Empresarios del transporte, referentes de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) y autoridades de la Secretaría de Trabajo de la Provincia se reunirán hoy por la mañana en el encuentro conciliatorio para destrabar el conflicto en el transporte público, que el pasado viernes se profundizó con un llamado a paro por tiempo indeterminado por parte del sindicato.
La medida fue encuadrada como ilegal por el área de Trabajo local, ya que estaba asentada la instancia conciliatoria de la fecha, la cual fue desoída por el sindicato de los choferes. Al respecto, no se descarta que el Gobierno tome medidas fuertes -como la intervención al sindicato- si desde UTA se mantiene una actitud beligerante, afectando un servicio que es considerado esencial.
En conversación con EL LIBERTADOR, el secretario de Trabajo, Juan David Rajoy aseguró que en la reunión de hoy se analizarán las presentaciones legales, al tiempo que se tomarán las notificaciones realizadas durante el fin de semana, en lo referente al bloqueo de salida de unidades, agresiones, amedrentamientos a choferes o daños a unidades.
En la víspera se cumplió una nueva jornada de cese de actividades, la cual fue parcial ya que los choferes de una de las empresas que operan en Corrientes no adhirieron a la medida y ofrecieron un servicio de emergencia.
Así, las líneas 101 y 110 de la empresa Turismo Miramar, brindaron durante el fin de semana el servicio en horario reducido de 7 a 20, «por razones de seguridad». Así lo remarcó a este medio el empresario Roberto Báez, ya que se sintieron amenazados por el gremio que lleva adelante la ilegal medida de fuerza.
De esta manera, las empresas prestatarias del servicio emitieron en la víspera un contundente comunicado donde ponen el acento en los modos utilizados por el sindicalismo para avanzar con su plan de lucha: «La medida de fuerza que lleva adelante la UTA va más allá de un reclamo de mejoras salariales, al impedir, obstaculizar y bloquear la salida de las unidades de transporte de pasajeros, mediante acciones violentas y amenazas, han logrado evitar el cumplimiento de los servicios a cargo de las empresas afectadas. No sólo el accionar de la UTA constituye un acto de incumplimiento de la Conciliación Obligatoria, dando lugar a la ilegalidad de la medida dispuesta por la Secretaría de Trabajo de la Provincia, sino implica un acto incurso en una tipificación penal, un delito, en los términos del Artículo 194 del Código Penal, que diera origen a la realización de las denuncias respectivas, sobre las cuales se requiere de un pronto accionar por parte de la autoridades policiales y judiciales ante el grave daño provocado a la comunidad toda y frente a la prosecución de acto delictivo que amenaza con continuar por tiempo indefinido».
En este sentido, agregaron: «Desde las empresas se hicieron todos los esfuerzos posibles para salir a prestar los servicios, en las mismas condiciones de las empresas de transporte de pasajeros del Interior y de la empresa Miramar Estrella UT en el servicio urbano de la ciudad de Corrientes, sin embargo y a pesar de contar con personal dispuesto a trabajar, debidamente certificados y fiscalizados por autoridades de la Secretaría de Trabajo de la Provincia y de la Subsecretaría de Transporte de la Municipalidad de Corrientes, un grupo de activistas bloqueó la salida de las unidades a diferencia de lo ocurrido con el resto de las empresas locales y de toda la provincia a quienes sí la UTA permitió que salgan a trabajar aún sin acuerdos u ofrecimiento alguno vinculado a los reclamos de los trabajadores».
La premisa de un servicio sustentable
En medio del conflicto que se mantiene latente en Corrientes, los empresarios nucleados en la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (Fatap) reiteraron al Gobierno nacional los ítems para tener un transporte público sustentable en el Interior del país. A continuación, las condiciones:
1) El sistema de transporte público del Interior se encuentra en una crisis económica y financiera que no admite indefiniciones en ningún aspecto. Es imprescindible generar de modo muy urgente un marco legal y económico previsible, sostenible y duradero.
2) No existe capacidad empresaria para absorber ningún costo operativo adicional, antes bien, se requieren imperiosamente aportes que permitan la recuperación del capital perdido.
3) Los recursos deben ser generados en el momento en que el usuario consume el servicio, ya que las empresas del sistema han perdido el crédito comercial con sus proveedores, y las obligaciones asumidas a causa de la crisis generada por sus concedentes no pueden seguir agravándose a las tasas actuales.
4) Se necesita, de modo inmediato, un plan de financiamiento a largo plazo de las obligaciones devengadas, impositivas y de adquisición de capital de trabajo e infraestructura, con cargo de los intereses a los responsables del sistema de transporte.
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