Diputados y senadores introdujeron en el Senado y en la Cámara de Diputados de la Nación una iniciativa de ley para la creación de la Comisión Especial Bicameral de Seguimiento y Control del Proceso Licitatorio de la Hidrovía Paraná-Paraguay.
La misma, tendrá como propósito garantizar la transparencia, eficiencia y legalidad en el proceso de licitación y adjudicación de contratos relacionados con la explotación, mantenimiento y gestión de la Hidrovía.
El expediente es impulsado por los senadores y diputados: Eduardo Galaretto, Carolina Losada, Eduardo Vischi, Flavio Fama, Stella Olalla, Pablo Blanco, Daniel Kroneberger y Edith Terenzi.
De acuerdo al expediente al que tuvo acceso EL LIBERTADOR, la comisión tendrá como objetivo principal el estudio, conocimiento, seguimiento, monitoreo, auditoría y control del proceso licitatorio de la Hidrovía Paraná-Paraguay.
MIEMBROS
Para cumplir con su propósito, la comisión estará integrada por siete senadores y siete diputados, designados de acuerdo al Reglamento de cada Cámara. Se garantizará la representación de al menos un legislador de cada provincia perteneciente al Consejo Federal de la Hidrovía (CFH).
Los miembros de la comisión elegirán un presidente, un vicepresidente y un secretario, además de designar un secretario administrativo.
La comisión, además, contará con la dotación de personal necesaria para su funcionamiento y podrá realizar reuniones, audiencias públicas, inspecciones y cualquier otra actividad que considere necesaria, para lo cual deberá solicitar a las presidencias asignación presupuestaria.
ATRIBUCIONES
Entre sus atribuciones se encuentran supervisar y controlar el proceso licitatorio desde su inicio hasta la adjudicación final del contrato; revisar y evaluar los términos de referencia, pliegos de condiciones y demás documentos relacionados con la licitación; solicitar documentación e información relacionada con la Hidrovía y el Sistema de Navegación Troncal; citar a funcionarios y representantes de organismos públicos y privados para prestar informes; requerir informes a universidades y entidades empresariales, industriales, del comercio, de la producción agropecuaria y de los trabajadores; elaborar informes y emitir recomendaciones para mejorar la transparencia, competitividad y eficiencia del proceso licitatorio; y presentar un informe final a las presidencias de ambas Cámaras y a los organismos del Poder Ejecutivo involucrados.
Los informes, recomendaciones y observaciones elaboradas por la comisión podrán ser considerados por los organismos del Poder Ejecutivo. En caso de no ser tenidos en cuenta, los organismos deberán fundamentar debidamente los motivos.
La comisión, además, presentará un informe final dentro de los 90 días posteriores a la finalización del proceso licitatorio, detallando todas las actividades realizadas y cualquier otra información relevante.
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