Los últimos tiempos han mostrado un grado de madurez respecto al nivel de máxima tensión que alcanzaron las disputas en tiempos de Julio Romero, Vicente Joga o Ángel Pardo frente a quien puso límites en las últimas décadas. Hoy, las diferencias aún están encapsuladas, pero latentes, aunque no están mediatizadas como lo estuvieron por estos meses en el radicalismo provincial, que llega a las elecciones con dos sectores en pugna dispuestos a dirimir en la general lo que no pudieron hacerlo en internas. Los que recuerdan la primera reunión de los interventores en la sede del partido, meses atrás, tienen presente lo que se dijo. Acompañamiento y apoyo, que no será «un cheque en blanco». Y la advertencia que cobra actualidad de que tendrían «un cuchillo en la panza». Referencia gráfica que resume la decisión irrevocable de hacer respetar el peronismo de Corrientes.
02-POLITICA-2 03-POLITICA-7Algo está claro. Los interventores del PJ correntino y sus terminales en una ausente conducción nacional del justicialismo, subestimaron el escenario de Corrientes donde, en este turno electoral, se juega el poder político de la Provincia en lo que es un punto de inflexión que algunos llaman un cambio de época y que lo relacionan con un escenario disruptivo en la escena nacional, donde todo está por verse, con efectos previsibles sobre la perinola provincial.
La primera decisión que hizo ruido fue la extensión, por un año más, de la Intervención partidaria que -aunque dispuesta por el Congreso Nacional de marzo último- contraría la expresa prohibición de la carta orgánica nacional que pone un límite infranqueable de un año a las intervenciones políticas, previsión esta que la realidad mostró la razón de su espíritu por el desmanejo que produjeron los sucesivos interventores partidarios que, en los últimos cinco años, usaron y abusaron de la práctica del dedo, incluso con una perversa interpretación en las Primarias de 2019, que llegaron (con la participación de la fórmula Fernández-Fernández) a prohibir que la boleta larga pudiera ser utilizada por todos los candidatos en las Paso. Actitud sectaria de la que se ha venido pagando costos en los últimos años y de lo cual fue producto la imposibilidad de acordar una lista única en las últimas internas nacionales, en las que Cristina terminó rodeada sólo de los más cercanos.
En este marco de absoluta inacción de los interventores partidarios en algo elemental, como era el limitarse a acordar políticamente las reglas de juego para un proceso electoral que nunca encararon seriamente, estaba claro que venían «con el cuchillo bajo el poncho». En las últimas semanas, sin agregar un solo papel al Juzgado Electoral, uno de los interventores se dedicó a recorrer «como ternero guacho» la provincia sin disimular el pretendido carácter de armador de la llamada «lista del comisario». Aunque, a poco de andar, quedó de manifiesto que incluso dentro de la llamada Cooperativa quedaban «varios cabos sueltos».
Quizás creyeron, como también los «craneotecas» de Buenos Aires, que jugaban solos. Obviamente comienzan a advertir que acá se chocarán con la experiencia y la decisión de quienes de esto saben, en el manejo de los tiempos y las formas, así como en el uso impiadoso de los mecanismos que los medios y la Justicia habilitan para desarmar el nudo de las componendas a las que son afectos los que creen manejar los resortes partidarios. Algo común no sólo en los partidos políticos, sino en los clubes de fútbol, organizaciones sindicales y empresarias en los que se perpetúan oligarquías de control que sobreviven al amparo de la falta de profesionalidad de quienes están en la vereda de enfrente.
Algo de eso le ocurrió a Ricardo Quintela en la fallida puja por la conducción nacional. Le faltó estructura, experiencia y equipo para prevalecer sobre otra organización que tampoco se destacó por disponer de un «estado mayor» acorde a la responsabilidad de conducir al conjunto de un justicialismo que aún no logra estructurar una política ni un discurso para 2025, que se asocie a la necesidad de mostrar algo distinto para 2027.
Hoy, estará la Interventora en el Hotel de Turismo. Reuniones cerradas que hacen ruido a la militancia. Mañana, someterá en el partido a un plenario de dirigentes una lista de 11 candidatos a integrar una Junta Electoral que deberá quedar, en sesión permanente, por la sucesión de cuestiones a resolver y a la que le costará juntar el quorum de 6 para funcionar, tanto más cuanto deberán convivir con un veedor que dará cuenta al Juzgado de lo que se resuelva en tiempo real, así como la elevación a la instancia superior de las apelaciones que tales resoluciones generen en el marco del contralor jurisdiccional que prevé el artículo 32.
Todo ello con la feria judicial de por medio y el cambio de jueces, por el sistema de subrogancias. No es un hecho menor que, por decisión de la Cámara Electoral Nacional, expresamente se excluye a la Jueza Federal de Goya de toda participación. Nunca estará en la causa.
Hasta el 28 de febrero se alternarán Juan Carlos Vallejos y Gustavo Fresneda, pero, a partir de entonces, el Juzgado Federal N° 1, con competencia electoral, quedará a cargo del Juez Federal de Paso de los Libres en orden a la rotación impuesta por la Cámara Federal.
Entre el chipá y los mates de esta tarde en la sede, con José Ottavis de voluntarioso anfitrión y el cabildo abierto de mañana lunes, presidido por un peso pesado con cintura política, experiencia y prestigio como es la senadora Teresa García, comenzará a verse «la pata de la sota».
El equipo de José, que no es el de José Pizutti, célebre técnico de la «Academia» del 66, deberá pasar por el scanner para poner en blanco sobre negro quiénes estuvieron detrás del armado de un tribunal electoral interno que, aun siendo importante, dista de ser definitorio. Ello, porque cada una de sus resoluciones deberán pasar por el tamiz del Juez Federal a quien le cabe aplicar los criterios y precedentes que en materia electoral ha acuñado a través de los años el máximo Tribunal de fuero.
Mientras hoy la UCR cierre un capítulo, el peronismo recién comenzará a correr el telón de una realidad que, por ahora, y quizás sea lo importante, no se ha mediatizado. Tras los muros de la sede partidaria, «sordos ruidos» preanuncian que el tiempo de las decisiones ha llegado. Segundos afuera.
Plan A y B, expuestos
Contra el reloj se pretende cerrar la lista del equipo de 11 que integrará la Junta Electoral, en un muy difícil equilibrio entre los sectores internos que intentan prevalecer sobre los bonaerenses. Con el telón de fondo de una inminente feria judicial y con cuestiones de alto impacto a resolver en el Juzgado de María Servini, así como en la Cámara Electoral Nacional, queda en claro que los tiempos no dan para encausar un proceso que viene como «parto de nalgas».
No pocos creen que el «plan A» era montar un escenario de «pseudo competencia» para avalar una lista, mientras que otros creen que el «plan B» era el de conservar la birome de la Intervención para repetir lo que ocurrió en los últimos cinco años.
Lo que está claro es que las esperadas reglas de juego no se dieron. Que los tiempos de las soluciones políticas se agotaron y que, de aquí en más, serán los jueces quienes -como en otras oportunidades- asumirán la responsabilidad de tomar decisiones.
Una medulosa presentación del ex Presidente de la Junta Electoral (ver facsímil a la derecha) refleja que, a la fecha, como dice el refrán: «Estamos como cuando vinimos de España».
Con todo, el peronismo, aun con la organización pendiente, es uno de los favoritos para llegar a ser finalista en el ballotage. Con la entrada del verano se inicia la cuenta regresiva para una interna que se daría a principios de mayo, en la medida en que, desde ahora, se dé un giro de 180 grados, en simultáneo con el recambio de los interventores, que se quedaron «sin crédito».
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