La Cámara de Senadores presidida por el vicegobernador, Pedro Braillard Poccard, otorgó ayer media sanción al Proyecto remitido por el Poder Ejecutivo Provincial por el que se crean en las distintas Circunscripciones Judiciales de la Provincia Fiscalías de Instrucción; Asesorías de Menores e Incapaces; Defensorías de Pobres y Ausentes y Defensorías Oficiales Penales.
La mencionada sesión tiene un polémico trasfondo y es vista en los pasillos parlamentarios como una continuidad en la interna del radicalismo, ya que la semana pasada se acordó no deliberar hasta después de los comicios del 11 de junio. Es la razón por la cual no asistió al recino el bloque del PJ, ya que algunos de sus integrantes se encontraban en Capital Federal, mientras que otros se hallaban de recorrida por localidades del Interior, en plena campaña. En los hechos, el oficialismo ricardista se mostró desde un principio crítico de la aprobación y el quórum fue producto de una embestida capitaneada por el radical Noel Breard, que llevó el tratamiento al cuerpo legislativo.
La iniciativa aprobada fue cuestionada abiertamente por el propio Superior Tribunal de Justicia (STJ) que -en palabras del ministro Alejandro Chaín- abrió varios interrogantes, principalmente vinculado con la insuficiencia presupuestaria.
En su momento, Chaín informó que harían falta 11 mil millones de pesos para atender las nuevas dependencias, más otros 9 mil millones de pesos que corresponden a dependencias que ya fueron creadas, pero no están instrumentadas, a lo que se suman los retrasos en partidas para salarios.
«Si yo pongo en funcionamiento este proyecto de ley, podríamos estar comprometiendo cerca del 60 por ciento de los recursos del Poder Judicial, porque nosotros por Constitución tenemos que presentar el presupuesto del Poder Judicial que a su vez tiene distintos ítems, como ser el Juri de Enjuiciamiento, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público y el Poder Judicial», dijo también en su momento el ministro Eduardo Panseri.
El proyecto, en su argumentación, se funda en la necesidad de creación de nuevos cargos de fiscales, defensorías y asesorías, debido al gran crecimiento demográfico de la provincia, lo que ha generado una nueva realidad social caracterizada por relaciones sociales más dinámicas y complejas en ámbitos cada vez más amplios, con un creciente flujo de personas, bienes y servicios. Lo que produce una multiplicidad de casos que demandan una pronta adecuación del servicio de justicia, acorde con los actuales requerimientos de la sociedad para dar respuestas en plazos razonables, cumpliendo con reglas y principios constitucionales y convencionales.
FUNDAMENTO
Cabe recordar que a principios de año, el gobernador Gustavo Valdés aseguró que el proyecto responde al «gran crecimiento demográfico de la provincia, según datos del Censo 2022, que ha generado una nueva realidad social caracterizada por relaciones sociales más dinámicas y complejas en ámbitos cada vez más complejos», requiriendo «una pronta adecuación del servicio de justicia para dar respuestas en plazos razonables».
«Es relevante tener en cuenta que la Ley N° 6.518 -que aprueba el nuevo Código Procesal Penal de la Provincia- deja atrás el sistema mixto para pasar al sistema acusatorio adversarial, el cual pone el foco en la celeridad de la resolución de conflictos penales, poniendo en cabeza del fiscal la tarea de preparar y promover la acción penal pública», destacó Valdés.
Finalmente, el mandatario sostuvo que «el Estado debe allanar los caminos para que el justiciable pueda acceder de manera rápida y sencilla, y los jueces, sus colaboradores y los abogados tienen la misión de intervenir con celeridad y resolver en la medida de lo posible, pues ello hace a la paz social y al bienestar general».
Inquietud judicial
Desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales se alzaron voces de preocupación, puesto que este tipo de avanzadas que implica un agrandamiento del Estado, conlleva por cuanto mayores erogaciones, lo que asegura repercutirá en la reducción de los salarios o se traducirá en un constante conflicto por las recomposiciones de los trabajadores judiciales.
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