El diputado nacional de La Libertad Avanza por el Chaco, Carlos García destacó entrevistado por EL LIBERTADOR, la firma del Pacto de Mayo en Tucumán, y el compromiso hacia principios rectores de política de Estado que emergen de él.
Destacó que el mismo incluya un equilibrio fiscal sostenible, reducción del gasto público y reformas laborales significativas, junto con responsabilidades provinciales en austeridad, transparencia y priorización del gasto público, aspectos a los que consideró cruciales para mejorar la gestión económica y fiscal.
El legislador consideró que la implementación de las bases aprobadas debe centrarse en escuchar y apoyar a los generadores de riqueza en el sector privado, eliminando regulaciones que obstaculizan el desarrollo económico, e indicó que, en adelante, La Libertad Avanza seguirá enfrentando desafíos constantes derivados de las reglas de la vieja política.
Han pasado varios días desde que se ha logrado el primer hito en el proyecto libertario. ¿Cuál considera que ha sido el impacto político de la aprobación y homologación de las bases?
-El impacto político es altamente positivo. Nuevamente, es una muestra más de gobernabilidad, un ejemplo de diálogo y consenso, ya que en ambas cámaras somos minoría. En términos políticos, esto demuestra que es posible realizar los cambios necesarios para devolver la libertad a los argentinos, pero para ello es necesario tener convicción y constancia.
Todo el país y el mundo han visto el acto en Tucumán y lo han considerado otro hecho histórico. Sin embargo, ¿qué beneficios trae la firma del Pacto de Mayo?
-En primer lugar, la firma por sí sola no tendrá efectos reales en los bolsillos de la gente. Lo verdaderamente importante es contar con políticos que puedan sentarse y establecer principios rectores de la política de Estado. Sabemos que la política de Estado y la política de gobierno no son lo mismo; la primera implica estrategias a largo plazo diseñadas para garantizar el desarrollo sostenido y el bienestar general del país, sin verse obstaculizadas por la política de gobierno, que se centra en acciones y medidas específicas implementadas durante el mandato para cumplir con el programa electoral y enfrentar el partidismo. Este es el beneficio: empezar a cambiar la mentalidad de corto plazo y mirar hacia el futuro, sembrar las semillas del progreso aunque signifique que nuestro partido no coseche los frutos. Eso es gobernar virtuosamente.
«Abrir Argentina al mundo»
Para ser precisos, ¿cuáles son las responsabilidades específicas que la Nación debe asumir tras la firma del pacto? ¿Qué obligaciones adquieren las provincias con este pacto?
-El Gobierno nacional ya ha demostrado respetar rigurosamente los puntos establecidos en el pacto que firmaron. De hecho, hacía décadas que no teníamos un gobierno con un equilibrio fiscal sostenible (punto 2 del pacto), ni habíamos visto una reducción tan drástica del gasto público, lo que deja en claro que es posible prescindir de gastos innecesarios (punto 3 del pacto). Y ni hablar de la reforma laboral que este gobierno está llevando a cabo con la Ley de Bases y el DNU 70-2023. Aún quedan más medidas para establecer un régimen laboral moderno que promueva el trabajo formal. Ahora bien, los gobiernos provinciales tendrán que cambiar la forma en que administran los recursos; deberán incorporar tres palabras a su vocabulario: austeridad, transparencia y prioridades. Si bien las provincias manejan cifras considerablemente altas, deben gestionar de manera transparente y evitar «filtraciones».
También deben saber priorizar el uso de estos recursos, siendo austeros y gastando sólo en lo necesario, no en caprichos a corto plazo. La reducción de aproximadamente el 25 por ciento del PBI no se logra únicamente con el Gobierno nacional, sino que también requiere que las provincias y los municipios administren mejor los recursos que se les quitan a los ciudadanos, quienes lamentablemente no llegan a fin de mes debido a décadas de despilfarro. Lo mismo ocurre con la educación, un área de competencia provincial no delegada al Gobierno nacional; las provincias deben diseñar un sistema educativo que ofrezca a nuestros jóvenes mayores oportunidades para desarrollar sus proyectos de vida de manera independiente, gracias a una educación de calidad.
Del mismo modo, las provincias firmantes se comprometen a explotar los recursos naturales, lo cual es fundamental para superar la crisis económica y brindar a la sociedad el alivio fiscal que merece. Cumpliendo fielmente con estos diez puntos, podemos hacer mucho por el bienestar de nuestra sociedad. Algunos puntos son más urgentes que otros, como el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público y la reforma tributaria. Estos tres primeros tendrían un efecto inmediato en las cuentas públicas y, por ende, en los bolsillos de los contribuyentes. Simultáneamente, debemos profundizar la reforma laboral y previsional para aligerar la carga sobre el sector productivo y permitirle competir en igualdad de condiciones regulatorias e impositivas con los países más desarrollados del mundo. Esto nos abrirá las puertas al comercio internacional, beneficiando a toda la sociedad argentina.
Coparticipación, debate pendiente
¿Cómo considera que debería llevarse a cabo la implementación de las bases aprobadas en el Norte del país?
-Podemos empezar de manera sencilla: escuchando más a los generadores de riqueza, quienes están en el sector privado, sobre las regulaciones que les impiden crecer y producir más y mejor, y derogando o modificando esas normativas. Estamos haciendo esto a nivel nacional, pero debe replicarse en los niveles provinciales, adaptándose al obsoleto entramado normativo de cada provincia, especialmente en la mía, después de tantos años bajo el kirchnerismo. Hay muchas formas de apoyar la creación de empleo en la provincia, y no se trata de crear empleos públicos, sino de ayudar a los empresarios que emplean a miles y miles de familias en nuestra provincia, desburocratizando miles de trámites innecesarios y regulaciones anticuadas, y asumiendo responsabilidades propias, como el mantenimiento de las rutas provinciales y puertos para reducir los costos logísticos incorporados en el precio de los productos. La promoción de bienes producidos en la provincia a través de organismos existentes pero ineficaces, entre otros métodos; lo que falta es la voluntad.
¿Cómo se coordinará la cooperación entre el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales para cumplir con el pacto?
-Las provincias pueden estar seguras de que el Gobierno nacional tiene estos diez principios del pacto profundamente arraigados. Las provincias no necesitan «coordinar cooperación» con el Gobierno nacional para cumplir con los compromisos del pacto; el hecho de que el Gobierno nacional los cumpla en sus propias dependencias es suficiente para que las provincias sigan el ejemplo que se ha estado siguiendo desde el 10 de diciembre. Esto no implica que no puedan solicitar asistencia técnica del Gobierno nacional. Los primeros cuatro puntos y el séptimo punto no requieren una cooperación profunda desde el Gobierno nacional hacia las provincias. En cuanto al quinto, octavo y noveno puntos, será el Gobierno nacional el que necesitará el apoyo de los diputados afines a los gobiernos provinciales para profundizar las reformas tributarias, previsionales y laborales. El décimo punto representa el debate más conflictivo, ya que las provincias que aportan menos en relación a lo que reciben en concepto de coparticipación no estarán dispuestas a perder esta fuente de ingresos; este será el punto de discusión más prolongado de los diez puntos.
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