El febrero pasado, en una resolución firmada por la secretaria administrativa del Senado, María Laura Izzo -mano derecha de Victoria Villarruel-, se informó que el prosecretario de Coordinación Operativa de la Cámara alta, Manuel Chavarría, solicitó la baja de unos agentes a partir del 1 de dicho mes.
Según los argumentos de la resolución, la ley que regula al personal del Congreso -24.600- “establece que el personal de la Planta Temporaria, por razones de servicio excepcionales, podrán ejercer transitoriamente funciones técnicas, administrativas, de maestranza y de servicio”.
Ante las reiteradas ausencias sin ningún tipo de justificación en la mencionada prosecretaría y, con el uso de las facultades que le permite la normativa vigente, Izzo dio anuló el estatus de los tres empleados.
No obstante, uno de ellos, J.B., que ingresó en 2014 a la Cámara alta por pedido de la ex senadora rionegrina y actual legisladora provincial, Magdalena Odarda, avaló en agosto de 2021 la pena “de un año y medio de prisión en suspenso” por diversos delitos de amenazas y daños.
Hubo tres víctimas involucradas en el expediente judicial.
Sospechosamente, el fallo agregó dos años de pautas de conducta como “fijar domicilio del que no podrá ausentarse ni mudarse sin dar aviso de ello”; “iniciar un tratamiento psicológico grupal e individual” tendientes “a abordar el consumo problemático de alcohol y drogas, su impulsividad y sus reacciones violentas”; “someterse a una prohibición de acercamiento y contacto en un radio de 300 metros” respecto de las tres víctimas, como así también “respecto de sus domicilios personales y laborales”; y un monitoreo “durante seis meses, del siguiente modo: los cuatro meses iniciales con un dispositivo dual de seguimiento, para continuar luego de evaluar las circunstancias con una tobillera”.
A pesar de todo esto, autoridades de la entonces gestión de Cristina Kirchner obviaron este tema y el involucrado siguió conectado de manera laboral al Senado. El 1 de febrero pasado fue eyectado.
Fuente: Infobae.