El Presidente del Superior Tribunal de Justicia aclaró que el órgano sólo interviene en conflictos de poderes. Y recordó que la norma básica es la Constitución provincial. La siempre insuficiente cuestión presupuestaria.
02-TAPA-POLITICA-21El presidente del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, Eduardo Rey Vázquez, luego de aclarar que el órgano que preside «interviene en conflictos de poderes», admitió que llegaron a la esfera del máximo tribunal de la provincia cuestiones planteadas por la defensa del intendente de Mercedes, Diego «Tape» Caram.
En declaraciones a Radio Sudamericana, Rey Vázquez también se refirió al tema del presupuesto del Poder Judicial. En tal sentido apuntó que «por la dinámica de la economía, que es inestable, será necesario un refuerzo de partidas».
Indicó además que, a excepción del Chaco, el Poder Judicial de Corrientes «ha quedado desactualizado respecto de otras provincias del Norte y sobre todo del centro del país».
Rey Vázquez comenzó hablando del caso Mercedes, donde se solicitó la destitución del intendente Diego Caram. Aclaró que «el Superior Tribunal interviene en conflictos de poderes», es decir que todavía no ha llegado la causa. Señaló que «la norma básica provincial es la Constitución» y agregó que «hay cuestiones planteadas al STJ por la defensa del Intendente».
Por otra parte, el Ministro se refirió a la implementación del nuevo Código Procesal Penal en Corrientes. Indicó que se espera este año implementarlo en toda la Provincia, incluyendo la Capital, dado que se están haciendo las reformas necesarias en los edificios para el nuevo sistema de juicios.
El titular del STJ repasó la situación de la Justicia provincial, a pocos días del regreso de la feria judicial, a la que calificó como «tranquila» porque «no hay temas candentes».
Respecto de la situación en Mercedes, cabe recordar que el Concejo Deliberante de esa ciudad pidió que el intendente Caram renuncie por estar procesado en una causa. Lo que debería resolver el Superior Tribunal es la apelación de la defensa del Jefe comunal ante la posibilidad de que se recurra el procesamiento y que «hay que ver la viabilidad del caso».
El magistrado habló de que «las sentencias deben ser claras y bien fundamentadas, sin necesidad de aclaraciones posteriores». Agregó que «a lo sumo, si hay cuestiones dudosas, pueden pedir recurso aclaratorio», pero reconoció que «lo que se trata es de evitar el uso excesivo de términos complejos en la redacción de sentencias». Rey Vázquez manifestó que «hay casos en los que el Juez hace relatos más sencillos para que se puedan entender, pero la sentencia requiere un lenguaje técnico».
«Sería problemático que el juez tenga que explicar demasiado cada decisión que toma, porque implica que no es clara la resolución», dijo. Resaltó que «es necesario un encuentro entre el periodismo, el Poder Judicial y la comunicación judicial para aportar elementos nuevos que no estén en la decisión».
El funcionario comentó que el Poder Judicial cuenta con alrededor de 2.700 empleados en la Provincia y que «es un número más o menos constante, que se va acomodando de acuerdo a las nuevas realidades». Aclaró que, si se crean nuevas dependencias, se contrata personal, pero «las incorporaciones dependen de las vacantes que se requieran porque el Poder Judicial busca crear una base de datos actualizada».
CUESTIONES
DE PESO
El Ministro se refirió a la implementación del nuevo Código Procesal Penal en Corrientes. Indicó que se espera este año implementarlo en toda la Provincia, incluyendo la Capital. «Hay un trabajo muy intenso de la Comisión de Implementación», dijo, agregando que «no es tanto la cantidad de empleados, sino la capacidad de adaptarse a las nuevas funciones que demanda este Código», expresó.
Rey Vázquez expuso que se viene ejecutando el Presupuesto judicial «con normalidad» y que se están «haciendo los esfuerzos para que siga funcionando el Poder Judicial». Apuntó que «por la dinámica de la economía, que es inestable, será necesario un refuerzo de partidas».
En materia salarial para el sector judicial, el Ministro recordó que se abonó un aumento del 10 por ciento en julio y se prevé en septiembre otro incremento similar. No descartó que haya otras medidas similares para fin de año, pero «dependerá del Presupuesto» y resaltó que se creó una Comisión para «analizar el deterioro que sufrió el salario judicial en los últimos años».
Explicó que «la idea de la Comisión es poder prever a futuro una paulatina recuperación de lo que se ha perdido. Lo importante es que tengamos los datos técnicos para incluirlos a futuro», aseguró y agregó que «se están estudiando diversas alternativas».
«La idea es que tengamos un soporte técnico irrefutable de cuál ha sido el deterioro para sostener el pedido del Presupuesto», exclamó, señalando que «se debe garantizar la intangibilidad del salario, que es un derecho constitucional y la independencia».
.