Alentadoras expresiones en torno a una causa que hace mucho ruido y donde, más allá de la espectacularidad de las acciones desarrolladas, lo importante es que se revierta la titularidad de los bienes mal transferidos y que se determinen responsabilidades, en el marco de una investigación objetiva que respete las normas del debido proceso, y las garantías constitucionales. El mandatario provincial se refirió al escándalo de las últimas semanas, que implicó una sucesión de detenciones y allanamientos. Con una gestora que, desde las sombras, dosifica información a parte de la prensa que se ocupa de darle espectacularidad a un hecho que demanda mesura y responsabilidad para el buen abordaje procedimental de la Justicia. Este último detalle, por ahora desatendido por quienes llevan adelante las diligencias y que han colocado a Corrientes en los primeros planos de la escena nacional y no de la mejor forma.
20-CONTRATAPA-19El gobernador, Gustavo Valdés tomó la palabra en una entrevista con LT7. Se refirió a muchos de los temas latentes en la agenda provincial y nacional que involucran a Corrientes. Uno de ellos, tal vez el más resonante y polémico: la causa terrenos.
«Acá no hay impunidad. Tienen que ir presos los culpables», expresó el mandatario provincial, mostrando una tesitura tajante en un caso que salpica a parte de su gestión y a las anteriores, por lo que, desde algunos sectores, se considera un sistema pergeñado para fraguar documentación y quedarse con predios en distintas localidades de la provincia.
Se debe recordar que la investigación comenzó a ofrecer los capítulos más rimbombantes a principios de año. Y en las últimas semanas adquirió una espectacularidad llamativa, cuanto menos reveladora de intereses políticos que estarían incidiendo en el procedimiento. Las detenciones de directivos y personas ligadas a las actividades del Registro de la Propiedad y de Catastro reflejó una de estas aristas. Se apresó a gente que siquiera tuvo la oportunidad, correspondiente por derecho, de la indagatoria e imputación previa. Un tema no menor como que llamó a la preocupación del Consejo Federal de Registros de la Propiedad que nuclea a las 24 provincias y cuya titularidad ejerce la Directora del Registro de Corrientes, Eugenia Demetrio, por la cual se interesaron de manera particular sus pares de todo el país.
Estos entre otros vericuetos burocráticos evidencian que hay un mar de fondo que apunta más allá de las oficinas mencionadas.
Hasta el momento, hay más de 15 funcionarios y profesionales detenidos por una presunta estafa. Y desde el Gobierno pidieron a la Justicia provincial ser querellantes en la causa, una decisión importante que mostraría la voluntad política oficial de ir a fondo.
El propio Gobernador se encargó de aclarar que desde la Provincia «no se esconden ni buscan impunidad». Y dijo que «la Justicia tiene que ir hasta las últimas consecuencias en la causa».
Afirmó que, por el momento, no intervendrán ni Catastro, ni el Registro de la Propiedad Inmueble, señalando que ambas oficinas quedaron bajo la supervisión directa del Ministerio de Hacienda, que las tiene a cargo, que dirige el ministro, Marcelo Rivas Piasentini.
La posible intervención es algo que también generó polémica en el Consejo Federal, en cuyo ámbito hay precedentes claros y reiterativos de la responsabilidad objetiva que les cabe a los directores en multiplicidad de hechos sucedidos en distintas jurisdicciones, donde la obligación del titular del organismo como funcionario público es la de abrir la investigación.
En el caso de Corrientes hay ya un precedente, dado en un fallo del Superior Tribunal de Justicia, al que correspondió intervenir por el desplazamiento que sufrió la propia escribana Demetrio en el marco del gobierno de la coalición en el 99. Fue a mérito del mismo que fue repuesta en el cargo, años después, ya en el gobierno radical.
Todo en su medida y armoniosamente
Más allá de la importancia de la decisión política del Poder Ejecutivo, en el sentido de transparentar lo sucedido en los organismos públicos que pertenecen al ámbito del Ministerio de Hacienda, algunas cuestiones deben señalarse. Podría decirse que hacen a las formas que son fundamentales en el examen de la legalidad de los actos.
Por un lado, el reproche a cómo se desarrollaron las acciones, con una espectacularidad digna de mejor causa. Allanamientos con armas largas, en oficinas públicas donde se generó una situación de zozobra innecesaria para el cumplimiento de los fines. La propia detención, sin imputación previa ni llamado a indagatoria, no pareció lo más prolijo, más tratándose de quien fue la denunciante que abrió la investigación y que, por la responsabilidad que tiene en un organismo de la importancia superlativa del Consejo Federal, hizo que todas las jurisdicciones del país pongan su mirada en una Provincia que suele ser noticia y no de la mejor forma.
El Director del Registro de la Provincia de Buenos Aires, escribano Albiuso, secretario del Consejo expresó su preocupación y habló del destrato para con una profesional de prestigio y trayectoria. Toda una definición de la importancia con la que se sigue el hecho, a lo cual se suma la demora en el trámite de excarcelación, estando claro que uno de los principios que rigen el proceso penal es el de respetar el derecho de inocencia que determina que los imputados deben aguardar en libertad, supeditados a la causa, el juicio oral y público que es la oportunidad en la que las partes brindan al tribunal sus argumentos con pruebas para llegar a un veredicto.
Al cierre de esta edición pudo saberse que la escribana Demetrio había solicitado la ampliación de su declaración indagatoria para pedir que se le formularan todas las preguntas que tanto el Fiscal como la Jueza consideren útiles para despejar dudas y allanar su sobreseimiento al momento de resolver su situación procesal.
Los doctores Nelson Pessoa y Trossero la asistían en el acto, mientras aguardaban una decisión inminente del Tribunal que haga efectiva su libertad supeditada a las ulterioridades de la causa.
«Tienen que ir presos pagar los culpables»
«Vamos a ver con claridad cómo es la maniobra, qué es lo que tenemos que hacer y poner a personas responsables», dijo el Gobernador.
«Acá no hay impunidad, acá tienen que ir presos y tienen que pagar los culpables. La Justicia tiene que actuar», remarcó.
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