En el centro de la tormenta, el Instituto de la Yerba Mate atravesará una semana clave frente al desarrollo del debate parlamentario en el Congreso en torno a la desregulación para la economía nacional que impulsa el presidente Javier Milei.
En ese sentido, el viernes 19, desde el sector yerbatero instaron a las autoridades a considerar que la agenda presidencial en el parlamento nacional no retrase la dinámica de la producción, junto a una solicitud dirigida al organismo de control por una «revisión urgente» de los precios de la hoja verde y la yerba canchada.
El pedido fue presentado por la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte, con el objetivo de que las autoridades de la entidad, en vilo frente al debate del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y la Ley «de Bases», velen por abordar la actual situación del sector, afectado por «costos de producción crecientes».
En concreto, el documento insta directamente al directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) a abrir un espacio de diálogo para discutir la actualización de los precios de la materia prima, y, subraya la carta, se fundamenta en los incrementos de precios en insumos, combustibles, mano de obra y el costo de vida en Argentina.
La iniciativa surge después de que la jueza de lo Civil y Comercial de Posadas, Adriana Fiori, emitiera una medida cautelar que dejó sin efecto los artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia que despojaban al Inym de sus facultades, incluida la fijación de precios.
RETENCIONES AL
«0 POR CIENTO»
Por otra parte, desde el sector empresarial adelantaron que el proyecto de Ley «de Bases» tendría una serie de modificaciones en las que se incluiría la retención del 0 por ciento para las economías regionales.
La novedad, celebrada por el sector, refleja un pedido calificado como «crucial» por productores de todo el país, tras conocerse que ciertas industrias agropecuarias deberían tributar el 15 por ciento por este concepto.
Pese a que este cambio aún debe tener el visto bueno de los legisladores y tratarse en el Congreso, fuentes parlamentarias señalan que se trata de un punto tratado y acordado en el transcurso del debate que significa un «importante guiño» del Gobierno al sector.
Las modificaciones, que tendrían el objetivo de conseguir votos de la oposición, ceñida a reclamos sectoriales entre los que destacan los expresados por las economías regionales, también contemplarían la eliminación de más de cien artículos y cambios en la emergencia económica.
En esta medida, además de la yerba, té y madera, también estarían excluidos de las retenciones los sectores olivícola, arrocero, cueros bovinos, lácteos, frutícola, hortícola, porotos, lentejas, arvejas, papa, ajo, garbanzos, miel, azúcar, equinos, lana, maíz pisingallo, floricultura, forrajera, ovoproductos, jojoba, girasol confitero, alpiste, mijo, trigo sarraceno, quinoa, lupinos, lino, vitivinícola, aceite esencial de limón, algodón textil y maní.
El Ejecutivo
habría alcanzado consenso
El oficialismo libertario habría logrado voluntades suficientes para dar curso a ley «Bases» sin entregar las modificaciones en materia económica y legislativa que consideran más importantes del programa político-económico del Gobierno nacional.
En esa dirección, el martes 23 podría darse el dictamen y el jueves sesionar con la desregulación de la economía y las facultades delegadas en camino a la aprobación.
Fuentes dentro del espacio libertario, señalaron que ya se han conseguido los suficientes avales del PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal para poder aprobar el proyecto del Ejecutivo.
Según trascendió, el acuerdo comprendería cuestiones centrales como la fórmula para aumentar las jubilaciones, los sectores productivos alcanzados por las retenciones y con qué porcentajes y el detalle de las empresas a privatizar.
De las propuestas económicas del gobierno, cambiaría, además de las retenciones a las economías regionales, que se fijarían en 0 por ciento, los parámetros referidos al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y se excluiría a YPF, de las empresas del Estado a privatizar, entre otros cambios.
En tanto, se mantendrían las alícuotas para las retenciones agropecuarias, donde se impone un 33 ciento sobre los derechos de exportación a la soja.
Rechazan apelación del
Gobierno misionero
En tanto, la Cámara Federal de Apelaciones decidió no habilitar la feria para tratar la apelación del Gobierno.
El juez Alejandro Gallandat, inicialmente a cargo del caso, se declaró incompetente para tratar el reclamo de la Provincia.
Ante esta decisión, el gobernador Hugo Passalacqua presentó una apelación, la cual fue rechazada por la Cámara Federal.
Finalmente, la Cámara, compuesta por las juezas Mirta Delia Tyden, Ana Lía Cáceres de Mengoni, y la secretaria Civil de Cámara, Verónica Susana Zapata Icart, argumentó que el peticionante no logró demostrar un «peligro potencial» y que las razones presentadas fueron insuficientes en ese sentido.
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