien la inflación nos ataca a todos, ese impacto no se siente tanto en las cuotas. Realmente es la opción más accesible por los montos que se aplican a las tasas de financiación. Esto es así, si el auto sube, también aumenta la cuota. Si antes de contado salía unos 10 millones, ahora cuesta unos 30 millones de pesos».
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