La Corte mueve «sus fichas»

El máximo Tribunal de la Nación se alista para dar a conocer una decisión de alto impacto. Se trata de un envión advertido por este medio el año pasado, un día después de las elecciones de noviembre. Ya en diciembre se cumplió el primer gesto de la mesa decagonal del Palacio de Tribunales, respecto a la integración del Consejo de la Magistratura, donde el Gobierno central había puesto toda la carne en el asador. En días más, otra resolución cobrará vigencia. En ella se dirimen intereses provenientes de Olivos y de la Ciudad Autónoma, respecto a los recursos dinerarios. Habría unanimidad de los supremos. Todo un gesto que se viene replicando con mensaje directo al círculo rojo.

Hasta ahora, no pocos políticos no terminan de entender que es la Corte quien tiene la última palabra. Es la intérprete final de la Constitución de la República y contra sus fallos no hay apelación posible. Los actuales supremos pueden estar tranquilos y lo saben. El mandato de todos se extiende más allá del período de esta gestión y, salvo Julio Maqueda, los demás continuarán durante la que sigue y aún más. No es un dato menor que su estabilidad está garantizada. En el Congreso de la Nación no hay ni habrá número siquiera para dar inicio a un eventual pedido de juicio político. Y los intentos de ampliación en el número de sus integrantes no pasa de ser un acto voluntarista. Tampoco hay número y, cuando lo hubo, quedó en claro que, incluso aumentando, la propuesta del Poder Ejecutivo naufragaría al no obtener los dos tercios del Senado. Los sucesivos intentos del oficialismo de esmerilar a la Corte terminaron teniendo el efecto contrario al buscado. Hoy, los cuatro ministros, más allá de las diferencias conocidas, han cerrado filas en una actitud corporativa que es propia de algunos sectores, entre ellos la Justicia.
Fue el domingo mismo de la última elección. En la tapa de la edición del lunes 15 de noviembre, este medio anticipó que a partir de ahí habría que mirar lo que hiciera la Corte. Los jueces suelen hablar por sus sentencias, y tal lo anticipado ese lunes, semanas después, más concretamente el 16 de diciembre, el alto Tribunal corrió el velo de una incertidumbre que duró años. Se resolvió sobre la constitucionalidad de la ley de 2006, que redujo la cantidad de miembros del Consejo de la Magistratura. Como en otras oportunidades, el fallo sorprendió al oficialismo que, quizás más que ningún gobierno anterior, tuvo múltiples tirones de oreja de la cúpula tribunalicia con decisiones de altísimo impacto.
Por estos días, esa decisión del 16 de diciembre cobrará vigencia. El Gobierno trabaja contrarreloj en sacar la ley que impida la paralización del Consejo. Para ello ha realizado varias concesiones a la oposición, con el propósito de darle herramientas a Sergio Massa para que piloteara en Diputados la sanción de un proyecto considerado clave por el Gobierno.
Finalmente, el oficialismo ha reducido sus pretensiones a una cuestión clara. No quiere que el presidente de la Corte Suprema, Oscar Rosatti, pase a presidir también el órgano que selecciona y remueve a los jueces. Es un voto doble. Como titular del Consejo tiene la posibilidad de desempatar. La oposición no transige con esta postura, y ha expresado de manera unánime que sostiene la titularidad del Presidente de la Corte. Una forma de sobarle el lomo al santafesino devenido en el enemigo íntimo de la ex Presidente.
Importa recordar, en esta discusión en la que, más allá de los tecnicismos y razones, ha pasado a jugar un papel preponderante la política en el marco de los equilibrios actuales y la importancia del rol del alto Tribunal, la posición de un notable jurista que fue presidente del Tribunal en dos oportunidades. Aquél que públicamente cruzó a Carlos Menem cuando postuló al prestigioso ex juez de la Corte, Julio Oyhanarte como presidente de la Corte, señalándole que la designación del titular del alto Tribunal es competencia excluyente de los miembros que lo integran. A la postre, Oyhanarte desistió de su nominación y fue la Corte quien, como es tradición, eligió su Presidente.
De quien se habla es Enrique Santiago Petracchi, que fue, junto a Carlos Fayt, quien más años ejerció como ministro del Tribunal. En el caso de Petracchi, poco más de 31 hasta su muerte en funciones. Ni aun un cáncer de páncreas que lo abatió en ocho meses, como predijeron los médicos, el doctor Petracchi siguió trabajando hasta el último día.
Se trae a colación la posición de Petracchi porque, en su segunda presidencia, de 2004 a 2006 (en la anterior no existía aun el Consejo), el juez de la Corte dejó en claro que -aun prevista en la ley- el ejercicio de la Presidencia él no la asumiría porque consideraba incompatible la misma con el cargo de Ministro del Tribunal. Con impecable lógica, Petracchi sostenía que -como última instancia- y en su carácter de juez de la Corte no podía revisar decisiones del Consejo de las que él había participado.
Este criterio cobra actualidad en esta disputa entre oficialismo y oposición, así como le da fuerza a la negativa del Gobierno, de convalidar la doble participación del Presidente de la Corte.

