Por Pascual Albanese*
Vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico.
Al cumplir sus primeros seis meses, el Gobierno está ante un punto de inflexión, reflejado en el cambio en la Jefatura de Gabinete. Javier Milei reconoció que había una fase cumplida y comenzaba una nueva etapa, cuyo abordaje exige un instrumental distinto al empleado hasta ahora.
El rasgo determinante de esta nueva instancia es que, el descenso en la tasa mensual de aumento de precios al consumidor, desde el 25,5 por ciento de diciembre al 5 por ciento previsto para mayo indica un éxito y, a la vez, la proximidad de un límite. En los meses que se avecinan esa tendencia, hacia la baja, mutará hacia un amesetamiento. En junio impactarán los aumentos en las tarifas de los servicios públicos.
Esa percepción genera una modificación en las expectativas de la sociedad. E influye en los mercados. Que, en las últimas semanas, la brecha cambiaria se haya ensanchado, desde el 15 por ciento a más del 40 por ciento, y el riesgo país haya subido más de 300 puntos, no supone una reversión de la tendencia declinante pero marca, sí, la sensación de que algo cambió.
Las encuestas revelan un descenso de la inflación, como el tema prioritario en la opinión pública, y un aumento de la preocupación por el desempleo y la pobreza. En esa dirección cabe interpretar- también- la multitudinaria movilización nacional del 23 de abril en defensa de las universidades públicas, cuya masividad adelantó esa modificación en las expectativas de la sociedad.
Pero, los sondeos de opinión, reflejan también el mantenimiento del respaldo mayoritario al Gobierno. Aunque parezca paradójico, no se puede descartar que, una parte relevante de ese respaldo, no sea «a pesar» del ajuste sino que, precisamente, responda a un reconocimiento de su inexorabilidad.
Lo cierto es que, en esta etapa, el Gobierno precisa- no sólo afianzar el equilibrio fiscal y financiero -sino también encarar las reformas estructurales prometidas, un objetivo que demanda mayor apoyo parlamentario, y la inauguración de un ciclo de inversión, que abra camino a una fase de crecimiento económico.
El cumplimiento de la meta prioritaria de reducir la inflación está acreditada pero resulta insuficiente para avanzar en las reformas estructurales necesarias para mejorar el nivel de competitividad de la economía. Este nuevo trayecto ya no puede fundarse, única y exclusivamente, en el ejercicio del hiperpresidencialismo.
En el discurso que Milei pronunció en Córdoba, el 25 de mayo, hubo un anuncio que pasó casi desapercibido: la intención de configurar un «Consejo de Mayo», un organismo multisectorial compuesto por un delegado del Poder Ejecutivo nacional y un representante de los gobernadores, la Cámara de Diputados, el Senado, el sector empresario y el sector sindical. Fue una admisión -implícita- de que, en esta etapa, está forzado a negociar con los gobernadores y la oposición «dialoguista».
Paralelamente, Milei estableció una nueva prioridad de política exterior: el establecimiento de un sistema de alianzas con las principales compañías tecnológicas estadounidenses, que son el motor de la Cuarta Revolución Industrial. Esa es la explicación de su reciente viaje a San Francisco. En esa aproximación juega, un papel significativo, la relación personal de Milei con Elon Musk.
En ese sentido, el proyecto de instalación de un polo de empresas de inteligencia artificial en la Patagonia, cuya localización obedecería a la cercanía de las fuentes de producción de los enormes volúmenes de energía que demandaría su desarrollo, es un ejemplo elocuente de la intención de impulsar la inserción de la Argentina en la Cuarta Revolución Industrial.
El proyectado Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi), especialmente la garantía de seguridad jurídica que supone el establecimiento de mecanismos de arbitraje internacional para la resolución de eventuales controversias, promueve condiciones propicias para la radicación de nuevas inversiones en la agro industria, la energía y la minería que pueden representar un significativo empujón para la reactivación productiva del interior.
Estas perspectivas explican el comportamiento de casi todos los gobernadores, en sus negociaciones con el Gobierno nacional, y en el tratamiento de la cuestión en el Senado, pero, su impacto territorial, tiene diferentes tiempos, que, a su vez, suponen distintas implicancias políticas.
En el corto plazo, la salida de la recesión no podrá venir del aumento del consumo, que dejará de caer pero, en el corto plazo, no tendrá un incremento significativo, ni de la inversión en las industrias instaladas, que tienen un 50 por ciento de capacidad ociosa, y no necesitan nuevas inversiones para abastecer una mayor demanda.
