En las últimas 48 horas, en San Luis del Palmar y zonas aledañas cayeron más de 140 milímetros, lo que se tradujo en un desborde del Riachuelo. Una situación que se está tornando reiterada, lo que demanda (explicitado por los vecinos) soluciones urgentes en una localidad que está apenas a sólo 30 kilómetros de la Capital provincial.
Varios barrios inundados, al igual que campos entre otros problemas acarreó la crecida del arroyo. Ante ello, las autoridades locales, encabezadas por el intendente, René Buján procedieron a una reunión de emergencia en el Municipio en la tarde de este viernes 3.
Allí estuvieron responsables del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente quienes analizaron la situación con los concejales, el titular de Vialidad Provincial de la Zona 1, la Policía, Defensa Civil, personal de Salud Pública, entre otros, tal lo detallado por la radio local Reflejos del Litoral FM 99.9. El objetivo del encuentro fue el de coordinar las tareas de mitigación de lo que reconocen es una problemática hídrica crónica.
«Desde horas muy tempranas el personal de Obras y Servicios Públicos se encuentra realizando la limpieza de cunetas, reemplazando tubos y losetas para lograr el correcto escurrimiento del agua caída durante la noche», informaron desde la Comuna.
DE LARGA DATA
Se debe tener en cuenta que la cuenca del Riachuelo y del río Empedrado es una zona de humedales, donde hubo intervención de distinta índole y generó un terreno propenso al desbordamiento.
El año pasado, en abril más precisamente se vivió una situación similar. Ante ello, hubo mejoramiento de caminos, colocación de alcantarillas y tubos, pero, incluso así la fuerza del agua y las condiciones del terreno derivan en las inundaciones. Este escenario no es eventual, se suele replicar en otras jurisdicciones como Itatí, Berón de Astrada y Caá Catí.
Respecto al impacto de acciones privadas en terrenos ribereños, vecinos sanluiseños recordaron ayer en las redes sociales que la organización ambientalista Defensores del Pastizal celebró la sentencia del juez Mario Fernández Corona, del Juzgado Civil y Comercial Nº 8 de Corrientes, en el que se reconoció la falta de estudio de impacto ambiental en el arroyo Riachuelo, donde hace cuatro años se realizaron trabajos de dragado. El magistrado ordenó que se informara si se cumplió con la recomposición del daño ambiental por parte de la empresa contratista, e instó a ejecutarlo con un plan de gestión.
Hoy por hoy, esta asiduidad de los anegamientos podría verse relacionada a este tipo de avanzadas que no cumplimentaron los análisis vigentes por ley.
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