El fallo que se viene

De improviso, como actúa la Corte, se aceleraron los tiempos en la pelea Nación versus Ciudad Autónoma por los fondos. El Tribunal convocó a las partes y las exhortó a conciliar, dándole tiempo para resolver en el marco de la política la controversia que enfrenta a Horacio Rodríguez Larreta con quien fue un tiempo su amigo, el presidente Alberto Fernández. Hubo reuniones. Se volcaron números, pero no hubo ni difícilmente habrá fumata.
La Corte cumplió con la formalidad de darles tiempo para resolver sus cuitas, pero está dispuesta a bajar martillo. Ello no implica resolver la cuestión de fondo. Será una operación en dos tiempos. Primeramente, se haría lugar a la medida cautelar, restableciendo la remisión de los fondos. Luego, bastante tiempo después, el Tribunal resolvería quién tiene razón y la forma cómo pone punto final a la pelea.
Lo notable es que, otra vez en la sentencia, estarán las cuatro firmas, incluida la de Ricardo Lorenzetti cuyas diferencias y encono con la triada que lo desplazó de la Presidencia no llega tan lejos como para quedar en soledad. A la postre, es también un mensaje al corazón del poder que deja una lectura. Con todo, el voto de Lorenzetti, incluso en el mismo sentido, será por sus propios argumentos, una forma -quizás- de no aparecer colgado al triunvirato que conduce a mano firme la Corte por estos tiempos.

El reemplazo de Highton como el de Gils Carbó deberá seguir esperando

Se fue por la puerta de atrás la ex ministra Elena Highton. No de la mejor forma. Pasaron largos meses y el Poder Ejecutivo no cumplió con la obligación de elevar el nombre de la postulada, que deberá ser mujer y penalista. Los términos reglamentarios vencieron.
Alberto no quiere que le pase lo de Daniel Rafecas, cuya postulación quedó frisada, sin tratamiento en el Senado. El pliego no se trata, pero tampoco se retira.
Cuando se hablaba, con alegre liviandad, del nombre de distintos reemplazantes y algunos hasta proponían nombres como el de una jueza vinculada al jefe de Gabinete Juan Manzur, este medio dijo que la Corte volvería a tener cinco miembros recién dentro de tres años. Ahora, dos y en oportunidad que se produzca la vacante que deje Julio Maqueda. No antes. Simplemente porque se impone una negociación para llegar a los dos tercios. Uno para cada uno.
Más difícil aún será el reemplazo del procurador general subrogante, Eduardo Casal. Para ello no hay moneda de cambio posible. El jefe de los fiscales, con el nuevo Código, tiene un enorme poder, incluso más que el de un ministro de la Corte.
Extraña y sorprende la falta de pulso con la realidad de parte de algunos que, como el Presidente, se suponía debería conocer mejor cómo se funciona en el cuarto piso del Palacio.

La Corte puso en apuros no sólo al universo K

Cierto es que el kirchnerismo, en sus sucesivas gestiones, desde Néstor hasta Alberto, pasando por los dos turnos de Cristina, ha sentido, con intensidad, el yugo de la Corte, siempre dispuesta a mostrar el peso de sus decisiones y la oportunidad de las mismas que sólo la propia Corte determina.
Con todo, no hay que olvidarse que tanto Alfonsín como Carlos Menem, luego Duhalde, sintieron y acusaron los golpes dados por el alto Tribunal de la misma forma que Mauricio Macri no quedó exento.
Duhalde llegó al extremo de llevar a los supremos a juicio político, del cual fueron absueltos. Como era de esperar, no prosperó. Sí, la avanzada de Kirchner que logró remover a algunos exponentes de la llamada «corte menemista», provocando la renuncia de otros. Aunque a la hora de recomponer el cuerpo, no fue del todo feliz con las nominaciones de Estela Highton y Eugenio Zaffaroni particularmente. Aunque sí con la de una jurista de nota, de reconocido prestigio como lo fue Carmen Argibay Molina, que estuvo a la altura de quienes venían de la primera Corte designada por Alfonsín, quizás la más prestigiosa de las últimas décadas, junto a la nominada por Arturo Frondizi, Argibay, entre otros con Petracchi y Fayt, dos ministros que dejaron huella en el Tribunal.
El 1 de febrero de 2002, Duhalde sintió la dura estocada del Tribunal en el llamado caso Smith, en un fallo con una notable repercusión política y económica. Fue la decisión que ordenó la devolución de los fondos incautados en el «corralito».
El gobierno de Cambiemos, a pocos días de asumir luego del triunfo de 2015 se encontró -de la noche a la mañana- con un fallo en favor de las provincias por el cual se dispuso la devolución de una enorme cantidad de dinero. Macri, con el precedente de ese fallo, dispuso extender el beneficio a otras con un notable impacto en los números con los que inició la gestión.
El encono del actual oficialismo contra los supremos jueces del país podría decirse que no oculta cierto grado de inexperiencia en el manejo de las relaciones en ese nivel. Los jueces tienen a la fecha una notable cantidad de causas de extrema sensibilidad para el poder, lo cual aconseja un mayor grado de prudencia para una relación en la que la parte más débil no es precisamente el alto Tribunal, ámbito en el cual todas las diferencias se disimulan o se postergan a la hora de cerrar filas para abroquelarse frente a embates desde afuera.

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