Situación edilicia en establecimientos de Capital e Interior y perspectivas de negociaciones salariales antes de iniciar el ciclo lectivo son algunos de los ítems a debatir con Provincia.
03-POLITICA-3Los sindicatos docentes correntinos se aprestan a formalizar notas con diferentes reclamos al Gobierno provincial.
El pedido se formalizará a fin de mes y tiene como objetivo ir delineando la hoja de ruta del sector, de cara al inicio del ciclo lectivo, en marzo.
En este marco el titular de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (Acdp), José Gea habló -entre otras cuestiones- de la situación de los establecimientos afectados por las inundaciones, puntualizando que han pedido celeridad a las autoridades escolares para poner en condiciones los establecimientos.
No menos importante es el planteo por el mejoramiento de las condiciones edilicias, tanto en Capital como en el Interior, teniendo en cuenta que anualmente se espera recién el fin de febrero para comenzar con los arreglos.
En lo referente a la problemática situación nacional y el abordaje de la «ley ómnibus» y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsado por el oficialismo, el sindicalista puntualizó: «No tenemos contacto con la Secretaría de Educación. La parte de Educación pasó a ser parte de un Ministerio que abarca tres secretarías. En lo que estamos trabajando fuertemente es en lo sindical ante el DNU y la ‘ley ómnibus’ a través de la CGT, en la cual estamos nucleados».
Del paro programado para el próximo miércoles 24 dijo: «Hablamos de los derechos adquiridos y nos preocupa de sobremanera y por eso avanzamos en una medida de acción directa con el paro del miércoles 24 es la estabilidad de los compañeros, los colegas trabajadores formales e informales, con esta crisis que se está llevando puesta a un sector de la sociedad que no tienen los recursos para aguantar estos ajustes».
Gea comentó además que esperan reunirse con legisladores provinciales y nacionales, pero que hasta el momento no recibieron respuestas. «A través de la CGT estamos buscando reuniones con legisladores que esperemos tener pronta respuesta en ese sentido. Presentamos pedidos para el acercamiento de la charla formal y hasta este momento no tenemos respuestas», enfatizó el dirigente.
ENVIÓN
Por su parte, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (Suteco) ratificó a través de un comunicado: «Frente a la devaluación inicial del 108 por ciento y la aceleración de la inflación al 30 por ciento mensual, el Gobierno nacional activó intencionalmente mecanismos de licuación de salarios, jubilaciones y ahorros de los argentinos».
En este escenario «que incluye negación de derechos, despidos masivos y bruscos recortes de la inversión en Educación, Salud y áreas estratégicas; el haber promedio de los y las docentes y de los trabajadores estatales de Corrientes quedó por debajo de la línea de pobreza», indica la nota gremial que le enviaron al gobernador Gustavo Valdés.
En el documento le solicitan al mandatario provincial una «urgente recomposición al salario básico, para que beneficie a nuestros jubilados». Que esa mejora «se pague con el salario de enero a docentes y al resto de los estatales provinciales», para «compensar la brutal devaluación y la liberación de precios de los alimentos y los servicios que están subiendo 30 puntos por mes», señalaron.
También solicitaron la convocatoria a paritaria provincial para debatir los aumentos desde febrero en adelante. «En los últimos meses no hubo recomposición real del básico y el salario de los estatales provinciales perdió más de 50 puntos frente a la inflación y la devaluación de diciembre», señaló el secretario general, Fernando Ramírez.
El sindicalista recordó que el Suteco viene solicitando «desde marzo pasado la incorporación de una cláusula de actualización mensual del salario, atada al índice de inflación; para recomponer el haber de los docentes y de los estatales de manera automática, acorde a la suba del costo de la canasta familiar».
Asimismo, tanto Suteco como la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) también le solicitaron al gobernador, Gustavo Valdés revisar el recorte de 12 mil puestos de trabajo en el Estado provincial, terminar con la precarización laboral, que mejore la cobertura de la obra social Ioscor, la normalización de los entes descentralizados, el congelamiento de la inversión en infraestructura escolar, entre otros puntos.
Contradicción en la «ley ómnibus» sobre paritarias
El proyecto de «ley ómnibus», en su sección de financiamiento de la educación, mantiene la paritaria nacional docente establecida en la actual Ley de Educación, la cual fija el salario mínimo de los docentes.
Ahora bien, que existan negociaciones de salarios docentes a escala nacional implica una superposición de funciones entre niveles de gobierno, porque la educación primaria y secundaria es potestad de las provincias, no del Estado nacional.
Sin embargo, la Nación se entromete continuamente en esta función. Lo hace, por ejemplo, colaborando con la entrega de insumos escolares, construyendo o refaccionando escuelas y gestionando programas de escolarización o formación docente.
Además, paga una pequeña porción del salario de los docentes provinciales por medio de un programa nacional gestionado por el Ministerio de Educación. Si se analiza la composición del financiamiento del salario bruto docente a septiembre de 2023:
- El salario bruto promedio de todas las provincias fue de 320.000 pesos.
- De ese monto, la Nación aportó con 28.700 pesos.
Esto significa que el Estado nacional colabora solamente con el 9 por ciento, en promedio, del salario docente que pagan las provincias. Es decir que se financia a escala nacional una estructura burocrática con pocas posibilidades de mejorar la gestión educativa, porque su injerencia es mínima.
SUPERPOSICIÓN
La pregunta es: ¿Por qué la Nación paga una parte del salario docente? Como interviene en funciones que no le competen, fijando los salarios mínimos de los docentes, genera ineficiencias que luego debe «subsanar» de alguna forma. En este caso, haciéndose cargo de parte de los salarios de los docentes provinciales.
La paritaria nacional docente está definida en el artículo 10° de la Ley 26.075 de Educación. Este artículo establece que los funcionarios nacionales deben acordar con los sindicatos docentes nacionales la remuneración mínima que regirá en todo el país. Es decir, ese será el piso salarial para todas las provincias, sin distinguir según su nivel de desarrollo socioeconómico. Una vez fijado ese piso salarial nacional, las provincias luego deben negociar con los sindicatos docentes provinciales las escalas de remuneraciones.
Como para algunas provincias el salario mínimo fijado a nivel nacional puede resultar elevado, adquiere legitimidad su presión para que la Nación participe en el financiamiento del salario docente.
Lo que hay, entonces, es una doble negociación de la paritaria docente como venía siendo hasta ahora, pero además una doble fijación del salario mínimo. En conclusión, de manera confusa y contradictoria se mantiene la superposición de roles entre jurisdicciones en un tema muy sensible como es la determinación de los salarios docentes en la educación básica, e incluso complejiza la fijación del salario mínimo.
Peor aún, mantener esta desorganización del régimen federal va en contra de la meta de bajar el gasto público, ya que exacerba la presión de las provincias para que la Nación financie parte del salario docente.
La «ley ómnibus» aspira a introducir transformaciones profundas e integrales. Pero en muchos artículos, sobre todo relacionados con la organización del régimen federal, las propuestas se quedan cortas o son muy ambiguas.
El camino es la reorganización del régimen federal. Para eso, el proyecto debería eliminar directamente la paritaria nacional docente y dejarle esta potestad exclusivamente a las provincias, tal como lo establece en su artículo 552°. Como cada Provincia podría negociar el salario mínimo de los docentes, no habría necesidad de que la Nación se entrometa financiando una parte.
.