Una polémica medida judicial ha encendido las alarmas en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y en la comunidad educativa del nordeste argentino. El Juez Civil y Comercial N°21 de la Provincia del Chaco, Fernando Benito Flores, ordenó el embargo de fondos de esta casa de estudios, en una decisión calificada por expertos legales como arbitraria y contraria al Derecho Federal, ya que ignora la supremacía de la justicia federal en casos donde el Estado Nacional es parte.
El conflicto se agrava porque el Juzgado Federal N°1 de Corrientes ya se había declarado competente en la causa, teniendo en cuenta que la UNNE es una institución nacional y le corresponde la jurisdicción federal. Pese a esto, el juez Flores avanzó con la medida, generando preocupación por el respeto a las normativas vigentes y la protección de derechos fundamentales.
Fondos embargados: un golpe a sectores vulnerables
Lo más grave de la medida es que el embargo afecta recursos destinados al pago de cuotas alimentarias, dinero retenido por la Universidad de los salarios de su personal para cumplir órdenes judiciales que benefician a niños, niñas, mujeres y otros grupos vulnerables. Estos fondos, que según las leyes vigentes son inembargables, están destinados a la manutención de personas que requieren protección especial conforme a convenios internacionales y normativas nacionales.
Además de estos recursos, el embargo afecta otros fondos claves, como el destinado a la complementación de jubilaciones y pensiones y los salarios de los profesores universitarios, lo que pone en riesgo el normal funcionamiento de la UNNE.
Reacción de la Universidad y acciones legales
Frente a esta situación, la UNNE ha tomado una postura firme e inició acciones legales en el ámbito civil y penal para revertir la medida judicial. Según fuentes universitarias, la institución ya ha solicitado a las autoridades de feria de la justicia chaqueña la liberación inmediata de los fondos retenidos de manera indebida, con el fin de garantizar el pago de las cuotas alimentarias y otros compromisos esenciales.
La Universidad también está impulsando acciones legales contra los magistrados y abogados que participaron en esta decisión, acusándolos de actuar de manera temeraria y maliciosa, lo que afecta derechos sociales fundamentales de los sectores más vulnerables.
Un llamado a la reflexión sobre el accionar judicial
El caso ha generado un profundo malestar en la comunidad educativa y social del nordeste argentino. La retención de fondos destinados a la manutención de niños y mujeres vulnerables ha sido señalada como una clara violación de principios de razonabilidad y justicia social. Desde la UNNE subrayan que, bajo ninguna circunstancia, un conflicto judicial debería poner en riesgo recursos destinados a garantizar derechos fundamentales, como el acceso a alimentos de niños y niñas.
Este conflicto pone en el centro del debate la necesidad de equilibrar las prerrogativas judiciales con la protección de los derechos humanos, especialmente en casos que afectan a sectores vulnerables de la sociedad. En ese sentido, la Universidad Nacional del Nordeste ha expresado su compromiso de seguir luchando por la protección de estos derechos y la defensa de los recursos que son esenciales para su comunidad.
La resolución final de este conflicto será crucial no solo para la UNNE, sino para sentar precedentes sobre la responsabilidad judicial en la protección de derechos fundamentales, especialmente de aquellos que requieren una tutela especial por parte del Estado y la sociedad.