Una de las enseñanzas de Sun Tzu en El Arte de la Guerra es que «nunca hay que librar batallas perdidas». En política, como en todos los órdenes, lo que vale son los resultados. Es lo que queda al final. Se gana o se pierde. Esta pelea abierta por el Gobierno contra el más alto Tribunal de la Nación está condenada al fracaso. Y vale aquello de que se puede hacer cualquier cosa menos dejar de pagar las consecuencias, algo que vale para esto como en todos los órdenes. La Corte Suprema es un tribunal de cinco jueces, que -con la salida ignominiosa de Elena Highton hace ya tiempo- quedó temporariamente con sólo cuatro, tres de los cuales son de origen peronista, hombres de la política, con oficio y cintura, a los cuales un juicio político difícilmente los conmueva. En esta oportunidad, el oficialismo logró algo que en la anterior embestida contra el juez Carlos Fayt no pudo, que es el dictamen de la comisión que habilita el inicio del procedimiento. El doctor Fayt, en su momento, se plantó. No sólo logró abroquelar al resto de los ministros de la Corte en su defensa, sino recogió la solidaridad de las expresiones más representativas de la vida nacional, comenzando por el mundo académico y tribunalicio, que reconoció los kilates de ese hombre, también político, de origen socialista, que, como pocos, manejaba la fina ironía y se prestaba a la requisitoria periodística siempre ávida de sus sutiles opiniones. De hecho, fue el juez de la Corte, junto a Enrique Petracchi, que mayor tiempo estuvo en funciones (32 años), y el Ministro de mayor edad al momento de su retiro (97 años).
En esa oportunidad, la embestida no tuvo el efecto esperado. No se logró número siquiera en la Comisión. Y el legendario Juez, al que se lo llamaba «el maestro», término que en el mundo del fútbol supo tener Amadeo Raúl Carrizo, el legendario arquero de River, que también se retiró con todos los honores, pasados los 42 años.
Con la decisión de ayer de la Comisión de Juicio Político comienza un proceso que los correntinos conocen bien. En el 99, en pocos meses, se llevó a juicio político no sólo a un Gobernador y Vice, sino además a dos ministros del Poder Ejecutivo provincial, a tres de los cinco jueces de la Corte correntina, y a catorce jueces de primera y segunda instancia, todos los cuales fueron suspendidos al lograr los dos tercios en la Cámara de Diputados.
En el caso de este juicio político, promovido a los supremos jueces de la Nación, está claro que es una iniciativa destinada al fracaso.
No existe ninguna posibilidad de que ninguno de los cuatro ministros de la Corte sea removido, simplemente porque se está lejos del número necesario que la Constitución determina.
El efecto que se logre quizás sea el contrario al buscado. Jueces que tienen sus internas, algunas de vieja data, han cerrado filas. Se han abroquelado con el acompañamiento de jueces de instancias inferiores que, salvo excepciones, hacen valer el peso de lo que es, en definitiva, una corporación cerrada.
La ofensiva política del oficialismo deja mucha tela para cortar. No pocos son los que creen que es una mala praxis que terminará jugando en contra. La gente evalúa, al final, si se logró o no el objetivo. En términos de poder, la victimización o el presunto costo político sólo lo evalúan círculos muy selectos de opinión que no se proyectan al gran público, donde lo que queda es si se ganó o se perdió la batalla.
En el medio, el efecto que tiene la ofensiva en el mundo exterior, como en el empresarial, donde se habla de la seguridad jurídica; así como en el tribunalicio y académico, para el que queda claro que los jueces no pueden ser juzgados por el contenido de sus sentencias ni por los criterios que aplica.
Los actuales jueces, con excepción del doctor Maqueda, que dejará la Corte para la Navidad de 2024, sobrevivirán a este Gobierno y al que le sigue. Algunos, como el doctor Rosatti recién se irán en 2031. Todos saben que, para este juicio político, más allá de lo que se diga y se haga en su sustanciación, la suerte está echada. No hay número para la destitución de ninguno de ellos.
Este medio, en la tapa del día siguiente de la derrota del Gobierno en las elecciones pasadas, dijo el 15 de noviembre de 2021: «Más que mirar lo que de aquí en más haga Cristina hay que mirar lo que haga la Corte Suprema». Y se anticipó un par de decisiones de alto impacto que se conocieron tiempo después. La primera de ellas, un mes después al determinar que el Consejo de la Magistratura debía volver a ser de 20 miembros y ser presidido por el titular de la Corte.
Algo está claro. La Corte tiene la última palabra. Es «el as de espada», como que ejerce el control de constitucionalidad y, en definitiva, las leyes son los que los jueces dicen que son.
Ir contra los miembros de la Corte, sin número, es una jugada de alto riesgo en la que es difícil apreciar en la relación costo-beneficio cuál es la estrategia que se sigue. El tiempo dirá. En la última oportunidad, Fayt se dio el gusto de dejar la Corte cuando quiso, poniéndole fecha a su renuncia varios meses antes. Decidió irse al día siguiente del cambio de Gobierno, con un mensaje claro de que los tiempos los manejan los que tienen el poder real.
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