La senadora nacional paraguaya del partido Participación Ciudadana, Esperanza Martínez fue entrevistada por EL LIBERTADOR y se refirió al pedido del republicano, Jim Risch al presidente, Santiago Peña, para reactivar la instalación de bases militares estadounidenses en la Hidrovía Paraguay-Paraná y en la Triple Frontera. Según la legisladora, son gestiones que se han mantenido ocultas al Congreso y al pueblo guaraní.
Esta situación se da en medio de la controversial «guerra fría» que a la vez mantiene con Argentina, respecto a la circulación por la ruta naviera, polémica que en las últimas horas sumó una decisión judicial respecto al cobro del peaje (ver nota arriba).
Así, la presión para la llegada de los Estados Unidos a la zona que justamente se encuentra inmersa en conflicto diplomático, sumó a las tensiones latentes en la región, junto con las críticas ya expresadas desde los países que integran el Mercosur por falta de transparencia que reviste, tras una breve gira del mandatario, Santiago Peña por el país del Norte.
¿En qué estado se encuentra el expediente referido a las bases en la Hidrovía?
-El tema del supuesto estudio sobre todo el trayecto, en términos teóricos, como se ha planteado, alude a tener una propuesta a futuro para sostener y mantener nuestro canal de comunicación. Para nosotros, al no tener costas al mar es un recurso estratégico y que, en relación al Paraguay, Argentina, Bolivia y Uruguay, en términos políticos y económicos se asemeja al Canal de Panamá. Valen las diferencias, pero estratégicamente ese es el valor que tiene el planteo que se ha hecho en el Congreso, en varias oportunidades, durante el gobierno de Abdo Benítez, y al cual, desde el Frente Guasu nos opusimos. La propuesta era que el estudio fuera entregado a la Armada de los Estados Unidos, sin que hubiera ninguna razón política ni económica, no de análisis de factibilidad que nos diga que tuviéramos que hacerlo de esa manera y no plantearlo como un nuevo emprendimiento de infraestructura y de construcción de viabilidad del río, y que pudiera ser incluso ofertado internacionalmente, que el Paraguay pudiera elegir de manera soberana una oferta internacional, nacional, que pudiera ser lo más conveniente. Esto era casi como una decisión de adjudicación directa, sin que existiera alguna razón que la justificara. Con esos argumentos, las oposiciones que se plantearon desde el Gobierno argentino, que no había participado de una consulta, así como los reclamos de diferentes sectores, exigimos -primero- que esto se hiciera en el marco del respeto a los países que integramos el Mercosur, que son parte de la Hidrovía, como lo establecen los tratados internacionales; y, segundo, que la oferta fuera abierta y finalmente seleccionada. Necesitábamos un proceso de mayor transparencia por la importancia que tenía el tema y, sobre todo, por el malestar que produce en el Paraguay la presencia de tropas norteamericanas. Aunque en este caso son de carácter técnico, ingenieros y otros especialistas en la materia. De nuestra parte, nos parece que el proceso de llevarse acabo de otra manera, y así se fueron dando las votaciones y no se pudo lograr la aprobación en el Congreso nacional.
¿Qué opina de la gira de Peña y el senador republicano Jim Risch?
-La visita presidencial a los Estados Unidos, de la que nos estamos enterando en estos días y de la cual se desprenden declaraciones de legisladores norteamericanos pidiendo por este proyecto, evidentemente es una manera de reinstalar el tema de la Hidrovía y de lograr que el gobierno pueda tomar la decisión final de conceder a la Armada estadounidense la concesión para el estudio (del circuito naviero). Esto significará la presencia de militares que supuestamente será de carácter técnico, pero que en términos simbólicos representará ir cediendo a la presencia armada extranjera en territorio paraguayo de manera permanente. Esto nos preocupa y seguramente vamos a pedir explicaciones. Se va a generar un debate en el Parlamento y también a escala nacional. Estamos hablando, por un lado, de que, seguramente, se va a investigar la agenda política de Peña, porque la Hidrovía está muy ligada a los recursos de exportación y de importación del Paraguay al ramo agroexportador sojero, a la ganadería y a grandes grupos trasnacionales, sobre todo con intereses norteamericanos. Por otro lado, actualmente, nunca hay que olvidar, que es el canal que se saluda con los negocios ilícitos, de la droga, del tráfico de armas. Hay que remarcar que toda esta vía tiene alto valor político y estratégico para nuestro país y para América del Sur, es de vital importancia. En el Congreso, se dará el debate, pero en este momento la asimetría de fuerzas de la oposición en relación al gobierno actual está bastante debilitada, por lo tanto, es muy posible que se pueda aprobar si es que la agenda del Presidente sigue siendo esta, lastimosamente.