La reactivación posible sólo podrá provenir de esas nuevas inversiones con epicentro geográfico en el interior. Esto supone una diferencia de tiempos con el conurbano bonaerense, que requiere un proceso de reconversión económica para elevar el bajo nivel de productividad de su aparato industrial. Una transformación de esa naturaleza requiere un período bastante más prolongado.
Esta dicotomía estructural tiene implicancias políticas. La crisis en el Ministerio de Capital Humano obliga a focalizar la atención en la situación social del Gran Buenos Aires, si la provincia de Buenos Aires es considerada la «madre de todas las batallas», el conurbano bonaerense podría caracterizarse como el «padre de todas las crisis».
Para situar la cuestión, en sus justos términos, corresponden formular dos aclaraciones. La primera es que, todas las encuestas de opinión, coinciden en que, el respaldo a Milei, tiene un carácter transversal, porque se manifiesta en todos los estamentos sociales, y abarca a los sectores más vulnerables de la población.
La segunda aclaración es que, en estos primeros seis meses de Gobierno, cuando la inflación tuvo un incremento acumulado de alrededor de 110 por ciento, aunque con un incremento bastante mayor en el rubro de alimentos, la tarjeta Alimentar aumentó un 137 por ciento, la asignación universal por hijo (AUH) un 259 por ciento y la ayuda escolar por hijo un 311 por ciento. Esas cifras implican una mejoría del 28 por ciento en relación a diciembre del año pasado, un 33 por ciento respecto a noviembre y un 45 por ciento en comparación con junio de 2023.
En ese mismo lapso la implementación de un nuevo mecanismo de distribución alimentos en los comedores populares, con el fin de prescindir de la participación de los movimientos sociales, ocasionó una cadena de desajustes que desataron un vendaval de quejas y protestas.
En ese escenario corresponde inscribir las advertencias de la Iglesia, y el contenido del informe difundido por Cáritas, la organización que administra la red más importante de comedores populares, que apunta que el 10 por ciento de la población experimenta lo que define como «inseguridad alimentaria severa». Para ubicar estos números, en un contexto más amplio, conviene precisar que la suma de la ayuda estatal a las familias vulnerables alcanza para cubrir solo el 47 por ciento de la llamada «canasta de indigencia».
Un relevamiento, en barrios populares del Gran Buenos Aires, realizado por el Centro de Investigación y Acción Social, el instituto de investigación de la Compañía de Jesús que dirige el sacerdote Rodrigo Zarazaga, consigna que, solamente el 20 por ciento de sus pobladores, vive exclusivamente de los planes sociales. El 80 por ciento restante complementa esa ayuda con ingresos provenientes del trabajo informal, donde la caída de los salarios y el empleo es todavía mucho mayor que el registrado en el sector formal de la economía.
Esta diferencia implica que el incremento presupuestario, en los planes asistenciales, permitió paliar la situación del 20 por ciento de la población vulnerable del conurbano pero, en el 80 por ciento restante, no alcanza a compensar la caída de ingresos derivada de la recesión.
La conclusión es obvia. El modelo asistencialista, dominante en los últimos 20 años, cuyo agotamiento fue la causa estructural del triunfo electoral de Milei, agravó la situación de los sectores que pretendía favorecer. Ninguna política social puede solucionar los problemas derivados del sistema de capitalismo prebendario cuya crisis desembocó en el estancamiento económico que padece la Argentina en los últimos 12 años.
Si este agotamiento del modelo «kirchnerista» originó el ascenso de Milei, sólo el crecimiento económico de largo plazo puede responder, efectivamente, a los desafíos sociales. Pero el largo plazo excede un mandato presidencial. Esto obliga a encarar una reformulación integral del actual sistema de poder orientada a generar una acumulación de poder institucional que no sea el patrimonio exclusivo de un gobierno, que jamás podría alcanzar a conseguirlo por sí solo, sino una plataforma de lanzamiento para recrear la confianza necesaria para construir el futuro de la Argentina.
Ese fue, seguramente, el sentido del llamado formulado el 25 de mayo, en la Catedral, por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuervo, cuando convocó a forjar una «alianza social para la esperanza». Esa confluencia exige un nuevo punto de partida. La Argentina vive un verdadero cambio de época. Nada de lo que venga, después de Milei, podrá parecerse a lo que hubo antes. Pensar lo nuevo exige pensar de nuevo.
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