El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Corrientes aprobó el Anteproyecto de Presupuesto Plurianual para el Ejercicio Financiero 2024, junto con proyecciones para los Ejercicios 2025 y 2026 del Poder Judicial, con un total previsto de 92.631.953.599 pesos para 2024. Sin embargo, la cantidad asignada en el proyecto de Presupuesto 2024 enviado a la Legislatura es de 68.067.636.422 pesos, lo que equivalente al 73,4 por ciento de la cifra calculada por la Corte provincial.
La Corte consideró que los fondos proyectados por el Ejecutivo fueron insuficientes para cumplir con las metas y objetivos establecidos.
Esta discrepancia entre lo solicitado por la Justicia y lo proyectado por el Ejecutivo no es nueva. Para 2023, el STJ había aprobado un anteproyecto presupuestario de 36.977 millones de pesos, pero el Poder Ejecutivo incluyó sólo 28.184 millones de pesos en el Presupuesto 2023 destinados a la Justicia.
En 2022, la Justicia aprobó un presupuesto necesario de 14,7 mil millones de pesos, mientras que el Poder Ejecutivo estimó los recursos en 12,7 mil millones de pesos. Para 2021, el Poder Judicial solicitó 9.474 millones de pesos, pero el Ejecutivo planificó 7.209.605.885 pesos.
En relación con el año 2023, el STJ emitió una resolución instando al Poder Ejecutivo y Poder Legislativo a garantizar la independencia y, sobre todo, la autarquía financiera establecida por la Constitución de la Provincia y la Ley provincial N° 4.420. Los ministros del Poder Judicial enfatizaron en que no buscan más fondos, sino el respeto por la gestión de su propio presupuesto.
ARGUMENTOS
Los miembros del Superior Tribunal argumentaron que aprobar un cálculo de gastos sin considerar la participación mínima del Poder Judicial en los recursos generales de la Provincia, establecida en la Ley de Autarquía Financiera (6,27 por ciento), con una tasa de inflación del 60 por ciento para 2024, dejaría al Poder Judicial sin los recursos necesarios para cumplir sus fines y objetivos. Consideran que el mecanismo de compensación previsto en la Ley de Presupuesto no permite al Gobernador administrar los recursos del Poder Judicial. Argumentan que debería respetarse el Artículo 192 de la Constitución y los Artículos 5, 6 y 11 de la Ley de Autarquía Financiera, así como los concordantes de la ley que regula la aplicación de excedentes por aumento de recaudación o ingresos debido a la inflación. Los ministros sostienen que, si no se respetan estos parámetros, se comprometería la independencia y autonomía del Poder Judicial, su autarquía financiera, la intangibilidad de los haberes de magistrados y funcionarios, y el derecho de propiedad de los empleados del Poder Judicial.
NECESIDAD DE INVERSIÓN
El Anteproyecto aprobado por la Justicia se basa en metas, objetivos y planes trazados. Incluye consideraciones sobre el nuevo Código Procesal Penal, la oralidad de los procesos penales, la reorganización del Ministerio Público Fiscal, los nuevos Códigos Procesal Civil, de Familia, Niñez y Adolescencia, y otros. También proyecta la incorporación de tecnologías de la información y comunicación, la eliminación del expediente en papel, la profesionalización de la gestión administrativa y jurisdiccional, así como un plan de obras públicas que contempla la implementación de los nuevos Códigos.
Bajo la lupa
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Corrientes reavivó las diferencias con el Poder Ejecutivo por la suma de fondos disponibles para emprender la proyección de gastos para el sostenimiento y desarrollo de los foros judiciales.
Los jueces de la Corte remarcaron que el presupuesto asignado ha sido consistentemente inferior a las solicitudes judiciales, generando preocupaciones sobre la viabilidad de cumplir con los objetivos y metas establecidos.
El STJ remarcó que los fondos proporcionados por el Ejecutivo son insuficientes y que esta discrepancia compromete la independencia y autonomía del Poder Judicial, sujeto a la Ley de Autarquía Financiera que establece una participación mínima del 6,27 por ciento para el sostenimiento del servicio de Justicia.
Los jueces advirtieron que la falta de consideración de este factor, junto con una tasa de inflación del 60 por ciento para 2024, afectaría negativamente la capacidad del Poder Judicial para cumplir con sus funciones.