Dirigentes de los sectores forestal, arrocero, y ganadero, consultados por EL LIBERTADOR señalaron que desde el campo se seguirá insistiendo al Gobierno de la Nación en que el mejor camino para encauzar la relación de la producción nacional con el mercado internacional es erradicar los derechos a la exportación.
Dirigentes de los tres sectores, los de mayor peso económico en territorio de la provincia, expresaron que este punto debe ser asumido por el Gobierno central como un eje innegociable de la agenda con el agro.
Remarcan que subir el tributo sobre los envíos al exterior distorsiona los precios y dilata el encaje del sistema de producción nacional con el comercio internacional, restando expectativas de inversión en toda la industria.
Recuerdan que se trata de un «proceso político que hace 20 años resta fuerzas» a la producción nacional, y que ha facilitado «la multiplicación de la política distorsiva» en otras áreas de la economía.
«El clima está dando buenos pronósticos, las reservas están llenas, se está produciendo riqueza, esto va a ir mejorando, pero el trabajo de la política no es sólo ordenar la economía pública, también lo es dar impulso a la producción, y esto sólo es posible si también se piensa en que el productor necesita incentivos reales, no la permanencia de recetas que ya han probado su fracaso», señalaron.
Participación activa
El despliegue que el nuevo Gobierno extendió al Congreso nacional junto con el Decreto de Necesidad y Urgencia y la «Ley Ómnibus», es presentado desde La Libertad Avanza como un proceso que implica la participación activa de actores políticos, económicos y sociales diversos.
Lejos de ocultar su agenda, desde la fuerza, en pleno proceso de consolidación dentro y fuera del órgano parlamentario, señalaron a EL LIBERTADOR, que, junto a este debate, el nuevo Gobierno intentará influir en las decisiones que marcarán el rumbo del país «en todo nivel».
Dirigentes libertarios-liberales remarcan que la reforma del Estado nacional se presenta como un objetivo ambicioso que busca modernizar las estructuras gubernamentales y mejorar la eficiencia en la gestión pública.
Subrayan que dado el «dramático escenario social», las discusiones en torno a esta reforma reflejan la necesidad de adaptarse a un contexto político y económico en constante cambio, con la mirada puesta en la inflación y el fortalecimiento del trabajo.
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