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Rey Vázquez consideró que «no hay conflicto de poderes», y que la Corte provincial es incompetente para hacer cumplir la norma constitucional del artículo 224. Dejó en manos de la jueza, Margarita Rivadeira, donde tramita una denuncia por violación del artículo 246 del Código Penal, el tornar operativa la suspensión.