El funcionario aboga por un trabajo federal de los abogados del sector estatal. Instó a fortalecer la abogacía pública, para que la Argentina no siga pagando el alto precio del subdesarrollo y otras postergaciones.
03-POLITICA-7El director de la Escuela de Abogados del Estado, Guido Croxatto visitó recientemente en Misiones, donde estuvo junsto a la vicepresidenta del Senado de Corrientes, Carolina Martínez Llano, quien se dirigió a la vecina provincia especialmente para acompañarlo en su raid por la «tierra colorada». Luego, en una entrevista radial en el programa La Otra Campana (LT7 Radio Corrientes y LT25 Radio Guaraní de Curuzú Cuatiá) se refirió al trabajo que viene realizando y al sentido de la defensa de los intereses del Estado.
¿Nos puede contar de esta reunión en la que estuvo la vicepresidenta del Senado de Corrientes, Carolina Martínez Llano? ¿Qué panorama se lleva?
-Sí, hicimos un par de visitas a Misiones, la mayoría de carácter académico y vinculado a la escuela del cuerpo del Estado de la Nación. El objetivo amplio es trabajar de forma federal en serio, lo cual es una de las consignas que trabajamos en la escuela. De todas estas reuniones lo que quedó clarísimo es la voluntad común por defender los intereses del Estado nacional. Para defender el Estado, no siempre se trabaja políticamente en esta mirada y el precio que pagó Argentina… Y cuando decimos Argentina decimos cada uno de los rincones del país, repito, el precio que se pagó fue muy alto. El subdesarrollo, la pobreza, la marginalidad que hay en nuestro país es alarmante y un primer paso para desandar esto es un diálogo genuinamente federal para capacitar a los abogados de todo el país en Misiones, Corrientes, Chaco, Buenos Aires, con una mirada federal de mayor articulación. Hoy estamos desarticulados, la Escuela lo que quiere es articular una mirada de la abogacía pública, que permita defender los intereses de la Nación de una manera más coordinada.
REFORMAS
En Corrientes se trabajó mucho en la reforma de los distintos códigos procesales, como le habrá informado la senadora Carolina Martínez Llano. ¿Cómo se trabaja en el país?
-Las reformas del Código Penal a nivel nacional todavía es una asignatura pendiente o se está implementando un sistema distinto. Para que la gente entienda, los que no son abogados: el eje central es pasar de un sistema inquisitorio a un sistema acusatorio y donde los jueces penales puedan desempeñar ese rol de carácter, digamos, la evaluación jurídica la puedan ejercer imparcialmente, cosa que no siempre sucede cuando el juez tiene una doble función, como sucedía en el sistema inquisitorio. La implementación del nuevo sistema acusatorio en todo el país es en todo el país, porque no basta con cambiar una norma para cambiar una realidad y eso se ve en todos los campos donde está vinculado el Derecho. Es decir que todos los cambios normativos son auspiciosos cuando defienden derechos, pero no hay que ser inocentes y pensar que por cambiar una norma en un texto vamos a cambiar la realidad que abarca conceptualmente. La realidad la cambiamos poniendo el cuerpo, trabajando juntos y teniendo un Poder Judicial comprometido en la defensa de los derechos, sobre todo de los más vulnerables, que son la mayoría en la Argentina y eso todavía no lo tenemos. Y creo que esa transformación es una asignatura pendiente enorme que el Presidente lo dijo en su discurso de asunción, la reforma de la Justicia, del Poder Judicial en la Argentina, sobre todo la Justicia Federal, es una asignatura pendiente y no es sencillo porque el Poder Judicial se abroquela, defiende privilegios y cuesta. Antes hablábamos de la federalización en términos de abogacía pública, hablábamos del cuerpo de abogados del Estado, ahora estamos hablando de otro poder del Estado, el Poder Judicial que también necesita una transformación para defender mejor y más los derechos que hoy no están siendo defendidos. Hoy, para muchas personas, los derechos son una promesa que está en un papel, pero cuando uno lo quiere ejercer parece que eso se desdibuja. Y nosotros a eso también lo queremos cambiar, no es nuestra función porque no somos una escuela judicial, somos una escuela que funciona bajo la dirección del Procurador del Tesoro de la Nación, pero el Poder Judicial evidentemente tendrá que hacer lo propio para que la abogacía, para muchas personas vuelva a ser una palabra que tenga sentido. Hoy creo que para muchas personas no tiene sentido el Derecho. Nosotros estamos trabajando para terminar con esto.
Derecho y negocios
Sobre esa agenda de trabajo a futuro, desde la institución que usted representa, ¿qué falta por hacer?
-Es sorprendente cómo gente que no viene del mundo del Derecho, como el caso de la Senadora que es veterinaria, se compromete con la transformación del Poder Judicial, de los códigos, de la legislación, con una mirada en defensa de los derechos de las mayorías. Eso lo celebramos todos los que trabajamos en conjunto y por eso nos reunimos en Misiones con ella, con Carolina. Compartimos el diagnóstico crudo, sobre todo en lo que falta; y compartimos la vocación por empezar a hacer las cosas un poco mejor para defender a los que nos pagan el sueldo, que son todos los ciudadanos y ciudadanas de la Argentina. Está clarísimo que somos servidores públicos los funcionarios provinciales y nacionales. Te diría que la agenda, lo más importante que podemos decir es que estamos trabajando con una mirada, donde la abogacía pública, que fue el eje de todas las charlas que dimos en Misiones, vuelva a ser un concepto que tenga sentido. Esto hace falta repetirlo porque perdió sentido la categoría de abogacía pública, si yo le digo a usted abogacía pública, no es algo que se escuche demasiado y sin embargo es eso lo que hacemos desde el Estado, es abogar públicamente por defender derechos, no por hacer negocios privados. Y yo creo que el Poder Judicial muchas veces es más sensible a esos negocios, por eso se impone más una mirada privatista del Derecho que al Derecho Público y ahí sí, si nosotros no tenemos muy en claro esto, es muy difícil después que logremos una trasformación democrática, pero sobre todo transparente del Poder Judicial. Tenemos que tener un marco teórico para hacer ese trabajo y si no lo tenemos, por más buena voluntad que tengamos, no vamos a lograr una transformación de base que permita tener un Poder Judicial de 10 a 15 años más preparado para ayudar a los poderes ejecutivos a erradicar la pobreza, la marginalidad y la falta de derechos. En ese sentido, los poderes trabajan juntos. Tenemos que terminar con el grado de pobreza y marginalidad que hay en la Argentina. Y en ese sentido, todos los que tengan la misma vocación como tiene la senadora provincial Carolina Martínez Llano, nosotros trabajamos en conjunto. Y además necesitamos referentes en cada provincia, porque como decíamos al comienzo, la Escuela de Abogados del Estado, es de la Nación, la Ciudad ya tiene su escuela y está muy bien, una escuela en abogacía pública justamente, pero la Escuela de Abogados del Estado de la Nación no es de una ciudad, aunque esté en la ciudad de Buenos Aires. Es una escuela de toda la Nación y estamos obligados, no es una cuestión de voluntad política, es una obligación profesional, institucional, trabajar articuladamente en cada provincia con personas comprometidas con la abogacía pública. En las provincias que hay abogados del Estado, como en Córdoba, trabajamos con ellos y en las provincias que aún no hay o no lo han desarrollado como en Misiones, por ejemplo, trabajamos con la Asociación Misionera de Derecho Administrativo y nos ponemos codo a codo para ayudar en todo lo que podamos, porque la Escuela de Abogados del Estado nacional es de todos los argentinos, no es sólo de la ciudad de Buenos Aires.
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