En medio de la disputa entre la Casa Rosada y las provincias, los gobernadores «dialoguistas», entre los que se encuentran Gustavo Valdés, pidieron al Gobierno de Javier Milei que permita el debate sobre el Presupuesto Nacional 2025. En un comunicado, los mandatarios expresaron que «los argentinos no quieren regresar al pasado» y enfatizaron la importancia de la sanción de la ley de leyes para consolidar la confianza de los mercados y avanzar en la lucha contra la inflación.
Los gobernadores también criticaron las asimetrías en la distribución de recursos y recordaron que «no pedimos discrecionalidad, sino respeto, diálogo y cumplimiento de la ley». Entre los puntos que solicitan al Gobierno se encuentran la compensación del Consenso Fiscal, el financiamiento de las cajas previsionales no transferidas y una redistribución más clara de los fondos recaudados por el impuesto a los combustibles.
El Gobierno, por su parte, insiste en sostener el dictamen tal como lo envió Milei al parlamento, con un eje en el déficit cero. Ante los reclamos de las provincias, responden con una pregunta fija: «¿De dónde vamos a sacar los recursos que piden para determinada partida?». La oposición dialoguista presiona para habilitar el debate, con solo tres días para que finalice el período de sesiones ordinarias del Congreso.
Mauricio Macri también se sumó a la presión de los mandatarios, expresando su acuerdo con exigir a la Casa Rosada los puntos de la ley de leyes en favor de los distritos amarillos y de provincias aliadas. Sin el respaldo de los mandatarios y los bloques amigos en el Congreso, Milei no tiene número para aprobar su proyecto de ley.
El Gobierno busca quebrar la concertación de los «dialoguistas» y avanza en un diálogo uno a uno que facilite una negociación bilateral. La estrategia del oficialismo es evitar una presión conjunta que pueda desgajar el Presupuesto tal como lo diseño el Presidente y su equipo económico.
Además de Valdés, los gobernadores que firmaron el comunicado son Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Nacho Torres (Chubut), Jorge Macri (CABA), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco ), Marcelo Orrego (San Juan), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), y Claudio Poggi (San Luis).
En el comunicado, los líderes provinciales expresaron que «la mayoría de los argentinos no quiere regresar al pasado», y que asumen su responsabilidad y compromiso para seguir acompañando en este camino. También destacaron que han hecho un «fuerte ajuste fiscal» en sus distritos y que merece ser destacada ya que no hay antecedentes en la historia reciente donde el gobierno nacional y gran parte de los gobiernos provinciales avanzan en la misma dirección por convicción.
Los cuatro puntos que piden los mandatarios:
1. Compensación del Consenso Fiscal. Desde el primer trimestre del 2023 y durante todo el 2024, el gobierno nacional ha actualizado las transferencias de la compensación en un porcentaje inferior al determinado por ley, generando una deuda para las jurisdicciones beneficiarias que se incrementa mes a mes.
2. Cajas de Jubilaciones no transferidas. Las provincias que conservan sus cajas previsionales aportan recursos a la ANSES, pero el gobierno nacional ha incumplido con la normativa que lo obliga a financiar las cajas deficitarias. Esto genera una situación de inequidad fiscal entre las distintas provincias, afectando los sistemas previsionales, y generando un fuerte pasivo para los Tesoros Provinciales.
3. Impuesto a los Combustibles Líquidos. El gobierno nacional recauda un impuesto coparticipable que tiene una serie de asignaciones específicas para destinos que han sido discontinuados (subsidios al transporte urbano) o cuya ejecución es poco clara. En este marco, dichas asignaciones específicas deberían eliminarse para que se ejecuten en obras prioritarias de infraestructura o en subsidios provinciales al transporte público de pasajeros.
4. Reducción del aporte de la coparticipación a la AFIP. Con la eliminación de los cargos jerárquicos de la AFIP, solicitamos al gobierno nacional que se reduzca el aporte que realizan las provincias con sus recursos a los salarios y financiamiento de esa mega estructura ahora disuelta. Salvo a las provincias que no hayan convenido tal deducción o cuenten con fallo favorable.