Retrasos continuos en la entrega de financiamiento para comedores, dilaciones en el pago de becas y otros subsidios son sólo algunos de los ítems que inquietan por estas horas a diferentes agrupaciones, las cuales tienen ramificaciones en otras provincias y se desempeñan exclusivamente en territorios con necesidades básicas insatisfechas.
Por este motivo es que las diferentes conducciones se congregarán prontamente -aunque sin fecha específica- para definir los pasos a seguir y lograr alguna respuesta positiva del Ministerio de Capital Humano, que al parecer, aún no acusa recibo.
Así las cosas, la comunión con las entidades sindicales nucleadas en la Confederación General del Trabajo (CGT) traen a la memoria las marchas durante la presidencia de Mauricio Macri, quien aplicó una política gradualista en ajuste fiscal y -contra todo pronóstico- incrementó las partidas en ayuda social.
«Desde fin de 2007 en adelante, a lo largo de 16 años los distintos gobiernos ensayaron estrategias similares: negociaciones con los formadores de precios con la puesta en marcha de programas de precios de referencia acordados con ellos (precios cuidados, precios cercanos, precios justos y otros parecidos), sin instalar a controles reales para el cumplimiento de los ‘acuerdos’, evadiendo la aplicación de la ley de abastecimiento, y sobre todo, evitando confrontar con ellos. El resultado está a la vista: multiplicación exponencial de todos los precios no regulados, especialmente de los alimentos, que obviamente fueron dejando desfasados los precios regulados: energía, combustibles, transporte, tarifas en general, y sobre todo el valor de la divisa. En paralelo, un avance generalizado de la concentración en la producción y comercialización de alimentos, que fortalece la capacidad de negociación de los grandes grupos y un debilitamiento manifiesto de las herramientas de control del estado», expresaron en una contundente misiva desde Barrios de Pie, haciendo un repaso de las fallidas instrumentaciones económicas aplicadas por distintas administraciones.
ABONO
Como detalle no menor al tironeo con la gestión libertaria se sumó la fuerte multa en concepto de daños y perjuicios que desde el Ministerio de Seguridad aplicaron a gremios y organizaciones sociales tras la manifestación en el obelisco, el pasado 22 de diciembre.
«Recibimos la intimación de pago de una suma millonaria, al igual que otras organizaciones sociales y sindicales, por la concentración realizada en la plazoleta del Obelisco el 22 de diciembre pasado», expresó la dirigente nacional de Libres del Sur, Silvia Saravia.
Saravia planteó que «la Jornada Nacional denunciaba la interrupción total de la asistencia alimentaria por parte de la ministra Pettovello, en un marco de emergencia social y económica donde el deterioro de las condiciones de vida de la población se acelera de forma abrupta».
«En ese contexto la Ministra hizo un spot amenazante hacia quienes reclamábamos las medidas concretas de su ‘billetera abierta’, sin dar precisiones sobre su gestión como funcionaria pública hacia quienes tienen dificultades para acceder a una alimentación saludable», denunció.
«La única respuesta al día de hoy es del Ministerio de Seguridad, con una sanción económica por protestar, aún sin haber cortado calles. Una provocación más de un Gobierno nacional que no duda en avasallar derechos constitucionales», concluyó.
ALINEAMIENTO
Las motivaciones partidartias e ideológicas de los reclamantes es la punta de lanza del oficialismo nacional, que acusa a la dirigencia de haber sido contemplativos durante el mandato del ex presidente Alberto Fernández, dejando entrever un presunto manejo non sancto por parte de las conducciones.
Si bien la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep) es apartidaria, la mayor parte de los movimientos sociales que la integran forman parte del gobierno saliente del Frente de Todos. Sus principales dirigentes no sólo formaron parte del gobierno de Alberto Fernández, en diversos cargos, por ejemplo, en carteras como Desarrollo Social, Trabajo, Obra Públicas y Jefatura de Gabinete; también militaron la candidatura del ex ministro de Economía, Sergio Massa.
Entre esas organizaciones sociales destacan el Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y el Frente Popular Darío Santillán, entre otros.
«Nosotros estamos dispuestos a meter a los piqueteros -que corten rutas y arrojen piedras- presos», recordó Milei días atrás y profundizó: «No hay que tener miedo a las palabras porque al delincuente se lo reprime, se lo castiga, se lo encierra», planteó el mandatario al proponer una serie de reformas en seguridad. «El que las hace, las paga», dictaminó y aseveró: «Nuestra visión no es negociable».
En resumen, todo está por verse, aunque las negociaciones por acercar las partes, siguen su curso.
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