Además, hay un escenario particular en la región, de alta carga política.
-Y esto tampoco es un dato menor estando cercanas las elecciones en Argentina, debido a la disputa política y a la situación que se ha generado en los últimos meses de parte del Gobierno paraguayo, de dificultar el concilio y el acuerdo por el pago del peaje, las tasas o el canon, como se llame. Llamativamente, ha sido manejado con un posicionamiento de cierta discordia y confrontación, cuando, tradicionalmente se viene teniendo, desde hace ya muchos años, una situación diplomática ordenada y de mucho acercamiento a la Argentina. Y no se puede negar la migración y la identidad cultural compartida en la frontera, que son muy importantes a nivel diplomático, económico, político y cultural entre nuestros pueblos. Es llamativo que no se agoten los mecanismos y que tengamos diputados que inclusive hablen de hasta de una guerra entre Argentina y Paraguay. De modo que todos estos elementos son importantes para ser analizados y colocarlos en un contexto porque todavía hay muchas cosas que van a ser definidas y hay que entender la complejidad que se está dando, porque, así, Paraguay es el mejor alumno de la política exterior de Estados Unidos.
Para la Justicia Federal, es legal el cobro de peaje
Se conoció en las últimas horas la decisión emanada de la Cámara Civil y Comercial Federal, respecto a la desestimación de la apelación de las empresas paraguayas, San Antonio y Mercopar, respecto al pago de un peaje en el tramo argentino de la Hidrovía Paraná-Paraguay.
Las prestatarias habían solicitado la suspensión del cobro, específicamente entre Confluencia y Santa Fe. Sin embargo, no hubo consideración a favor de la apelación que buscaba revertir un fallo de primera instancia que denegó tal solicitud empresaria, en contra de lo establecido por el Ministerio de Transporte de la Nación.
Resulta conveniente señalar que las empresas argumentaban que, imponer una tasa de peaje en la vía troncal navegable desde el kilómetro 1.238 hasta el 548 del río Paraná constituía un «obstáculo» a la navegación internacional y una violación de tratados internacionales, así como de la Constitución nacional. Además, destacaron que las normas del Acuerdo de Transporte Fluvial «no permiten el arbitraje para particulares, siendo exclusivo para los países signatarios».
La Sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial, al igual que la instancia anterior, argumentó que las empresas no habían agotado la vía administrativa, un requisito previo al reclamo judicial según las normativas.
El tribunal subrayó que, al tratarse de una «clara impugnación» del reglamento del Poder Ejecutivo, era necesario cumplir con el artículo 24 de la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549, que exige la presentación de un reclamo administrativo antes de recurrir a la vía judicial.
Los jueces Eduardo Gottardi, Florencia Nallar y Alfredo Gusmán recordaron que la Ley N° 26.854 establece que, en casos como este, la demanda judicial debe seguir al agotamiento de la vía administrativa o, en caso de solicitar la suspensión de los efectos de un acto, la ausencia de respuesta en un plazo de cinco días, lo cual no se demostró en este caso.
El cobro de peaje por parte de Argentina en la hidrovía generó, además de estas presentaciones judiciales, fuertes reclamos por parte del gobierno de Paraguay. Su presidente, Santiago Peña, llevó sus quejas incluso ante la OEA, y anunció que hará lo propio en la próxima reunión plenaria del Mercosur.
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